¿A quién rinde cuentas el Seguro Popular?
El Centro de Análisis e Investigación Fundar ha observado que en materia de transparencia presupuestal se han producido retrocesos significativos durante el foxismo: el grado de discrecionalidad se ha incrementado. Un caso paradigmático es el programa Arranque Parejo en la Vida, de Marta Sahagún y Julio Frenk.
Fundar ilustra que, hasta 2003, todavía fue posible dar seguimiento puntual a los programas sociales vinculados a la equidad de género, pues en el ramo 12 (salud) y el 33 (gasto descentralizado) era todavía posible saber cuántos recursos se destinaban a Arranque Parejo en la Vida. Pero debido a que el programa desapareció de la estructura programática y fue absorbido por el Seguro Popular, "ya no se sabe cuánto dinero tiene y cómo se está aplicando el gasto".
A grandes rasgos esto significa que los recursos irán en "bolsas no etiquetadas", sin reglas de operación, y que serán "manejados por los gobiernos estatales", muchos de los cuales "no cuentan" con sistemas desarrollados de rendición de cuentas. Por ello, enfatiza Fundar, no queda claro mediante "qué mecanismos será posible la rendición de cuentas de esos recursos".
También para el caso del VIH-sida, Fundar sostiene que priva la discrecionalidad. Mientras algunas instituciones -precisa- destinan su gasto en VIH a gastos operativos, los servicios de atención a personas con VIH-sida continúan trabajando al interior de los hospitales e institutos independientemente de la distribución esquemática de los presupuestos (Seguimiento y análisis del gasto público para la prevención y atención del VIH-sida). Para Fundar, esta confusa distribución de los recursos responde a que ni la Secretaría de Salud (Ssa) ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantienen control sobre sus áreas de competencia. Mientras la Ssa carece de lineamientos claros para asignar el presupuesto y sugerir estrategias para su utilización, la SHCP no tiene capacidad para decidir adónde se dirigen los recursos que ella misma entrega.
No sorprende que en este turbio marco Alicia Athié, del Colectivo Transparencia; Ricardo Becerra, director de Atención a la Sociedad del IFAI, y Helena Hofbauer, de Fundar, denuncien que más de 11 millones de pesos del erario -originalmente asignados a la Ssa para la prevención y atención del VIH-sida en tres hospitales de tercer nivel- hayan sido desviados al pago de artículos de limpieza, servicios comerciales, bancarios y financieros, así como para arrendamiento de maquinaria, equipo, conservación de inmuebles y vehículos, subcontratación de servicios a terceros, vigilancia y mantenimiento.
La denuncia incluye la retención de 200 millones de pesos por la SHCP y "la opacidad en 300 millones de pesos que administra el Seguro Popular". Y es que mientras la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Ssa informa que los 303.3 millones de pesos "serán destinados exclusivamente a la compra de antirretrovirales, pues están etiquetados para ese fin", la Comisión Nacional de Protección Social en Salud -a cargo del actuario "amigo de Fox" José Antonio Fernández Ortiz- sostiene que son para "la detección en pacientes que presenten factores de riesgo. El tratamiento con antirretrovirales se cubre por medio del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos" del Seguro Popular.
Los denunciantes señalaron directamente a esa dirección general de la Ssa como la entidad responsable de la anomalía y advirtieron que resulta "preocupante" el manejo de esos recursos del Seguro Popular por un fideicomiso que controla Banobras, a cargo del cuestionado Luis Pazos.
La Ssa -vía Fernando Chacón, titular de la aludida dirección- se contentó con responder que las acusaciones son producto de "malas interpretaciones", porque "son muy engañosos los rubros de clasificación de los recursos", aunque Athié reviró precisando que si "no ha habido subejercicio, es igualmente grave, ya que entonces están mintiendo a las solicitudes de información hechas por los ciudadanos".
Pero Pablo Escandón Cusi, capitán de Nacional de Drogas, miembro del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y directo financiador de la campaña presidencial de Fox, vía Marta Sahagún, vocifera que frente al viejo "traje del sistema sanitario", el Seguro Popular ya "ofrece algunas respuestas", mientras el comisionado José Antonio Fernández Ortiz recibe la certificación ISO-9001:2000 que la empresa Det Norske Veritas otorgó al Seguro Popular como ¡garantía de los servicios que ofrece en "todo" el país! ¿A quién le rinde cuentas Fernández Ortiz? Ciertamente ¡no! a Frenk. ¿Tal vez a Ramón Muñoz, Marta Sahagún y Fox, sólo en Los Pinos?
Y todo esto sucede cuando Nora Lustig, responsable de la "fundamental" Comisión Mexicana de Macroeconomía y Salud, se lamenta de que los trabajadores del Seguro Social "monten protestas para echar para atrás reformas aprobadas" y Frenk solicita la friolera de 17 mil millones de pesos para operar su engendro en 2006, curiosamente el mero año electoral.
Para cumplir con una verdadera rendición de cuentas, Fox debería ordenar una auditoria profunda al "segurito" de Frenk -que sólo durante 2005 ya distrajo 12 mil millones de pesos- antes de que los candidatos al 2006 se lo exijan junto con la obligación de fincar las responsabilidades legales del caso.
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco