DESFILADERO
Aduanas: paradoja de Gil Díaz
Hacienda y Los Pinos tienden cortinas de humo
Reconocen vínculos de los Bribiesca con SGS
¿La privatización afectará la seguridad de EU?
EN RESPUESTA A la denuncia que La Jornada publicó el domingo pasado acerca de la inminente privatización de las aduanas de México, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), el sindicato de esa dependencia, la Administración General de Aduanas (AGA), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la Asociación Protectora de los Derechos Intelectuales Fonográficos, y hasta el mismísimo vocero bongocero de Los Pinos, protagonizaron esta semana un debate en torno, en favor y en contra de la anticonstitucional medida, pero a Francisco Gil Díaz todo lo que se le ocurrió decir fue que el único actor que está faltando a su deber en este asunto es, oh paradoja, La Jornada.
"Se ha generado mucha desinformación sobre lo que se está licitando en las aduanas, gracias a una página de La Jornada que no informó sobre lo que en realidad se está haciendo", afirmó el augusto patricio hace dos días (jueves 27 de octubre) en Puerto Vallarta, a la orilla del Pacífico, donde trató de restarle importancia al fondo del asunto: que la privatización de las aduanas de México beneficiará a los hijos de Marta Sahagún por conducto de la trasnacional suiza Societé General de Surveillance (SGS).
Pero, en abono de su descrédito, mientras depositaba esas falsas palabras en las grabadoras y libretas de los periodistas asistentes al 12 congreso del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Gil Díaz era desmentido flagrantemente nada menos que por uno de sus subordinados, el titular de la AGA, José Guzmán Montalvo, que era entrevistado el mismo día, casi al mismo tiempo, sobre la misma costa del Pacífico pero algunos cientos de kilómetros más al sur, en Acapulco.
A una pregunta explícita del reportero Eduardo Martínez, de La Jornada, Guzmán Montalvo reconoció que, efectivamente, los hijos de Marta Sahagún "tienen contacto con la empresa (SGS) desde 1993, mucho tiempo antes de la administración de Vicente Fox". Pero no dijo, y ni siquiera insinuó, que debido a esa antigua e inocente relación con los hermanos Bribiesca Sahagún, SGS saldrá vencedora del concurso el martes próximo. No, SGS ganará la licitación porque es una de las "alrededor de 10 empresas" que en el mundo se dedican a ese tipo de actividades, y quizá, también, porque de las 10 fue la única que casualmente se inscribió en el concurso, aprovechando información privilegiada que le facilitó... ¿quién cree usted?
En su edición del domingo pasado, La Jornada reprodujo declaraciones de funcionarios aduanales mexicanos que pidieron el anonimato por temor a represalias pero, a cambio, entregaron pruebas para sustentar su denuncia. Esta decía, en apretada síntesis, lo siguiente: que Hacienda, a través de una oficina menor del Sistema de Administración Tributaria (SAT) había publicado en el Diario Oficial de la Federación del martes 11 de los corrientes una convocatoria para privatizar las aduanas nacionales.
Que todo era un montaje para que el "concurso" fuera ganado por SGS, firma que estaría representada en México por la empresa mexicana Logistic Free Trade Zone, que dirige y posee Juan Carlos López Rodríguez, un ex funcionario de la AGA, que fue despedido e inhabilitado para continuar en el servicio público, pero que bajo la protección de Guzmán Montalvo obtuvo la concesión para administrar el recinto fiscal, una especie de aduana privada, que se encuentra en San Luis Potosí.
Los denunciantes agregaron que López Rodríguez y Guzmán Montalvo "están asociados con la familia Sahagún", y que por ello "este podría ser el negocio transexenal" de Vicente Fox (así como el fallido Registro Nacional de Vehículos -Renave- estuvo a punto de ser el negocio transexenal de Ernesto Zedillo).
Facilitar el contrabando
Al calcular el tamaño del botín que estaba y está en juego, estimaron que quienes recibieran la concesión de los servicios aduanales licitados por Hacienda obtendrían utilidades de entre 2 mil y 3 mil millones de dólares (o entre 22 mil y 33 mil millones de pesos) cada año. Todo eso, y mucho más, repito, lo publicó La Jornada el domingo. Abrumado por la desmesurada violencia del huracán Wilma, el gobierno federal reaccionó lo más pronto que pudo.
Al día siguiente, lunes, pero hasta en la noche, Hacienda emitió un boletincito con el insano propósito de rebatir los aspectos jurídicos y desvirtuar por añadidura, aunque sin mencionarlo, el transfondo político de la denuncia. Según el comunicado, desde 1993 varias empresas particulares realizan operaciones de apoyo, control y dictamen para el "segundo reconocimiento" de mercancías en las aduanas del país, lo que es "legal y transparente", pero como esas licencias expiran a finales de este año lo que se está haciendo es renovarlas.
