Derechos humanos y libre comercio
"Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática" es, supuestamente, el tema de la cuarta Cumbre de las Américas.
Sin embargo, esto no será posible si no se asumen como prioridad absoluta las obligaciones de los estados en cuanto a los derechos humanos integrales, expresan una vez más centenares de miles de miembros de Amnistía Internacional (AI), del extremo norte al extremo sur del continente, reflejando las preocupaciones de la organización en todo el mundo, en un documento dirigido a los presidentes y jefes de gobierno.
Pero desgraciadamente durante la preparación de este encuentro dichas problemáticas no se han considerado tomando en cuenta la interrelación e interdependencia de los derechos humanos, denuncian las organizaciones mexicanas que buscan incidir y aportar en uno de los foros oficiales al que se les ha autorizado tener acceso, por las limitaciones que la sociedad civil tiene que seguir enfrentando en estos procesos, y en los foros alternativos convocados por la propia sociedad argentina.
En efecto, desde sus orígenes los procesos de la cumbre han venido asociados a la liberalización del comercio y la creación de una posible Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), impulsada por el gobierno de Estados Unidos, por medio de acuerdos que tienen de fondo grandes proyectos como el Plan Puebla-Panamá y la Iniciativa Regional Andina, que comprometen en gran medida los medios de vida y los recursos locales del continente. "Aunque estos acuerdos han creado nuevas oportunidades para algunos -expresan los miembros de AI en 14 países de América, incluidos Canadá, Estados Unidos y México-, a veces han coincidido también con un aumento de desigualdades y un deterioro de las condiciones sociales, que menoscaban los derechos humanos de los sectores más pobres de la población", a pesar de los obtusos panegíricos de sus promotores. Es más, los esfuerzos por fomentar nuevos acuerdos comerciales han venido también asociados con el uso de la violencia y la represión contra quienes con argumentos fundados se oponen a éstos. A ello también se debe que hoy exista una crisis de derechos humanos en toda América.
"Muchos de los males que sufren los pueblos no se podrían hacer sin la complicidad de gobiernos que se someten a las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el gobierno de los Estados Unidos", dijo con razón el pasado 29 de octubre en Buenos Aires Adolfo Pérez Esquivel. "Políticas como el ALCA y los demás tratados de libre comercio -enumeró el premio Nobel de la Paz 1980-, la militarización del continente y el establecimiento de bases militares de Estados Unidos en nuestros países, como en Paraguay, donde además se instala una oficina de la FBI para el control de la triple frontera y para generar tensiones y conflictos con el pueblo de Bolivia y toda la región; el Plan Puebla-Panamá y el Plan Colombia". Todo lo cual son hechos, y no apariencias ideológicas sino en los sofismas de quienes en su ignorancia supina así los califican.
Por ello, los miembros de AI exigen de sus gobiernos que, en congruencia con sus obligaciones para con sus pueblos y sus pares en la comunidad internacional, realicen evaluaciones de los efectos en derechos humanos antes de firmar y después de aprobar un nuevo acuerdo de inversión o comercial, llevando a cabo las debidas consultas con quienes puedan verse afectados por ellos. Les piden también que apoyen decididamente el mandato del representante especial del secretario general de la ONU sobre los derechos humanos, las empresas trasnacionales y otras empresas comerciales, que tienen también la obligación de respetarlos y hacerlos valer, "en el establecimiento de normas de derechos humanos universalmente reconocidas, aplicables a las empresas, basándose en gran parte en las Normas de la ONU sobre las responsabilidades de las empresas trasnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos (doc. de la ONU E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2. 2003)".
Por ello, igualmente, las organizaciones mexicanas, junto con la Coalición Internacional de Organizaciones para los Derechos Humanos en las Américas y la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos para la Democracia y el Desarrollo, le piden entre otras cosas al gobierno que en el proyecto de Declaración de Mar del Plata "plantee expresamente el apoyo a la aplicación y observación de las Normas de la ONU sobre las responsabilidades de las empresas trasnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos".
En congruencia con ello, los miembros de AI, quienes en su llamamiento se ocupan también del fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos; la protección de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas; la seguridad por medio de los derechos humanos; la migración y los desplazamientos, y las personas defensoras de los derechos humanos, recuerdan también a los gobiernos del continente su obligación de "desistir de aplicar políticas que impidan de forma activa hacer realidad estos derechos, o que permitan a otros violarlos con impunidad", si es auténtico su compromiso de combatir la pobreza.