María de la Luz González

Los hechos son similares en cada ocasión: comunidades enteras aisladas por las lluvias o sepultadas bajo el lodo, como Motozintla, Chiapas, que prácticamente desapareció durante las lluvias torrenciales de 1998. Semirrecuperada del desastre, fue cubierta nuevamente por el lodo hace unas semanas por el huracán Stan.

Para los expertos Jesús Manuel Macías, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), y Claus Siebe, del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, el fenómeno no es resultado del azar o del pregonado cambio climático, sino de factores sociales, económicos y políticos mal o insuficientemente atendidos.

El crecimiento demográfico, la desigualdad social y el desorden de los asentamientos humanos, que llevan a la gente más pobre a afincarse en las zonas de mayor inseguridad, sumados a un deficiente manejo de los riesgos, son factores que incrementan los efectos adversos de los fenómenos naturales y los convierten en desastres, aseguraron los especialistas.

Macías y Siebe sostuvieron que insistir en el cambio climático como explicación al aumento en número e intensidad de los desastres causados por fenómenos naturales desvía la atención del verdadero problema.

Planificación, la clave

"Huracanes de la magnitud de Wilma y Stan han ocurrido antes, pero lo que produce los desastres es una sociedad inequitativa y dividida, que no tiene instrumentos de planificación ni privilegia el desarrollo científico-técnico para mitigar los efectos de estos fenómenos", aseguró Macías.

El investigador del CIESAS consideró que el crecimiento poblacional no sería problema si existieran mecanismos de planificación de los asentamientos y un esquema adecuado de manejo de riesgos, pues el modelo de protección civil en México es un concepto militar que no funciona, porque opera cuando la catástrofe ya ocurrió.

Cada año hay ciclones y la zona sísmica del país es muy grande, además existen los riesgos de accidentes, por lo que se debería contar con una organización que permitiera reducir sus impactos, similar al modelo estadunidense de administración de desastres, afirmó.

Explicó que ése es un sistema planificador por excelencia, que privilegia la prevención y contempla las etapas de un desastre: desde sistemas de alerta y planes de emergencia, para amortiguar los efectos de los fenómenos naturales, hasta acciones de respuesta y el proceso de recuperación, todo previsto antes de que ocurra el fenómeno.

En México las devastaciones se repiten por falta de planeación, como en Chiapas, donde Stan reprodujo la destrucción causada por las lluvias de 1998, "lo cual significa que se hizo poco o nada después de lo que sucedió hace siete años y eso es inaceptable". Además, durante este sexenio se hizo un mal manejo de los recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) y, después de Wilma, se llega a un punto intolerable, pues los procesos de recuperación de estos eventos son muy largos y al final se regresa al punto de partida, sostuvo Macías.

Por ello, consideró que se requiere de una evaluación independiente de expertos, que exponga las deficiencias en la planeación de emergencias y la recuperación tras los desastres, así como el papel de la ciencia en el conocimiento de las amenazas. Así, se podrá exigir al gobierno que actúe para reducir los efectos adversos de los fenómenos naturales sobre la sociedad.

Claus Siebe, por su parte, afirmó que los fenómenos naturales se presentan con igual frecuencia que en el pasado, pero el aumento de la población asentada en zonas vulnerables, por el crecimiento económico desigual, multiplica sus efectos destructivos y aumenta las pérdidas materiales y de vidas humanas.

"Los terrenos más baratos son aquellos que tienen alguna desventaja, como el riesgo de inundación. Se requiere, por un lado, mejorar las posibilidades de acceso de la población a terrenos ubicados en sitios más seguros y, por otro, una legislación del uso del suelo que identifique todas las zonas de riesgo", planteó.

El país, aseguró, carece de este tipo de ordenamientos del territorio y, en el mejor de los casos, algunos municipios han elaborado mapas de riesgos que mantienen archivados sin aplicarlos en la regulación del uso del suelo. "Se hacen de la vista gorda" ante el surgimiento de asentamientos irregulares, pues desalojar a sus habitantes conlleva problemas sociales y políticos que prefieren no enfrentar.

Advirtió, sin embargo, que es necesario ordenar el crecimiento de los asentamientos y aplicar planes de reubicación progresiva de la población ubicada en zonas de riesgo que, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social, son 15 millones de personas, 15 por ciento de la población del país.

Siebe afirmó que el gobierno federal ha descuidado la prevención. Por ejemplo, en este sexenio la Dirección General de Protección Civil prácticamente ha suspendido las reuniones de los Comités Científicos Asesores, creados en la administración anterior, que identificaban problemas potenciales y emitían sugerencias para disminuir los riesgos.

"¿Cuántos damnificados más tiene que haber para que se tomen medidas?", se preguntó, y destacó que los recursos que los gobiernos federal y locales gastan en paliar los efectos de los desastres sobrepasan, por mucho, los montos que invierten en prevención.

Recuento de los daños

Cada año, en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), un equipo de no más de 100 investigadores evalúa el impacto de los desastres causados por fenómenos naturales y otros riesgos, y formula recomendaciones para prevenirlos en la temporada siguiente, que casi nunca se cumplen.

Con metodología de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Cenapred ha calculado en 12 mil 768 millones de dólares el monto de los daños ocasionados entre 1980 y 2004 por desastres relacionados tanto con fenómenos naturales como accidentes químicos, sanitarios y sociorganizativos (concentraciones masivas, accidentes terrestres, aéreos y marítimos).

De esa cifra, 6 mil 359 millones de dólares, corresponden a los daños directos e indirectos ocasionados por fenómenos hidrometeorológicos, como lluvias torrenciales y huracanes. De acuerdo con el gobierno federal, los huracanes Stan y Wilma causaron daños por cerca de 3 mil millones de dólares.

El paso que no se ha dado, reconoció Martín Jiménez Espinosa, subdirector del área de Riesgos Hidrometeorológicos del Cenapred, es llevar las experiencias descritas en los informes anuales a medidas efectivas de prevención, que ayuden a disminuir las pérdidas en vidas humanas y materiales.

El funcionario lamentó que a siete años del desastre por lluvias en Chiapas, la dependencia tenga que emitir en unos meses un informe similar como resultado de los daños causados por Stan en la misma zona.

"Estos informes tendrían como objetivo guiar las políticas tanto de desarrollo urbano como de atención y prevención de desastres de los gobiernos estatales y locales. Tenemos que delimitar las zonas de riesgo, saber qué tan vulnerables son, no sólo para reubicar a la gente, sino para mejorar las viviendas, hospitales, puentes y, en general, elevar la calidad de vida de la población", admitó.

Explicó, sin embargo, que ésta es una tarea que deben cumplir básicamente los gobiernos municipales y estatales, pues su magnitud rebasa la capacidad del Cenapred, además de que ellos tienen el conocimiento directo de sus zonas de riesgo.

El Cenapred, explicó, trabaja en el diseño de una metodología para la elaboración de mapas de peligro y atlas de riesgo, que consideren la dinámica demográfica y su relación con las condiciones de vulnerabilidad que producen las situaciones de desastre y emergencia. La complejidad del problema se ilustra, por ejemplo, con las intensas lluvias en Córdoba, Veracruz, donde un escurrimiento de lodo causó una explosión en ductos de Petróleos Méxicanos que derivó en contaminación ambiental §