En manos de la Corte, la decisión de que se reinyecten aguas residuales al acuífero

Divide a ministros controversia sobre norma ambiental del agua

Juan Díaz Romero propone que el recurso sea manejado exclusivamente por la Federación

El DF sí tiene competencia para legislar sobre la materia, señala Genaro Góngora Pimentel

JESUS ARANDA

La Suprema Corte tiene en sus manos la posibilidad de que la ciudad de México reinyecte aguas residuales con niveles de calidad aceptables, lo que adquiere mayor importancia si se toma en cuenta que el Distrito Federal tiene un déficit en aguas subterráneas de 969 millones 556 mil 526 metros cúbicos del líquido.

En este sentido, el gobierno capitalino considera que el que la Corte declare la constitucionalidad de la "Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-003-AGUA-2002 constituye "una necesidad imperiosa para recargar sus acuíferos, así como los de la zona metropolitana del valle de México".

La decisión sobre este tema, considerado por ministros del máximo tribunal como fundamental para la reglamentación del uso del agua entre las entidades y la Federación, será resuelta a partir de este martes por la Corte cuando analice la controversia constitucional 57/2004 interpuesta por el Presidente de la República en contra del Distrito Federal por la aprobación de la Norma Ambiental que establece las condiciones requisitos para la recarga en la ciudad de México por inyección directa de agua residual tratada al acuífero de la zona metropolitana.

En este sentido, la discusión sobre esta controversia se centrará en establecer si el aprovechamiento del agua se debe analizar como un asunto de competencia federal y, por tanto, si la norma impugnada invade la esfera del Ejecutivo federal; o bien, si la recarga de agua residual debe analizarse desde una perspectiva de protección al medio ambiente y restauración del equilibrio ecológico, en cuyo caso la citada reglamentación sería válida.

Lo anterior, con la salvedad de que la Comisión Nacional del Agua otorgue el permiso correspondiente, tomando en cuenta que las autoridades capitalinas cumplen "con exceso" las normas federales sobre la recarga de acuíferos subterráneos con agua tratada.

Al respecto, fuentes judiciales consultadas explicaron que es "práctica común" en países desarrollo realizar esas recargas de acuíferos y que, en dado caso, sería peor que se continuaran vertiendo aguas sin tratamiento en el Distrito Federal, porque hasta la fecha el gobierno del presidente Vicente Fox no ha emitido ninguna norma que regule dicha posibilidad.

En este asunto, el ministro instructor Juan Díaz Romero propone darle la razón al gobierno federal por considerar que el aprovechamiento de agua es de su competencia.

Al tiempo que el ministro Genaro Góngora Pimentel circuló un proyecto alterno en el que plantea que la norma ambiental que permite al gobierno capitalino inyectar agua residual es de carácter "concurrente", es decir, que el Distrito Federal sí tiene competencia para legislar en la materia y, por tanto, tiene la razón.

Sobre este punto plantea en su documento que "aumentar o mantener el volumen de agua de un acuífero constituye una acción "eminentemente ambiental" y, por tanto, tienen "concurrencia" en el tema las autoridades estatales y federales.

"Una cuestión tan delicada como el cuidado del ambiente no puede pertenecer en exclusiva a la Federación, puesto que es algo que rebasa la esfera federal, porque el manejo del ambiente requiere de una política estatal que se estructure en coordinación con los tres niveles de gobierno", Inclusive, añade el escrito, "puede afirmarse que los recursos naturales son de interés primordial no sólo para los habitantes de nuestro país, sino para toda la humanidad.

El ministro subraya que según la autoridad capitalina, la norma impugnada tiene como propósito la protección del acuífero de la ciudad de México, "contribuyendo con la reutilización y el cuidado de la calidad del agua residual que se utilice para recargar el acuífero, no sólo para resolver una problemática local y temporal de desabastecimiento de agua, sino también con el fin de conservar los recursos existentes para generaciones futuras".

El argumento

Para fundamentar su razonamiento, Góngora subraya que la Constitución ha adquirido nuevas dimensiones, ya que no sólo pretende evitar la contaminación y reducir los contaminantes, sino esencialmente preservar los recursos naturales y evitar que se agoten, tanto por su aprovechamiento racional como por la recuperación del recurso.

En este sentido, destaca también que el Distrito Federal no solo está facultado, sino obligado, a emitir normas que protejan el medio ambiente.

Por otra parte, indica que la regulación de los requisitos ambientales de calidad de las aguas residuales que se infiltren en el acuífero es de la Federación y lo estados. Y en este caso, el proyecto de Góngora establece; "será requisito que la regulación que establezcan las entidades federativas para inyectar aguas residuales "supere las exigencias ambientales previstas a nivel federal". Aspecto que, por cierto, cumple la normatividad capitalina.

En la Corte se conocen únicamente las posturas sobre este tema de dos ministros: Díaz Romero, quien se inclina por darle la razón a la Federación, y Góngora Pimentel, quien opina en sentido opuesto. La discusión se iniciará este martes, si antes se desahogan los asuntos que dejó pendiente el pleno para la sesión de hoy.