Cuestiona la resolución de juez federal de trasladarlo al Reclusorio Norte
Encinas: en riesgo la gobernabilidad carcelaria por el amparo a El Chapito
Pedirá a la SCJN revisar dicha medida, que afecta el combate al crimen organizado, señala
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El jefe de Gobierno, Alejandro Encinas, y la secretaria de Medio Ambiente del DF, Claudia Sheinbaum, durante la inauguraci�e la planta de bombeo de aguas combinadas, en Iztapalapa FOTO Guillermo Sologuren
Foto: Guillermo Sologuren
El mandatario capitalino, Alejandro Encinas Rodríguez, advirtió que la decisión de un juez federal de trasladar a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, El Chapito, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera, al Reclusorio Norte de la ciudad de México, pone en riesgo la gobernabilidad de dicho penal.
Encinas hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal, para que revisen ese caso y otros similares, "donde a nuestro juicio hay un conjunto de irregularidades acreditadas".
Recordó que después de procedimientos muy complejos se logró el traslado de Guzmán Salazar al centro federal de readaptación social de La Palma, en el estado de México, por ser un penal de alta seguridad, luego de que durante la estancia de El Chapito en el Reclusorio Sur surgieron versiones de que un grupo armado planeaba rescatarlo.
El jueves el juez primero de distrito en materia penal en el DF, José Reynoso Castillo, concedió un amparo a Guzmán Salazar -quien es procesado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita-, que obliga a las autoridades federales a trasladarlo al Reclusorio Norte. El juez consideró que "no se aprecia que dicho procesado tenga rasgos o síntomas sicóticos, ni tampoco se observa que sea una persona peligrosa", requisito que exige el reglamento de los centros federales de readaptación social para que una persona ingrese en dichos penales.
Cabe señalar que el dictamen de peligrosidad en el que se basó el juez fue elaborado por la Dirección General de Prevención y Readaptación Social federal, y el delito se sustenta en la presunción de la utilización de bienes y recursos producto del narcotráfico.
Encinas Rodríguez dijo que se acudirá ante el Consejo de la Judicatura y el presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela Güitrón, porque no sólo se pone en riesgo la gobernabilidad de un penal clasificado de mediana seguridad, sino que incide en las políticas de combate al crimen organizado.
"El Poder Judicial tiene que asumir también su responsabilidad, y cabe hacer un llamado para realizar una revisión exhaustiva del abuso del juicio de amparo, así como de las implicaciones que tienen las resoluciones de los jueces en demérito de la gobernabilidad del sistema penitenciario y del combate al crimen organizado", señaló.
Por ahora, apuntó, no queda más que atender la resolución del juez en el término de cinco días que dio de plazo para trasladar a Guzmán Salazar al penal capitalino.
En el informe de enero-octubre 2005 de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del DF se señala que en lo que va del año las autoridades capitalinas han solicitado el traslado a penales federales de 31 presos considerados de alta peligrosidad. La Secretaría de Seguridad Pública Federal autorizó el traslado de 29, pero, derivado de resoluciones judiciales -particularmente de la juez quinta de distrito en materia penal, Olga Sánchez Contreras-, 26 de ellos, sin contar al Chapito, volvieron a los reclusorios capitalinos.