Busca el gobierno revivir grupos como la Brigada Blanca

Exhibe "autoritarismo" el proyecto de seguridad: ONG

Se oponen a que el Cisen tenga facultades de policía política

VICTOR BALLINAS

La Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Liga Mexicana de Derechos Humanos aseveraron que el proyecto de reglamento de la Ley de Seguridad Nacional, que estaría por ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, "muestra el autoritarismo e intolerancia del presidente Vicente Fox", además de que representa "un intento por retornar al pasado".

La publicación que hizo La Jornada sobre ese proyecto "es una alerta y llama a poner atención a dicho reglamento, pues es violatorio de los derechos humanos, de los pactos y convenios internacionales firmados por el gobierno federal en la materia, y muestra las tentaciones autoritarias de este gobierno", sostienen las organizaciones no gubernamentales (ONG).

Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, considera que "hay una analogía del gobierno de Fox con el de Estados Unidos, donde en la lucha contra el terrorismo quiere justificar todo, hasta la tortura", y en México se quiere avalar todo en aras de la seguridad, sin que por ello se niegue que la inseguridad es un problema.

Cortez agregó: "Aunado a este reglamento sabemos de un intento para elaborar una ley que regule la suspensión de garantías individuales, y se ha hablado de que podría elaborarse frente a la problemática de inconformidad social".

Es innegable que es una facultad exclusiva del Ejecutivo elaborar el reglamento, expuso, pero ello no se contrapone con que se realice una consulta a los legisladores de las comisiones que elaboraron la Ley de Seguridad Nacional.

Para el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, David Velazco, el hecho de que el gobierno haya elaborado el proyecto de reglamento del que La Jornada dio cuenta "indica que hay signos de que las autoridades quieren retornar a los peores tiempos de las corporaciones policiacas, como la Brigada Blanca".

Es muy grave, añadió Velazco, que se autorice el espionaje y que sea un juez el que avale que los ministros de la Suprema Corte decidan cuáles son los casos en los que va a proceder esa figura, "lo que significa darles un poder discrecional".

Las ONG, agregó, están reaccionando tarde ante la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, que entró en vigor a principios de año, y ahora lo que deben hacer es conocer con mayor detalle su reglamento, "porque lo que se ha publicado es una advertencia y un peligro para los sindicatos, las organizaciones civiles, de campesinos, partidos y para la sociedad en general, lo que es muy grave".

Sin lugar a dudas el proyecto de reglamento muestra el lado autoritario de este gobierno, que se dice demócrata; es una visión contraria y arbitraria, que viola los derechos humanos, y si se empecina en publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, las ONG "darán la batalla legal para suprimirlo", advirtió Velazco.

Tal parece, añadió, que el gobierno de Fox intenta legalizar lo prohibido y quiere convertir al Centro de Investigación y Seguridad Nacional en una policía política con amplias facultades, como las que hubo en el pasado.

Adrián Fernández, director de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, destacó por su parte: "El proyecto significa un regreso al pasado; parece que Fox está volviendo a las leyes regresivas con fachadas novedosas. Si insisten en publicar ese reglamento, sería regresar a los viejos métodos que combatió Adolfo Aguilar Zinser".

Expuso que el uso del polígrafo es una medida intimidatoria y una invasión a la intimidad, además de que intervenir las llamadas telefónicas es una violación al artículo 16 constitucional y a los pactos y convenios internacionales.

Los tres dirigentes de las ONG coincidieron en que si ese reglamento se publica lo combatirán, primero recurriendo al Congreso, para que interponga una controversia constitucional, pero también irán a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.