Función Pública investiga irregularidades administrativas por 22 millones de pesos

Indagan a la Femospp por desvío de recursos y abusos de autoridad

El fiscal especial Carrillo Prieto y cercanos colaboradores, bajo la lupa de la dependencia

Ex agente del MP ratifica ante la PGR denuncia contra servidores públicos de esa instancia

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) está bajo doble investigación: mientras la Secretaría de la Función Pública (SFP) examina presuntos desvíos de recursos por más de 22 millones de pesos, el Ministerio Público Federal indagará abuso de poder y violaciones administrativas, laborales y penales en esa instancia, dirigida por Ignacio Carrillo Prieto.

Así, el fiscal especial y algunos cercanos colaboradores enfrentan, por una parte, una indagatoria de carácter administrativo y, por la otra, una denuncia penal interpuesta y ratificada por César Osorio y Nieto, quien hasta marzo de este año se desempeñó como agente del Ministerio Público Federal encargado de las investigaciones por la matanza del 2 octubre de 1968.

La Jornada buscó durante varias semanas a Ignacio Carrillo Prieto y a Eduardo Maldonado, director de comunicación social de la fiscalía, para conocer su versión sobre estos temas. Nunca obtuvo respuesta.

Gastos confidenciales

Daniel Cabeza de Vaca, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), confirmó el pasado 18 de octubre que la investigación por los presuntos desvíos de recursos en la Femospp "fue atraída al sector central de la Secretaría de la Función Pública".

Pero confió en que ''todo se arreglará, porque son cuestiones administrativas normales''.

Sin embargo, según las fuentes consultadas, la revisión a las finanzas de la Femospp no sólo abarca los recursos que recibió de la PGR, sino también otros que le fueron transferidos de la Secretaría de Gobernación, durante la gestión de Santiago Creel.

Los funcionarios entrevistados señalaron que la Femospp recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público -a partir de negociaciones directas de Carrillo Prieto, con apoyo del ex secretario de Gobernación- recursos de la partida que se denomina: "gastos de carácter confidencial", los cuales sólo pueden ser destinados a asuntos de seguridad pública o nacional.

A pesar de que oficialmente en la PGR se tiene información de que la Femospp recibió en 2003 y 2004 entre 4 y 6 millones de pesos para ser utilizados como ''gastos de carácter confidencial'', las auditorías indican que el monto superaría 20 millones de pesos.

Se comenta que por conducto de Gobernación la Femospp obtuvo recursos que esa secretaría tenía asignados en esa partida, y que superan el millón de pesos, así como apoyo de infraestructura para dotar al Comité Ciudadano de Apoyo a la Femospp de un espacio para despachar.

De acuerdo con informes a los cuales se tuvo acceso, la Femospp logró en 2003 que se le otorgaran recursos para ''gastos de carácter confidencial'', que en el ámbito gubernamental también se conocen como ''gastos en seguridad nacional". La fiscalía logró participar de la referida partida sólo hasta 2003, debido a que se creó en enero de 2002, cuando el presupuesto de ese año ya estaba aprobado y distribuido.

Pero, según los datos obtenidos, Carrillo Prieto consiguió recursos a través de la Secretaría de Gobernación que le permitieron pagar a personas que fungieron como agentes del Ministerio Público y asesores, las cuales firmaron documentos en los que se indica que sus remuneraciones provenían de recursos destinados a "gastos de investigación".

Según otras fuentes oficiales a las que se consultó -que manejaron informes financieros y administrativos de la PGR durante la gestión de Rafael Macedo de la Concha-, Carrillo Prieto habría solicitado en 2002 al entonces titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, el manejo autónomo de 100 agentes del Ministerio Público, 50 elementos de la Agencia Federal de Investigación y al menos una decena de peritos.

Asimismo, el fiscal especial habría solicitado la creación de una estructura similar a la de la extinta fiscalía especial para el caso Colosio.

Según las versiones obtenidas, el general Macedo de la Concha se negó a esas peticiones, con el argumento de que no había recursos y prefería que no hubiera ínsulas de poder en la PGR durante su mandato.

En ese contexto y ante la falta de plazas de estructura, el fiscal Carrillo Prieto habría contratado personas -para las cuales pedía inicialmente sueldos de unos 50 mil pesos- que, por imposibilidades jurídicas, primero laboraron de asesores y luego de agentes del Ministerio Público, hasta que se dotó a la instancia de una plaza de director de área. Ejemplo de ello fue el caso de César Osorio y Nieto.

