LEY DE CULTURA A DEBATE

La propuesta de Fox no apoyará ''macroindustrias'' culturales

Las destinatarias serían editoriales, revistas, disqueras, artesanos y compañías artísticas independientes

Se revisó ''con cuidado'' para no afectar facultades del INAH e INBA

ARTURO JIMENEZ

La iniciativa de ley de cultura enviada por el Ejecutivo al Poder Legislativo en septiembre pasado no busca apoyar ''macroindustrias" culturales, como las televisoras privadas Televisa y Televisión Azteca o compañías de entretenimiento como Operadora de Centros de Espectáculos, SA (OCESA), sino sólo a las ''micro, pequeñas y medianas" empresas.

En este aspecto de la propuesta, argumentan abogados y funcionarios del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), hay un temor infundado y un problema conceptual con el término ''industria cultural", pero la comunidad artística y académica no debe preocuparse, porque se trata de un planteamiento avalado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

''Es sólo una denominación, se estableció ese término a escala internacional y se acordó que cada país lo iba a acuñar", comenta en entrevista Enrique Vargas, enlace del CNCA ante el Poder Legislativo, y agrega:

''Hay comunidades a las que no les gusta la palabra industria. México, como parte del concierto de las naciones, ha sido firmante de los convenios y tratados. Y entendamos lo que es el rango de la legislación. Cuando México suscribe o ratifica estos convenios, toman una jerarquía superior a la ley, porque pasan por el Senado, pero están inmediatamente abajo de la Constitución.

''En estricto rigor, lo que la UNESCO establece como industrias culturales son aquellas que inciden en el derecho de autor. En la iniciativa de ley de cultura se le está dando un matiz a esa parte, porque la Ley de Derechos de Autor ya cubre otra parte. Y las leyes en economía de las micro, pequeñas y medianas empresas, tienen su legislación de fomento para esas industrias."

Vargas, además de Roberto Ortega, asesor jurídico del CNCA y coordinador del grupo de trabajo que redactó la iniciativa, y Antonio Hernández Brito, coordinador de relaciones laborales del consejo, continúan aquí su reflexión, argumentación y defensa del proyecto de ley del Ejecutivo.

Consideran que las comunidades, colectivos o cooperativas que trabajan con bienes o servicios culturales deben ser apoyadas. Y entre los ejemplos de éstas mencionan editoriales independientes, revistas, productoras de videos o discos, compañías de danza o teatro, grupos musicales, asociaciones de artesanos y museos comunitarios.

La condición, agregan, es que ''su actividad y vocación sean preservar valores culturales y la difusión de la cultura". Y aunque no precisan con claridad la caracterización de micro, pequeñas y medianas industrias, remiten a la ley en la materia.

Aseguran que con la aprobación de la iniciativa de ley, dichas industrias culturales, por ejemplo, también podrían conseguir apoyos de otras instancias, como la Secretaría de Economía, o facilidades fiscales de la Secretaría de Hacienda, además de líneas de crédito.

Sólo fomento y difusión

Vargas, Ortega y Hernández abordan otros de los muchos aspectos que ha suscitado el debate en torno de la cultura en México, la política cultural y la iniciativa de ley en la materia avalada por el CNCA, presidido por Sari Bermúdez.

Por ejemplo, destacan que la reflexión incluida en la Exposición de motivos de la iniciativa de ley reconoce que la cultura tiene ''tres grandes ámbitos" interrelacionados: el de los conocimientos, ya regulado por la Ley de Educación; el de los bienes y servicios culturales, donde hay dos obligaciones del Estado: la protección del patrimonio cultural y el fomento y difusión, y los valores culturales.

''El fomento y la difusión es una parte muy importante que el gobierno federal no tiene aún regulado cómo hacerlo, con qué principios rectores y que todas las instituciones de cultura se sujeten a ellos."

Además, la iniciativa plantea ''todo un desarrollo de la vinculación de la cultura con otros sectores, como la educación, la ciencia, la tecnología, el turismo y los medios de comunicación."

Se les comenta que un aspecto del debate es que académicos han considerado a la exposición de motivos como carente de rigor histórico. Inclusive, en una mesa redonda convocada en la Cámara de Diputados, el dramaturgo y abogado Víctor Hugo Rascón Banda, quien ha colaborado en parte de la elaboración de la iniciativa, se desmarcó de esa parte del texto y dijo que la había ''tirado a la basura".

''No conozco -responde Roberto Ortega- ningún señalamiento de la falta de rigor histórico de la exposición de motivos. No conozco que se haya señalado específicamente, inclusive en esa reunión, algún dato o alguna concepción sobre la evolución histórica que se plantea.

''A lo mejor habrá puntos de vista de la exposición de motivos que no les satisfacen, pero no conozco ningún señalamiento que nos hayan dicho que alguna fecha o referencia histórica esté mal planteada."

A salvo, INAH e INBA

Insisten en que el proyecto de ley no avalaría una invasión de funciones del CNCA en detrimento de instancias como los institutos nacionales de Antropología e Historia (INAH) y Bellas Artes (INAH). Para evitarlo, comenta Ortega, hubo reuniones con representantes de las entidades paraestatales y órganos desconcentrados.

''Particularmente con los directores generales y los grupos de apoyo jurídico del INAH y el INBA. Se revisó con todo cuidado la iniciativa para, precisamente, no incidir en los ámbitos en los que ellos son autoridad y tienen actividades propias."

Este proyecto de ley, reiteran, es sólo para fomentar y difundir la cultura. Hay otras legislaciones para tutelar y proteger el patrimonio cultural, como la Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, de 1972. O las que se encargan de la educación artística, como la del INBA. O las leyes orgánicas de ese instituto y el mismo INAH.

''Las relaciones laborales de los dos institutos no se verían afectadas absolutamente en nada", asegura Hernández Brito, y agrega que en el caso del INAH y el INBA, su función de protección del patrimonio artístico y cultural serían ''atribuciones y facultades intocadas".

Se les comenta que parte de la iniciativa plantea que el titular del CNCA tendría las facultades para poner o quitar a los directores del INAH y del INBA.

''Eso es una facultad del Presidente del país y del secretario de Educación Pública -dice Hernández Brito-. El titular del CNCA nada más propone". Vargas agrega que con la aprobación de la iniciativa eso sería parte de las atribuciones legales del consejo.

En los hechos, reconoce Ortega, se ha estado dando así, pues el acuerdo que creó al CNCA por decreto presidencial lo ubica como el encargado de la coordinación de las entidades del subsector cultura.