Borrar irregularidades en el organismo creado por Gil Díaz y Creel Miranda, el objetivo
Desaparecerán empresa que opera con recursos del erario en aduanas
El SAT niega a la Auditoría Superior de la Federación toda información sobre ISOSA
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Camioneros esperan la revisi�e sus unidades en la Aduana de Ciudad Ju�z, Chihuahua FOTO La Jornada
Foto: La Jornada
Dentro de las aduanas han comenzado los trabajos con miras que la empresa Integradora de Servicios Operativos SA de CV (ISOSA), a la que se han destinado más de 9 mil 200 millones de pesos del cobro de derechos aduaneros para su sostenimiento, sin enterarlos al erario, quede liquidada "a más tardar a mediados de 2006", revelaron fuentes cercanas a la Administración General de Aduanas, quienes solicitaron el anonimato.
Esta empresa, que opera con recursos públicos en el fideicomiso Aduanas 1, número 954-8, instituido en Nacional Financiera, fue creada el 15 de junio de 1993 por el entonces subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y con la asesoría del abogado Santiago Creel Miranda, del despacho Noriega y Escobedo.
Sistema mata mordida
Las fuentes revelaron que "el contrabando ya no funciona de manera operativa, o sea que el vista aduanal ya no pide dinero para hacerse de la vista gorda, porque el sistema de control es muy moderno. Pero basta con que alguien dé una autorización para que todo el sistema se haga a un lado".
Explicaron que ISOSA es una empresa que funciona con recursos públicos, y está "especializada en procesamiento electrónico de datos, equipos, soporte técnico, sistemas de apoyo y control de despacho aduanero", en la que laboran unas mil 400 personas en las 48 aduanas del país.
La operación de esta empresa ha sido abiertamente impugnada durante este gobierno en tres ocasiones consecutivas, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2001, 2002 y 2003 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, al encontrar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no entera a la Tesorería de la Federación ingresos por Derecho de Trámite Aduanero. Esos recursos, presumiblemente, han sido destinados a ISOSA.
La primera ocasión en que la ASF hizo notar irregularidades en la operación de ISOSA ocurrió al segundo año de este gobierno con motivo del informe de resultados de la Cuenta Pública de 2001, en el cual la ASF describió la irregular operación de esta empresa, alimentada con recursos públicos provenientes del cobro por derecho de trámite aduanero suministrados al fideicomiso Aduanas 1, confirmaron las fuentes.
Según el informe de la ASF, en 2001 no se entregaron a la Tesorería de la Federación 4 mil 561.1 millones de pesos de los derechos aduaneros.
En el informe de resultados de la Cuenta Pública 2002, ocurrido en 2003, la Auditoría Superior señaló, en el capítulo de auditorías de regularidad correspondiente a la Secretaría de Hacienda, que el Sistema de Administración Tributaria dejó de enterar sobre 2 mil 200 millones de pesos más a la Tesorería por concepto de los derechos de trámite aduanero, "en infracción a la Ley de Ingresos del año 2002, y de la Ley de Servicio de Tesorería de la Federación, lo que dio lugar a un pliego de observaciones".
En este mismo informe, la ASF advirtió que ISOSA presenta características de una empresa de participación estatal mayoritaria, debido a que fue creada por Nacional Financiera, la cual detenta 99 por ciento de las acciones de dicha sociedad y, por lo mismo, el control absoluto sobre su administración. También informó de la negativa de Nacional Financiera a proporcionar la información solicitada sobre esta empresa con el argumento de que al atender tal petición "se violaría el secreto fiduciario"; en tanto que el SAT también se rehusó a informar a la ASF por qué la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "fungió en esas operaciones como gestor de negocios de las instancias que efectúan operaciones aduaneras y que son los fideicomitantes de Aduanas I".
En el informe de la Cuenta Pública 2003, dado a conocer en abril de 2005, la Auditoría Superior de la Federación señala que en la verificación de los ingresos por Derecho de Trámite Aduanero (DTA), nuevamente "se omitió el entero a la Tesorería de la Federación de 2 mil 585 millones 973 mil 700 pesos de ingresos generados por el DTA, habiéndose destinado al Fideicomiso Aduanas 1 954-8 para el pago de la contraprestación por los servicios de procesamiento electrónico de datos y de apoyo y control del despacho aduanero".
