Las autoridades, impedidas para revocar permisos, de acuerdo con la ley vigente
Detectan diputados irregularidades en aeropuertos concesionados al GAP
Despidos, deficiente servicio y atrasos en pago de predial y agua, entre las anomalías
La comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga la desincorporación de Cintra denunció que el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), concesionario desde hace siete años de algunas terminales aéreas en los estados, ha violado los términos del contrato de concesión; sin embargo, explicó que como la Ley de Aeropuertos no contiene causales expresas de la anulación del título de operación, éste no se ha revocado.
El presidente de la comisión, el diputado Jesús González Schmal, indicó que el órgano legislativo tiene información de que el consorcio ha recortado personal de base y no paga las contribuciones locales de impuesto predial ni derechos por servicio de agua y drenaje.
Asismismo refiere que la atención a usuarios es deficiente, carece de servicios médicos y ambulancia, contrata servicios públicos irregulares y no ha cumplido con la normatividad ambiental, entre muchas más irregularidades.
"Frente a tales experiencias negativas al interés nacional, la Cámara de Diputados debe asumir su responsabilidad. Está obligada a contener la inercia clara del perjuicio y detrimento del patrimonio público, específicamente respecto de las instalaciones aeroportuarias del territorio nacional", dijo.
La semana pasada, el legislador de Convergencia presentó una iniciativa de reforma al artículo 27 de la Ley de Aeropuertos, a fin de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes asuma facultades para revocar concesiones y permisos a las empresas y concesionarios que no cumplen con la legislación vigente.
Facultades limitadas de la autoridad aeroportuaria
González Schmal consideró necesario que se revise la citada ley, pues como está redactada actualmente tiene un "deliberado propósito" de proteger al concesionario ante la autoridad aeroportuaria, que presenta evidentes limitaciones a la hora de imponer sanciones y revocar permisos.
González Schmal afirmó que el objetivo principal de la privatización de los aeropuertos entregados al GAP fue generar empleos, contribuir al desarrollo regional, incorporar tecnologías de punta, aumentar la eficiencia de los servicios aeroportuarios, contribuir al aumento del ingreso de divisas al país y preservar al medio ambiente; sin embargo, hasta el momento ese fin se ha desvirtuado.
"Lo que ha sucedido después de casi siete años de concesión otorgada al GAP es diametralmente distinto de estas expectativas y, paradójicamente, la privatización del sistema aeroportuario nacional les ha costado y les seguirá costando en diversos aspectos a todos los mexicanos", declaró.