Usted está aquí: lunes 31 de octubre de 2005 Economía Demanda la iniciativa privada plena autonomía para la CFC

Demanda la iniciativa privada plena autonomía para la CFC

Susana González G.

El sector empresarial demandó que se otorgue a la Comisión Federal de Competencia (CFC) "una autonomía absoluta, similar a la que goza el Instituto Federal Electoral", pues el que sea un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía garantiza que tenga absoluta independencia del proceso político ni la mayor imparcialidad posible en los casos que atiende. Por medio de un análisis estratégico, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) indica que aun cuando la CFC fue creada desde 1992 para prevenir o eliminar prácticas monopólicas que limitan la producción y oferta de bienes y servicios, su actuación ha estado limitada por decisiones del Poder Judicial. "Por ejemplo, resalta que de 1997 a 2003 el crecimiento anual promedio de los juicios de amparo en contra de procesos o resoluciones de la CFC fue de 54.4 por ciento. Además cada juicio tiene una duración promedio de 401 días, lo que es más de un año, y sin duda diluye la efectividad de una política de competencia", se asienta en el documento. El organismo empresarial también se pronuncia porque los "monopolios de facto del Estado" se incorporen al ámbito del ley de competencia, pues "sería deseable prevenir y combatir (investigar, obtener información y sancionar) las prácticas monopólicas de las empresas estatales proveedoras exclusivas de insumos esenciales o básicos para las empresas y los ciudadanos". Dado que actualmente el Congreso de la Unión discute un anteproyecto a la Ley Federal de Competencia Económica, el CEESP propone tres líneas de acción para garantizar la acción de la CFC: suplir lagunas o deficiencias legales que nulifican la política de competencia; reforzar las facultades de la comisión para que pueda prohibir la depredación de precios, desincorporar activos e investigar conjuntos de empresas, y poder opinar públicamente en la elaboración de políticas públicas y normas a escala federal y local en cuestiones de competencia.

 
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