La ASF encontró también que el SAT "incumplió la cláusula tercera de los convenios modificatorios al contrato de Adunas I, en la que se establece que la fiduciaria (Nacional Financiera) debe recibir de la Tesorería de la Federación las cantidades que le sean entregadas por concepto de las contraprestaciones mencionadas".
El documento de la Auditoría Superior parece contundente en el cúmulo de irregularidades detectadas en la prestación de servicios por empresas privadas en las aduanas, y el extraño desvío de recursos públicos a éstas.
Señala que "12 empresas que prestan los servicios de apoyo y control del despacho aduanero al SAT se contrataron para realizar 19 servicios, pero con las modificaciones a los cuatro addendums, quedaron sólo 12 de ellos.
Millonarios pagos por cuatro servicios
"Como resultado de la compulsa (comparación con fines de que coincidan uno o más documentos) con la empresa SGC Servicios Logísticos Aduaneros, se determinó que ésta sólo prestó cuatro servicios de los estipulados, habiéndosele pagado 29 millones 926 mil 600 pesos, correspondiente a 665 mil 681 pedimentos tramitados en las aduanas de Tijuana, San Luis Río Colorado y Ensenada, sin considerar que dichos servicios habían disminuido".
La ASF reportó que las empresas Consorcio de Comercio Exterior de Nuevo Laredo y Consorcio de Comercio Exterior de Guadalajara, "no entregaron la información solicitada bajo el argumento de que las contraprestaciones que reciben no constituyen recursos públicos, ya que corren a cargo de los particulares beneficiarios de los servicios prestados".
Pero resulta curioso que con razones similares el SAT, un organismo público desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, haya hecho lo mismo que las empresas privadas. "El SAT no proporcionó a la ASF la información del Fideicomiso Aduanas I y de ISOSA, argumentando que el SAT participó en la constitución del fideicomiso en su carácter de gestor de negocios, por lo que esta legalmente imposibilitado para proporcionar información".
Esa explicación no satisfizo a la Auditoría Superior de la Federación, la cual " considera que esta negativa infringe la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos". Desde luego ISOSA "tampoco proporcionó la información solicitada, manifestando que es una sociedad anónima de capital variable, la cual maneja exclusivamente recursos privados".
Fuentes allegadas a la Administración General de Aduanas afirmaron que en el caso ISOSA "intentan liquidar a la empresa a mediados del próximo año y evitar a toda costa que pueda ser auditada, porque eso sacaría a flote el origen de sus ingresos y a los personajes involucrados: Carlos Salinas de Gortari, que era el presidente de la República cuando se creo ISOSA; Francisco Gil Díaz, que se puso a la cabeza de la empresa, y Santiago Creel, quien realizó el trabajo jurídico para eludir la ley".
Al menos el actual secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y Santiago Creel Miranda, exdiputado federal, ex candidato a jefe de Gobierno del Distrito Federal, ex secretario de Gobernación y ex precandidato del PAN a la Presidencia de la República, figuran en la escritura constitutiva de ISOSA, la cual fue registrada ante el notario público 16, Francisco Fernández Cueto.
* En este año transformarán en públicos los fideicomisos, asegura Eduardo Romero Ramos
El secretario de la Función Pública (SFP), Eduardo Romero Ramos, adelantó a La Jornada que antes de que concluya el año se "transformarán" en públicos los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, aun cuando todavía no se han dado explicaciones sobre el daño patrimonial que por más de 10 mil millones de pesos detectó en el primero de ellos la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante la revisión de la Cuenta Pública de 2004.
Romero destacó que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) había planeado liquidar esos fideicomisos (creados en 1993 con carácter privado, a pesar de que para su constitución recibieron de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) más de 200 millones de pesos y bienes con un valor de 46 mil 430 millones de pesos), pero la institución cambio de opinión por los diversos "problemas" que en ese proceso ha enfrentado.
"Inicialmente -detalló el funcionario-, el planeamiento del SAT era liquidar los fideicomisos. Sin embargo, se han visto demasiados problemas en su liquidación y por ello han preferido hacerlos públicos".