Situaciones como ésa forman parte de las investigaciones que lleva a cabo la SFP, ya que se ha detectado que al menos una decena más de funcionarios que actualmente cuentan con plaza denominada de ''estructura'', es decir, legalmente autorizada, percibieron ingresos de la partida "gastos de carácter confidencial", que en la Femospp se conoce como "gastos de investigación", antes de ser funcionarios formales de la PGR.

De acuerdo con fuentes de la SFP y de la Contraloría Interna de la PGR, durante las auditorías practicadas a la Femospp se detectó que los recursos de la partida ''gastos de carácter confidencial'' habían sido erogados sin contar con el respaldo necesario para comprobar que en realidad se aplicaron de acuerdo con las normas establecidas en el manual correspondiente.

Además se ha detectado que varios de los principales colaboradores de Carrillo Prieto tienen familiares directos y en segundo grado en la nómina de ese órgano.

Como ejemplo de cómo se manejan en la PGR recursos de la partida "gastos de seguridad nacional", las fuentes consultadas explicaron que José Jorge Campos Murillo destinó en su calidad de subprocurador hasta 11 millones de pesos a "gastos de investigación", y que para comprobar el destino de esos recursos elaboró informes que incluyen y detallan gastos en hoteles, comidas, desplazamientos en avión y otros transportes, y los resultados positivos o negativos que arrojó la indagatoria en cuestión.

Esto no ocurrió con la Femospp, en la que si bien se redactaron reportes de pagos a informantes, sobre todo en cuanto a la llamada guerra sucia, en muchos casos no existen justificantes de gastos en coberturas de investigaciones.

Así, la Contraloría Interna de la PGR considera que la oficina encabezada por Ignacio Carrillo Prieto incurrió en malos manejos por un monto superior a los 21 millones de pesos directamente vinculados con la partida ''gastos de carácter confidencial'' o de ''seguridad nacional''.

Además se calculan en un millón de pesos las erogaciones en alimentos que no han sido debidamente comprobadas y se investigan adquisiciones en restaurantes de alta cocina. A lo anterior se suman cuentas por comprobar en materia de viáticos, cercanas a 2 millones de pesos.

La SFP decidirá si estos indicios constituyen una irregularidad administrativa que puede ser subsanada o si proceden sanciones administrativas e incluso la demanda de acción penal.

Denuncia penal por abuso de poder

Por otra parte, César Augusto Osorio y Nieto presentó el 25 de agosto una denuncia penal en la cual acusa a Carrillo Prieto "y diversos servidores públicos adscritos a dicha fiscalía" de cometer ''abuso de poder y autoridad, violentando múltiples disposiciones administrativas, laborales, penales e inclusive constitucionales''.

En la denuncia contra otros servidores públicos se involucra, entre otros, a Alfonso García Morales, coordinador de asesores; Juan Carlos Sánchez Pontón, director general de Investigaciones Ministeriales "A"; José Manuel Ruiz Jiménez, director de Dictaminación Jurídica, y Alejandro Romero Bernal, director general de Administración.

En la denuncia, de la cual La Jornada posee copia, se les atribuye no sólo haber separado de manera arbitraria de su cargo a Osorio y Nieto, sino también haber elaborado ilegalmente oficios, como el FEMOSPP/DGIM"A"/ 143/2005, por medio del cual el 14 de marzo se designó a Salvador Osorio Solís encargado de la Dirección General de Investigaciones ministeriales "B".

Osorio y Nieto señala en su denuncia que la dirección a su cargo no pudo ser entregada de manera legal debido a "la serie de irregularidades en que incurrió el personal de la fiscalía", además de que, de marzo a la fecha, sus emolumentos no han sido cobrados, aunque sí erogados.

En la averiguación previa que inició la PGR se menciona que, según el oficio DAPS/DAS/09580, de fecha 20 de junio, Osorio y Nieto sigue "activo y gozando de los haberes de manera normal, sin que exista antecedente de alguna sanción o retención".

En su denuncia Osorio y Nieto también señala la posibilidad de que en la Femospp existan documentos en los cuales se haya falsificado la firma del fiscal Carrillo Prieto para realizar supuestas acciones legales, como la que aparece en el oficio FEMOSPP/OFE/ 045, con el cual supuestamente se le separó del cargo.

En su escrito a la PGR, el ex funcionario refiere que "la firma que se atribuye al fiscal (en el oficio citado) es notoriamente diferente a la que utiliza en otros documentos que se estima son auténticos como la propuesta de nombramiento", con la cual ocupó la Dirección General de Investigaciones Ministeriales "B".