Horas más tarde, martes ya, pero tempranito en la mañana, Rubén Aguilar, vocero y hermeneuta de Fox, acusó de "irresponsable" a quien "haya podido hacer esa afirmación" de que las aduanas iban a ser privatizadas, posibilidad que rechazó ya que "este gobierno no acepta ninguna acción fuera de la Constitución (¡sic!) y llamaríamos a cualquier parte a que no levante información a través de infundios".
La línea defensiva adoptada por el gabinetazo -minimizar el mensaje y acusar al mensajero- no surtió efecto. Senadores y diputados del PRI y del PRD subieron a la tribuna de sus respectivas cámaras y enfatizaron el grave peligro que después de la privatización aduanera correrá la seguridad nacional y anunciaron medidas para frenar el proceso aunque, hasta ahora, no concretaron ninguna.
El sindicato de trabajadores de Hacienda advirtió que 8 mil empleados federales de aduanas temen perder sus puestos. La Concamin recordó que la participación de empresas privadas en las aduanas no ha impedido el auge del contrabando y la piratería, que "sólo durante 2001 y 2002 introdujo al mercado interno mercancías con valor superior a 70 mil millones de dólares y provocó la pérdida de 700 mil empleos".
Los protectores de los derechos intelectuales fonográficos atribuyeron a esta causa la evasión fiscal de 800 millones de pesos anuales. Y otros informes aseguraron que 80 por ciento de los juguetes que hay en México son de origen chino y llegan al país con certificación legal -explicó una fuente a esta columna- después de entrar de contrabando a la aduana de Long Beach, Estados Unidos, en donde al igual que impresionantes volúmenes de vestido y calzado reciben, de las empresas privadas que tanto alaba Gil Díaz, papeles que les permiten seguir su viaje a "nuestras" tierras como importaciones lícitas.
A grandes trazos, este es el panorama de la corrupción que fomentan y estimulan tanto la SHCP como el "gobierno" que, según su vocero bongocero, "no acepta ninguna acción fuera de la Constitución". Sin embargo ese no es, de momento, el eje del debate. Lo que está a discusión es una medida autoritaria que pone en grave riesgo la seguridad nacional, viola las leyes fundamentales del país y redunda en provecho económico del presidente Fox y su familia política.
La nariz de Pinocho
Al mentir frente a la opinión pública diciendo que La Jornada "desinforma", Gil Díaz sólo pretende ganar tiempo. La licitación concluirá el martes próximo a las 11 de la mañana en el segundo piso del edificio ubicado en el número 43 de la calle Sinaloa, colonia Roma, del Distrito Federal, y todo está listo para que SGS, como anticipó este diario, "gane" el supuesto "concurso".
De acuerdo con las fuentes que denunciaron este escandaloso negocio, las empresas privadas que actualmente trabajan en la aduana desempeñan dos funciones menores: procesamiento electrónico de datos y "servicios relacionados necesarios para llevar a cabo el despacho aduanero". Pero la convocatoria del 11 de octubre dice otra cosa: llama a obtener "títulos de autorización para prestar al SAT... servicios de facilitación del reconocimiento aduanero de mercancías", lo que es muy distinto.
Esos servicios son: 1) revisión de mercancías de importación o en tránsito dentro de las aduanas; 2) clasificación arancelaria de las mercancías sujetas a revisión, y 3) verificación documental del valor y origen de la mercancía, para lo cual se requiere que los participantes en el concurso tengan cobertura mundial.
Si La Jornada engaña, como presume temerariamente Gil Díaz, Hacienda debe proporcionar los nombres de las empresas que "desde 1993" brindan los servicios enumerados en el párrafo anterior. No podrá encontrarlos porque éstos nunca habían sido vendidos a trasnacionales.
Si La Jornada "levanta información a través de infundios", como insinuó Rubén Aguilar, que alguien desmienta desde Los Pinos los viejos "contactos" que hace 12 años sostienen los hermanos Bribiesca Sahagún y la Societé General de Surveillance, como lo confesó en Acapulco, hace dos días, Guzmán Montalvo.
¿A quiénes les crecerá la nariz de Pinocho tras el dictamen del martes próximo? ¿Y si la venta de las aduanas de México pone en riesgo la seguridad nacional, no afectará en absoluto la de Estados Unidos? ¿Ya se lo preguntaron a Tony Garza?
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