El caso se trasladaría a tribunales internacionales

Trabajadores de Pascual alistan una nueva etapa de resistencia

PATRICIA MUÑOZ RIOS

En esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estaría en condiciones de emitir su resolución sobre el caso Pascual, por lo que el consejo de administración de esta cooperativa señaló que se preparan para iniciar otra etapa de lucha por la defensa de esta industria.

La razón legal asiste a los trabajadores, partiendo de que un decreto expropiatorio del gobierno de Distrito Federal les otorgó la posesión de los terrenos en donde se ubican las dos plantas de producción de Pascual en la capital del país; no obstante, la decisión podría ser desconocida por el máximo tribunal del país.

En caso de que así suceda, la directiva de Pascual afirma que hay elementos legales suficientes para llevar esta lucha ante cortes internacionales, la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras representaciones de carácter internacional.

La semana pasada algunos ministros de la Corte indicaron que existen presuntas violaciones procesales en el decreto expropiatorio emitido en febrero de 2003 por Andrés Manuel López Obrador en su calidad de jefe de Gobierno, por lo que se pronunciaron en favor de devolver los derechos de los terrenos a la viuda de quien fuera el anterior dueño de ambos inmuebles.

Ante ello, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez planteó que los magistrados "no deben perder de vista" que el concepto de expropiación por utilidad pública es un medio legal del Estado mexicano para allegarse de bienes de un particular para la satisfacción de las necesidades colectivas, como es el caso de la cooperativa Pascual.

La ONG señala que Pascual es una unidad económica que satisface y garantiza la necesidad de empleo digno y estable, además de que posee una estructura orgánica fundada en los principios de equidad, mutualidad y solidaridad, hecho que permite una justa distribución de beneficios económicos y fortalece una economía "democrática y sustentable" que permite el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de todos sus afiliados.

Ante situación actual, el centro Pro exige a la SCJN que resuelva el contencioso sobre el decreto expropiatorio en favor de la Sociedad Cooperativa Pascual-Boing, toda vez que se considera de utilidad pública la permanencia de la empresa en las instalaciones que actualmente ocupa.

Con ello, argumenta, se garantiza el empleo de sus trabajadores y se promoverían beneficios económicos y sociales del modelo cooperativista.

Agrega que es fundamental que los ministros consideren a las sociedades cooperativas como asociaciones de trabajadores animados por las ideas de ayuda mutua y equidad, que buscan -sin afán de lucro individuales- obtener y distribuir directamente los beneficios económicos entre los socios, característica que las diferencia de las sociedades anónimas.

Indica que Pascual es una de las pocas cooperativas que subsisten en el país, a pesar de que la OIT recomienda la promoción de las mismas. Los beneficios de esta empresa, añade, se distribuyen directamente entre 2 mil trabajadores que laboran en las plantas del Distrito Federal, aunque de modo indirecto beneficia a otras cadenas productivas nacionales, como los productores de fruta y azúcar.