Permitiría violar derechos en aras de un equivocado concepto de protección, señalan
Rechazan ONG proyecto de reglamento de la Ley de Seguridad Nacional
Demandan que el Poder Ejecutivo lo revise de manera "responsable y exhaustiva"
El reglamento de la Ley de Seguridad Nacional podría convertirse en una "patente de corso" que permitiría al Cisen violar los derechos humanos en aras de un concepto de seguridad nacional que se aleja de lo que se considera un estado democrático de derecho.
Advirtieron lo anterior organizaciones no gubernamentales (ONG) ante la posible publicación en el Diario Oficial de la Federación del reglamento antes mencionado, dado a conocer por La Jornada, y convocaron al Poder Ejecutivo federal a revisar de manera "coherente, responsable y exhaustiva el proyecto", para que se ajuste a la normatividad vigente, limite la actuación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) a sus funciones específicas, incluya medios de control y rendición de cuentas de los órganos de inteligencia y considere "la multiculturalidad del país y las diversas formas de expresión y manifestación social y política".
Ello porque la seguridad nacional es un tema importante que debe ser debidamente regulado y no debe servir de pretexto para violar las garantías individuales.
En caso de aprobarse el documento bajo los términos publicados, añadieron, se violentarían también los derechos a la libertad de expresión y la seguridad jurídica, así como de manera indirecta las libertades de asociación e información.
Indicaron que el reglamento da luz verde al seguimiento, vigilancia, intervención de comunicaciones privadas y realización de evaluaciones sicológicas y poligráficas a funcionarios públicos sin contar con autorización judicial, porque otorga al Cisen facultades que van más allá de lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional y prevé atribuciones que son de competencia exclusiva del Ministerio Público.
Ante esa situación las ONG firmantes, entre ellas Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro Nacional de Comunicación Social y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, agregaron que, además de que el citado ordenamiento es inconstitucional, va en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos.