LEY DE CULTURA A DEBATE

Hacer un alto y ordenar agenda de debates, propone académica

Plantea que al lograr lo anterior se genere una política rectora de Estado de carácter transexenal

A partir de ahí ya podría discutirse qué legislaciones e instituciones requiere el país, señala

ARTURO JIMENEZ

La reflexión y el debate sobre la cultura en México y la necesidad de una política cultural de Estado son tan añejos que algunos remontan su origen a la época de José Vasconcelos, o incluso antes. Pero para fines prácticos puede decirse que en la actualidad la discusión resurgió en gran medida a partir del año pasado, cuando La Jornada dio a conocer en exclusiva un desglose del proyecto de Ley de Fomento y Difusión de la Cultura (1º de julio de 2004).

De manera sigilosa, dicho documento había sido turnado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), dirigido por Sari Bermúdez, a la Presidencia de la República y otras secretarías del Poder Ejecutivo, con el fin de que le dieran el visto bueno y lo presentaran al Congreso a la brevedad posible.

Esto último no sucedió, pero comenzó a tomar forma una discusión en los ámbitos académicos y del sector laboral cultural, sobre todo entre los especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y, en menor medida, del de Bellas Artes (INBA). En cambio, ha destacado por su ausencia casi total la participación de los intelectuales y artistas mexicanos prestigiados, incluidos los de origen indígena.

El debate cobró nuevo impulso y entró a otro momento a partir del 20 de septiembre pasado, cuando por fin el Ejecutivo, presidido por Vicente Fox, presentó ante el Congreso la iniciativa que había comenzado a conocerse desde 2004, aunque ahora más extensa, con una exposición de motivos y modificaciones en el articulado.

La discusión en torno a la cultura en México, ahora en el contexto de la coyuntura de la iniciativa de ley Bermúdez, como se le ha llamado, ha generado ya gran cantidad de documentos, reflexiones, ideas y propuestas, vertidos en foros oficiales y académicos y parte de la prensa escrita.

Para echar más luces sobre el asunto y dar continuidad a los diversos enfoques publicados por La Jornada, ahora se presentan planteamientos de la antropóloga Maya Lorena Pérez Ruiz, los cuales han suscitado ciertos consensos entre los académicos. Ella propone en entrevista organizar una agenda de discusión y, en un artículo firmado, escudriña el sentido de la iniciativa de ley de cultura del Ejecutivo.

¡Orden, orden!

De entrada, ante la desorganización de la polémica, Maya Lorena Pérez Ruiz propone en entrevista hacer un alto y ordenar una agenda de temas a debatir.

En tanto, sugiere no aprobar ésa ni otra iniciativa de ley de las más de 40 que existen en el Congreso y rebasar la coyuntura mediante un debate nacional amplio y plural. El objetivo es lograr un diagnóstico sobre la cultura en México que incluya las legislaciones, las políticas y las instituciones que se han tenido.

A partir de ese diagnóstico, en un segundo momento de la discusión deberá construirse un consenso en torno a una "verdadera política rectora de Estado" en la materia, de carácter "transexenal", pues en el fondo, dice, lo que se discute en gran parte es un proyecto de nación.

Enseguida, en un tercer momento, deberá acordarse qué tipo de legislaciones y de instituciones rectoras o coordinadoras requiere un país como México, con una historia cultural abundante y compleja y un presente diverso y cambiante, influido por la globalización, el neoliberalismo y fenómenos como la migración o la influencia de los medios de comunicación masivos.

Es en este último momento que ya cabría la discusión sobre la iniciativa de ley de cultura del Ejecutivo, para analizar "si la necesitamos o no", expresa la investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social (DEAS) del INAH.

Tendría que analizarse si esta iniciativa, con sus "confusiones conceptuales" y la intención de avalar una institución que quiere ser a la vez "rectora, coordinadora, ejecutora de acciones y supervisora", es la adecuada para ordenar una política cultural del Estado mexicano, señala.