A dos meses de que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) ordenara la rendición de cuentas y destino de los recursos asignados a esos fideicomisos, Romero Ramos refirió que la "transformación" de Aduanas I -creado por el entonces subsecretario de Ingresos de la SHCP, Francisco Gil Díaz-, obligará a "transparentar" las actividades de la empresa Integradora de Servicios Operativos (ISOSA), contratada para encargarse del control del mecanismo de selección aleatoria del semáforo fiscal y prestar el servicio de procesamiento electrónico de datos en las aduanas del país.
"Nosotros estaremos al pendiente de la liquidación o transformación en organismos públicos de ISOSA y su fideicomiso", dijo el funcionario en alusión a Aduanas I, para cuya operación y el de Aduanas II se nombró desde el principio a la SHCP como fideicomitente, y a Nacional Financiera (Nafin) como fiduciaria.
Cabe destacar que además de los recursos públicos que dieron origen a Aduanas I, ISOSA recibió en 1995 de la SHCP un traspaso de 432 mil bienes del gobierno federal, valuados en 46 mil 430 millones de pesos. Y en 1997, por medio de diversos contratos "modificatorios", el SAT le transfirió a ese fideicomiso otros 3 mil 305 millones 875 mil que -según datos obtenidos en el IFAI y de la ASF- se usarían para el pago de los servicios de procesamiento electrónico de datos, equipo, soporte técnico, sistemas, apoyo y control del despacho aduanero a cargo de ISOSA.
Permisos a particulares
Según el titular de la SFP, la concesión a ISOSA de esos servicios se fundamentó en las reformas a la Ley Aduanera aprobadas en 1993, lo que "permitió otorgar a los particulares permisos para prestar alguna parte del trámite aduanero".
Sobre los recursos gubernamentales que se han transferido a Aduanas I y Aduanas II, Romero Ramos comentó que desde "agosto del año pasado están ingresando a un nuevo fideicomiso público denominado Faca (sic)", cuyo monto dijo no recordar. Sin embargo, argumentó que esa información es pública y "ha sido difundida por la Secretaría de Hacienda en su página de transparencia".
Al respecto, en el anexo XV del Informe sobre la Situación Económica, Las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, del tercer trimestre de 2005, difundido recientemente por la SHCP, se reporta que 249 fideicomisos "están en proceso de extinción", por lo cual "su clave de registro está en proceso de baja".
En los documentos oficiales fue imposible dar seguimiento a Aduanas I, anteriormente registrado con el número 954-8, y al fideicomiso Aduanas II con registro 954-9 y 955-8, constitui-do por 11 consorcios privados de comercio exterior y por la empresa Servicios Logísticos Aduaneros.
No obstante, según el informe de la SHCP sobre los fideicomisos con registro "vigente" al 30 de junio de 2005, el ahora denominado Fideicomiso para el Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras (en el que Hacienda funge como fideicomitente, y Nafin como fiduciaria) cuenta con una "disponibilidad" de 2 mil 246 millones 33 mil 956 pesos.
En el periodo en cuestión, ese fideicomiso cuya clave de registro es 20020671001239, tuvo ingresos por 236 millones 185 mil 833.00 pesos; egresos por 243 millones 793 mil 641 pesos, y rendimientos por 99 millones 905 mil 615 pesos.
También se reporta que el denominado Fideicomiso para administrar las cantidades que se cobran por concepto de contraprestación por los servicios a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera, presuntamente correspondiente a Aduanas II, tiene una disponibilidad de 2 mil 303 millones 107 mil 773 pesos al último trimestre de 2005. Dicho fideicomiso tuvo ingresos del orden de mil 862 millones 521 mil 909 pesos; egresos por 319 millones 496 mil 799 pesos, y rendimientos por 66 millones 915 mil 265 pesos.
Romero Ramos aseguro que de los fideicomisos y su transformación, la SHCP y el SAT, "mes a mes nos reportan el avance de las gestiones pendientes para terminar la transparencia de los fideicomisos. Es un compromiso de la Secretaría de la Función Pública y una encomienda del presidente Vicente Fox que se transparenten".