La Casa Blanca no ofrece detalles sobre su propuesta migratoria, señalan críticos
"Fortalecer nuestras fronteras", la solución para defender a Estados Unidos: Bush
Nueva York, 22 de octubre. El presidente estadunidense, George W. Bush, enfatizó este sábado la seguridad fronteriza como el fundamento en su aún vaga y poco novedosa propuesta para una reforma migratoria.
Cuatro años después de que su gobierno anunció como prioridad una reforma realizada mediante un acuerdo binacional con México sobre migración, lo único concreto hoy son más fondos para fortalecer la línea fronteriza y medidas unilaterales para abordar el tema bilateral.
Migración fue tema del mensaje semanal de Bush, en que señaló que "para defender este país tenemos que fortalecer nuestras fronteras", y afirmó que su gobierno tiene una estrategia para abordar el problema: "Queremos impedir que la gente ingrese ilegalmente a Estados Unidos, y rápidamente regresar a los inmigrantes ilegales que capturamos a sus países de origen".
Abundó sobre lo logrado en este sentido en los últimos cuatro años, incluyendo más personal, tecnología y finalizar la construcción de la barda de 14 millas en San Diego, e informó que entre los resultados puede contabilizar que Estados Unidos ha deportado a más de 4.8 millones de inmigrantes indocumentados.
Para abordar mejor el "problema de la inmigración ilegal", Bush comentó que la ley de seguridad interna que acaba de promulgar incluye 7.5 mil millones de dólares para enfrentar este desafío de dos maneras.
Primero, más de 2.3 mil millones serán dedicados a la Patrulla Fronteriza, para intentar impedir el ingreso de trabajadores indocumentados, luego de contratar al menos a mil agentes más, mejorar la tecnología fronteriza y construir más barreras.
Segundo, se otorgarán 3.7 mil millones para rastrear y deportar a inmigrantes indocumentados que han ingresado al país. Se ampliará 10 por ciento la capacidad de los centros de detención, dedicados a los inmigrantes no mexicanos, para proceder con su "remoción expeditada".
Señaló que para los inmigrantes indocumentados mexicanos hay un plan diferente, con la misma meta. La idea es ampliar la "repatriación interna", donde los mexicanos capturados son enviados a sus pueblos de origen, buscando así dificultar su pronto regreso a la frontera.
Eso cambiara, según el presidente, la situación actual en que la mayoría de los 900 mil indocumentados mexicanos capturados cada año son escoltados de regreso al otro lado de la línea fronteriza.
Sólo después de subrayar los esfuerzos de seguridad fronteriza, Bush se atrevió a mencionar que estos esfuerzos no pueden funcionar si no forman parte de una "reforma comprensiva de migración que incluya un programa de trabajadores temporales".
Reiteró que si un patrón tiene un empleo que ningún estadunidense está dispuesto a ocupar, esa demanda deber ser satisfecha al juntar a patrones y trabajadores extranjeros sobre "una base temporal y legal".
Dijo estar dispuesto a trabajar con legisladores para solucionar las necesidades laborales de la economía sin "dañar a estadunidenses y sin otorgar amnistía".
Pero no ofreció plan detallado alguno o una propuesta más definida de cómo implementar este aspecto de su estrategia para abordar el tema migratorio.
Para algunos promotores de una reforma amplia y comprensiva, es positivo el hecho de que el presidente tocara el tema y demuestra que el asunto continúa vigente como prioridad de su gobierno.
Pero otros señalan que Bush sólo repitió su posición, sin tomar acción concreta ni declarar nuevas iniciativas para impulsar la implementación de alguna reforma.
"El gobierno no ofrece ningún detalle. No está interesado en aprobarlo, sólo está interesado en hablar de ello", opinó Mark Krikorian, director del Centro de Estudios Migratorios, organización que su opone a una liberalización de las leyes migratorias, en comentarios al Washington Post.
El diputado federal Tom Tancredo, opuesto a legalizar a inmigrantes indocumentados, también denunció el plan de Bush.
Por otro lado, organizaciones como el Foro Nacional de Inmigración, el Consejo Nacional de la Raza, AFL-CIO, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, entre otros, señalan que lo positivo es que Bush sigue abordando el tema y que continúa reconociendo que una solución que se centra exclusivamente en esfuerzos de seguridad pública no es viable, a menos que se incluya algún mecanismo para abordar la presencia y contribución económica de los millones de trabajadores indocumentados que hay en este país.
La propuesta de Bush supone que los entre 8 millones y 11 millones de indocumentados se registrarán para lograr obtener permisos de trabajo legal bajo el programa de trabajadores huésped durante un periodo de tres años, renovable por un segundo periodo de tres años, antes de tener que regresar a sus países de origen.
Críticos de ambos lados del gran debate sobre migración señalan que muchos de los inmigrantes dudarán si vale la pena registrarse sólo para después ser deportados al concluir los periodos establecidos.
De momento, el debate se centra en dos proyectos de ley en el Senado. El patrocinado por los senadores John Cornyn y Jon Kyl ofrece un programa de trabajadores huésped, pero sólo para inmigrantes que antes retornen a sus países de origen.
Otro, favorecido por una amplia coalición de las principales organizaciones empresariales, laborales, religiosas y coaliciones pro reforma migratoria, es la promovida por los senadores Edward Kennedy y John McCain, la cual impone una multa a los indocumentados como condición para ingresar al programa de trabajadores huésped, que incluye un mecanismo para que algunos que cumplan con ciertos requisitos puedan solicitar la ciudadanía después de un periodo, sin violar ninguna ley.
El pasado viernes, esta coalición publicó un desplegado de plana completa en el New York Times solicitando apoyo público para la propuesta de Kennedy y McCain, argumentando que es la única que toma en cuenta que el tema migratorio es asunto de seguridad pública, económico y de familias.
El anuncio fue apoyado por 261 organizaciones y 14 mil individuos, incluyendo agrupaciones empresariales, de defensa de inmigrantes latinos y asiáticos, sindicales, comunitarias y religiosas.
Varios dirigentes empresariales y laborales, analistas y líderes locales están de acuerdo en que el sistema actual está "descompuesto", y que la ausencia de una solución nacional crea un vacío donde políticos, organizaciones y ciudadanos del ámbito local están ahora enfrentando las consecuencias y respondiendo de varias maneras.
Como lo resumió recientemente el New York Times en un editorial, "es hora de que el presidente y el Congreso cumplan con su tarea. Las comunidades locales, al responder con soluciones desordenadas o peligrosas, como los vigilantes en Nuevo México y arrestos al azar por viviendas atestadas en Long Island, en verdad están clamando por una cura nacional".
Pero como reconoce implícitamente hoy la declaración del presidente, las fuerzas antinmigrantes siguen contando con suficiente fuerza como para impedir alguna reforma real y obligan a quien desea tocar el tema a hablar mediante el prisma de "seguridad pública" y "defensa de la frontera", y no de la aportación económica, social y cultural de los inmigrantes y mucho menos sobre sus derechos humanos básicos.
Como aseguró hoy el presidente, "nuestra meta es regresar a cada uno de los que entran ilegalmente, sin excepciones".