¿Estado policiaco?
En Estados Unidos las funciones de la FBI y las de la CIA están separadas. La CIA cumple funciones de espionaje, sí, pero formalmente sólo presenta informes al gobierno para la toma de decisiones; es decir, no actúa como policía (legalmente) para aplicar la ley. De esto se encarga la FBI. Sabidos son los excesos de ambos organismos, en su propio país y en el extranjero, a lo largo de su negra historia, sobre todo de la agencia.
En México, según el reglamento de seguridad nacional del que nos ha informado La Jornada (7/11/05), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) tiene atribuciones semejantes a las de la CIA y a las de la FBI del país vecino, pero en un solo organismo; esto es, con mayor discrecionalidad para actuar. Sólo la presión de Estados Unidos sobre México y una vocación fascista de funcionarios del gobierno de nuestro país explica un conjunto de instituciones coordinadas para espiar a empleados públicos y a ciudadanos comunes, tanto nacionales como extranjeros, al margen y por encima de sus derechos individuales.
Siempre hemos sido espiados, cuando así ha convenido a funcionarios de la Secretaría de Gobernación y del Ministerio Público Federal o estatal. La aplicación de polígrafos (detectores de mentiras) no es nueva, se ha llevado a cabo en varias secretarías de Estado desde los primeros meses del gobierno de Fox, por lo menos al personal de confianza. Pero lo que ahora se propone es diferente.
Se dice, explícitamente, que es para resguardar la seguridad nacional, de cualquier amenaza, interna o externa, lo cual es normal en cualquier país. Pero, además, y esto es lo delicado, se señala que la intención es neutralizar los intereses adversos al "proyecto nacional" (cualquier cosa que se entienda por esto) y actividades adversas al sistema (lo que esto quiera decir). (Con estos argumentos acaban de ser sentenciados cuatro militantes sociales en Uruguay, acusados de sedición por sus posiciones ideológicas y por haberlas expresado en "forma tumultuosa" en contra del capitalismo, del Area de Libre Comercio de las Américas y de Bush.)
Si así está redactado el reglamento, contraviene no sólo el artículo 39 constitucional sino su espíritu jurídico. Los mexicanos, de acuerdo con este artículo, tenemos el derecho inalienable de alterar o modificar la forma de nuestro gobierno. ¿Cómo lo vamos a hacer si la mal llamada inteligencia de seguridad nacional está en contra de que ataquemos "el sistema" y el "proyecto nacional"? Alguna vez critiqué la legislación cubana porque establece que nadie puede, sin pena, criticar el "sistema socialista" de ese país, y dije que si así lo establecieran nuestras leyes yo estaría en la cárcel, pues muchas veces he criticado el capitalismo en México, como sistema económico, y me he pronunciado en favor del socialismo. Ahora, según interpreto, ya tenemos un reglamento que no sólo contraviene el artículo 39 mencionado, sino todos los otros artículos referidos a las libertades de expresión, asociación, etcétera, que siguen vigentes en nuestro texto constitucional y leyes reglamentarias.
En el pasado fue una vergüenza nacional que existieran en el Código Penal Federal artículos referidos al delito de disolución social (los artículos 145 y 145 bis). Habían dejado de existir, mas ahora han sido sustituidos por un reglamento de una ley, y los encargados de aplicarlo -visibles, clandestinos o infiltrados- podrán hacer de las suyas en contra de cualquier ciudadano hasta que éste demuestre su inocencia. Aquí se corrompe otro principio de aceptación universal: todo mundo es inocente hasta que se compruebe su culpabilidad.
Para colmo, quieren convertir en cómplices a organismos o empresas privados, como la ley de protección de los no fumadores que ha querido convertir en policías o cómplices a los dueños de restaurantes, bares y demás lugares adonde concurre la población libremente. Las empresas relacionadas con las conversaciones privadas de los ciudadanos, sean por teléfono, correspondencia postal, Internet y otras que existen o existirán, podrán intervenir o facilitar la intervención para registrar lo que se hable con un amigo o un familiar, o de lo que se comente con alguien por vía electrónica. Se acabó la vida privada y nuestro derecho a expresarnos con libertad.
Ahora no podremos criticar al sistema ni a lo que un policía semianalfabeto investido de enorme poder interprete como seguridad nacional o salvaguarda de las instituciones. No importa si las instituciones, como el Cisen o lo que de este centro se derive, se equivocan, violan nuestros derechos ciudadanos y nuestras libertades. Si las criticamos, nos cae encima la policía, y lo que siga después.
Cuando alguien, no recuerdo quién, dijo que en México se estaba preparando un endurecimiento autoritario no sólo contra los empleados públicos sino contra el ciudadano común, solo u organizado, yo pensé que era una exageración y hasta creo haber escrito que el gobierno de Fox tenía muchos defectos pero no el de no respetar las libertades consagradas en la Constitución y en el concepto moderno de democracia. Me equivoqué. Según el texto que publicó La Jornada, y que aparecerá pronto en el Diario Oficial de la Federación si no lo detenemos, estamos en vías de entrar en un régimen autoritario, quizá más que el del pasado, y esto, si bien lo han aceptado muchos estadunidenses contentos con Bush, no creo que sea digno de elogio alguno ni de aceptación sumisa de los mexicanos. Desde este gobierno de ultraderecha se quiere convertir nuestra democracia, ganada con muchos años de luchas, en un Estado policiaco de inspiración fascista. ¿Será?