Evalúan ministros si es constitucional la expropiación de dos predios de la refresquera
Exigen trabajadores de Pascual a la Corte emitir resolución con celeridad
Llevarán a cabo manifestaciones frente a las instalaciones del máximo tribunal
Ante la tardanza de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para discutir el amparo relativo a la constitucionalidad de la expropiación de los predios en que se ubican dos plantas de la Sociedad Cooperativa Pascual en el Distrito Federal, trabajadores de la refresquera se manifestarán frente al máximo tribunal cada vez que se reúna el pleno, y solicitarán el apoyo de gremios y organizaciones civiles y sociales, informó Alfredo Rivera, secretario del consejo de administración de la empresa.
Según Rivera, hay incertidumbre entre los 2 mil trabajadores de las plantas de Pascual en el Distrito Federal, porque no se entiende la razón por la que la SCJN pospone la discusión, y ello les hace pensar que tal vez el fallo les será adverso.
Sin ánimo de confrontar, Rivera consideró que los 11 ministros aplican "tácticas dilatorias que a todos nos tienen en la incertidumbre. Esta indefinición nos afecta, estamos desviando fuerza de trabajo, recursos y no tenemos nada", refirió al detallar que para efectuar los plantones se descuida el trabajo. Ejemplificó: "el 25 de octubre pasado tuvimos que suspender labores de producción y ventas para asistir a la protesta".
En entrevista, exhortó a los ministros a "dar celeridad" al asunto y considerar "no sólo el aspecto legal, sino también el social", pues no únicamente se verían afectadas las 2 mil familias de la capital, sino de igual forma el resto de los trabajadores (a escala nacional son 5 mil 400). La cooperativa se vería seriamente lesionada, ya que no contar con las dos plantas les significaría reducir 50 por ciento la producción.
En cuanto a la estrategia que la cooperativa podría emprender si el fallo le es adverso, Rivera indicó que en primera instancia se agotarían todos los recursos legales en el país y después se recurriría a la Organización Internacional del Trabajo para evitar el desalojo de los predios. También, indicó, se valora acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Como todo ello puede tardar mucho tiempo y la CIDH sólo emite recomendaciones, lo ideal sería que los ministros se pronunciarán en favor de la cooperativa, pues ésta "cuenta con los argumentos jurídicos y legales" para lograr un fallo positivo.
Detalló que los cooperativistas se han acercado a organizaciones gremiales, como la Unión Nacional de Trabajadores, y campesinas, para que les brinden su apoyo, y resaltó que "no somos una minicolectividad. Tenemos fuerza y haremos todas las manifestaciones que sean necesarias. No cejaremos", advirtió.