Los trabajadores podrían exigir la intervención de organismos de derechos humanos

Prepara Cooperativa Pascual defensa de sus demandas ante la OIT

CAROLINA GOMEZ MENA

El equipo jurídico que asesora a la Sociedad Cooperativa Pascual, y que encabeza Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México, tendrá todo listo para de ser necesario, "presentar la próxima semana" la queja y solicitud de intervención a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), refirió Alfredo Rivera Arteaga, secretario del Consejo de Administración de la cooperativa, quien precisó que ya están en los "trámites preparatorios".

Aunque todavía la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se ha pronunciado respecto al juicio de amparo promovido en contra del decreto expropiatorio de 2003, los abogados afinan todos detalles para comenzar la defensa internacional del caso lo antes posible, si es que el fallo les es adverso.

Miranda Esquivel, quien fungió como procurador general de la Defensa del Trabajo en el Distrito Federal durante la administración de Cuauhtémoc Cárdenas, precisó que la defensa ante la OIT se fundamenta en lo establecido en las recomendaciones 127 y 193 de dicho organismo internacional.

La recomendación 127 fue aprobada en 1966, durante la 50 conferencia general de la OIT, detalló el abogado, al expresar que ésta refiere que "en los países en vías de desarrollo el establecimiento y la expansión de las cooperativas deben ser considerados como uno de los factores importantes del desarrollo económico, social y cultural, así como de la promoción humana".

Agregó que en 2001 la OIT perfeccionó la recomendación 127 y hace tres años, en su 90 conferencia general, adoptó la recomendación 193 sobre la "promoción de las cooperativas, reconociendo su importancia en el mundo para la creación de empleos y su contribución a la economía y a la justicia social".

En virtud de lo anterior, esta recomendación cita que "una sociedad equilibrada precisa de la existencia de sectores públicos y privados fuertes y de un fuerte sector cooperativo, mutualista y otras organizaciones sociales y no gubernamentales. Dentro de este contexto los gobiernos deberían establecer una política y un marco jurídico favorables a las cooperativas y compatibles con su naturaleza y función, e inspirados en los valores y principios cooperativos que se enuncian en el párrafo 3..."

Miranda Esquivel subrayó que "considerando el marco jurídico internacional, el que establece en México la Ley General de Sociedades Cooperativas con relación a los artículos 25, 26, 28 y 123 de la Constitución, y dado el hecho de que el gobierno mexicano forma parte de la OIT y ha suscrito sus convenios y recomendaciones, es que la cooperativa presentará la queja".

Rivera Arteaga comentó que la situación de la cooperativa se torna más "difícil" ante la demora de la SCJN, y señaló que de por sí se enfrenta un ambiente económico complicado, pues la "producción y distribución de refrescos y jugos en el país está altamente monopolizado por empresas trasnacionales, que gozan del apoyo pleno de las políticas gubernamentales".

Aseguró que el cooperativismo, "como doctrina y organización económica para la producción, ha carecido y carece del suficiente apoyo de fomento de las políticas públicas, manteniéndose casi en el abandono", y abundó que también se prepara una solicitud de intervención de organismos de derechos humanos, considerando que las cooperativas conforman un sector que "debe estar protegido por la justicia social en el mundo, tal y como está consagrado en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otras".