La diversidad, fundamental

Por lo pronto, Maya Lorena Pérez caracteriza al México cultural de hoy: "Somos un país puricultural y multilingüe, y las reformas constitucionales que se hicieron en 1992 y en 2001 están encaminadas a reconocerlo así. Somos un país cada vez más urbano, pero todavía con amplias zonas rurales. Aún en la población migrante se ha visto una gran riqueza cultural: mantienen sus identidades o crean nuevas".

México ha pasado de ser un país con un proyecto de nación "monocultural" -señala en referencia a la etapa posrevolucionaria- a otro que busca propiciar un proyecto de nación "pluricultural".

La discusión que debe darse es si la cultura se sigue pensando sólo asociada a la cultura universal y la educación, las cuales "debemos llevar al pueblo", o se abre la noción de cultura para entender que hay muchas dimensiones y una de ellas tiene que ver con la capacidad de los pueblos y su derecho de reproducir su diversidad cultural.

Por ello, plantea, "urge debatir qué tipo de país somos, qué tipo de política de Estado debe haber y, por lo tanto, qué tipo de instituciones culturales deben existir para dar cuenta de todas estas necesidades diversas que tiene la población".

Y adelanta: "La política rectora del Estado mexicano, como tal, debiera ser transexenal. Plantear de manera explícita: el Estado mexicano se propone que el papel de la cultura en el desarrollo, la identidad y la cohesión social es tal. Y, por lo tanto, la legislación, las instituciones y los programas tienen que ir enfocados en esa dirección".

Lo que existe hoy es una "ausencia de política de Estado". Entonces, agrega, lo que hacen los funcionarios cada sexenio es "inventarse" lo que se les ocurre, que a veces parece una política de Estado y a veces no.

Lograr acuerdos, el reto

Maya Lorena Pérez considera que los diferentes niveles de discusión sobre diagnóstico cultural, política de Estado, legislación e instituciones se llevarían menos de un año, pues el país ha generado mucha investigación y reflexión intelectual sobre esos temas.

"Pero lo que está imposibilitando la discusión es que no hay un ordenamiento de la agenda y que a veces se generan falsos problemas, como esta coyuntura en la que estamos discutiendo en el aire si el CNCA sirve o no, cuando no tenemos un diagnóstico ni un diseño de política de Estado."

Critica que a todos los actores les falta voluntad para construir una agenda compartida de trabajo. "Nos hace falta orientar la voluntad política hacia la construcción de un debate que nos permita llegar a acuerdos y consensos. A veces estamos enfatizando más las diferencias que los posibles acuerdos que nos llevarían a construir un diagnóstico conjunto, una política de Estado y propuestas compartidas".

En esos acuerdos, agrega, deberán quedar claras la responsabilidad del Estado, de los órganos de gobierno, de la iniciativa privada y de la sociedad civil. Además, destaca, debe tomarse muy en cuenta qué pide la sociedad civil a las instituciones.

"Hay que ser innovadores en ese punto, pues la sociedad civil quiere también que las instituciones le informen, que haya procesos de rendición de cuentas, que puedan existir contralorías sociales que vigilen la acción no sólo del ejercicio financiero sino de la dirección de las políticas públicas.

"La actual es una población que cada vez más demanda no ser sólo benefactora sino tomar decisiones sobre su diversidad, su futuro cultural y el tipo de país que quisiéramos ser".

Para ordenar una agenda y lograr consensos, propone que las cámaras de Diputados y de Senadores no aprueben ninguna iniciativa y los legisladores propicien una "mesa de concertación" entre los diferentes actores de la cultura.

"Tendríamos que avanzar en eso con un espíritu constructivo y propositivo, de dialogar sobre posibles acuerdos, más que sobre los desacuerdos. Sólo así podremos establecer una política cultural de Estado conveniente para el país en los actuales procesos de globalización."