El secretario de Gobierno presentó un informe de los hechos en Santa Martha Acatitla

Relevan al director de seguridad y custodia de los reclusorios locales

Anuncia medidas para mejorar las condiciones en los penales y combatir la corrupción

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

El secretario de Gobierno del Distrito Federal, Ricardo Ruiz Suárez, anunció la remoción del titular de Seguridad y Custodia de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (DGPRS), Clemente Avila Godoy, al presentar un informe de los hechos del pasado lunes en el Reclusorio Preventivo Femenil de Santa Martha Acatitla, ocurridos tras el fallecimiento de una interna, por un padecimiento epiléptico, en su dormitorio.

En lugar del funcionario destituido, designó a Lucio Hernández Gutiérrez, ex director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, quien asumió el cargo con la encomienda de realizar un proceso de evaluación y reordenamiento del área.

Ruiz Suárez anunció además varias acciones adicionales en el sistema penitenciario, cuyo propósito es mejorar las condiciones en que se encuentran las estancias de los internos y las áreas de visita familiar, así como evitar extorsiones y otros actos de corrupción dentro de los penales y en las áreas de ingreso de las visitas.

Advirtió que para resolver los problemas del sistema penitenciario se requiere revisar el marco jurídico con la participación del gobierno federal y del Poder Judicial, en temas como el traslado de presos de alta peligrosidad a los centros federales de readaptación social de máxima seguridad, y la aplicación de penas alternativas que eviten la saturación de los reclusorios preventivos.

En cuanto a los servicios médicos en las cárceles, anunció que se adquirirán tres ambulancias para establecer centrales de atención de emergencias en los reclusorios Norte y Oriente, así como en los tres penales de Santa Martha Acatitla.

Si bien reconoció que tiene que haber una mejora de los servicios médicos -para ello solicitó a la Secretaría de Salud hacer el análisis correspondiente-, reiteró que en el caso del fallecimiento de la interna María Angélica Sierra Ortega, la responsabilidad de dar aviso al personal médico para que interviniera, era de los custodios.

Según los dictámenes de la Procuraduría General de Justicia capitalina y del Servicio Médico Forense, la mujer falleció de asfixia por obstrucción de vías aéreas superiores por paso de contenido gástrico, entre las 4:30 y las 7:30 de la mañana del lunes. La mujer tenía antecedentes de farmacodependencia múltiple, epilepsia con 10 años de evolución, bajo tratamiento médico, así como obesidad extrema. El cuerpo fue encontrado a las 8:10 de la mañana, en el baño de la estancia 101 del dormitorio E, luego de que no respondió al pase de lista, y personal de seguridad, con apoyo de tres internas, rompió la puerta para entrar. Diez minutos después se presentó la doctora Martha Villeda, quien tras revisarla dictaminó el deceso, a las 8:30 horas.

A esa hora, el ahora ex director de Seguridad, Avila Godoy, recibió el primer reporte de que un grupo de alrededor de 90 internas se estaba reuniendo en el área de visita familiar para protestar, y solicitaba una entrevista con la directora del penal, Luz Margarita Malo González.

Ella, a su vez, informó a las 9:10 horas de la protesta al titular de la DGPRS, Hazael Ruiz Ortega, quien instruyó a Avila Godoy para que se presentara en el lugar, y arribó a las 10:30 horas, cuando ya se encontraban 20 efectivos del grupo táctico Tiburón y 229 granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Mientras se establecía el diálogo con una comisión de internas, otras comenzaron a arrojar piedras al personal de seguridad, por lo que se dio por terminado el diálogo, lo cual "incrementó el grado de agresión". Ricardo Ruiz indicó que el informe de hechos se enviará a la Contraloría para que determine si existe alguna responsabilidad de funcionarios.