De nuevo el nuevo régimen fiscal de Pemex
El Presidente de la República no publicó el decreto del nuevo régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex) aprobado en junio pasado. Lo regresó con observaciones. Luego de considerarlas, los diputados lo aprobaron nuevamente. Es probable que en unos días lo hagan los senadores. ¿Qué observaciones formuló el Presidente al decreto que reformaba diversas disposiciones del Capítulo XII, del Título Segundo de la Ley Federal de Derechos, emitido por el H. Congreso de la Unión? Excepto una, todas se vinculaban a las tres interrogantes fiscales fundamentales: 1) ¿Cuál es el ingreso base para calcular la contribución de Pemex?; 2) ¿Qué parte se debe aportar al fisco?; 3) ¿En qué se va a gastar?
La observación que llamaría rara -asunto sorprendente y que, en realidad, desprestigia al Ejecutivo por estar fuera del contexto fiscal- se refiere a la vieja intención de tener personeros privados en el consejo de administración de Pemex. Fue ignorada, entendiéndose que, en todo caso, se discutirá pronto, cuando se analicen la autonomía y la nueva estructura organizativa de la empresa. Pero lo esencial se centró en la base, el monto y el destino de la contribución de Pemex.
La base de la contribución se obtiene restando al ingreso de Pemex -calculado de acuerdo con la producción, ventas, precios y tipo de cambio aprobados anualmente en la Ley de Ingresos- las deducciones autorizadas. Cambios -primordialmente en precios- van a recaudaciones extraordinarias. Muy importantes y debatidas, pero extraordinarias, como lo serán los casi 40 mil millones de dólares extraordinarios que recibirá este gobierno en el sexenio.
Las deducciones previstas se reducen a dos: costos de producción y amortización de inversiones capitalizables, pues las otras van en los costos. Y aquí los primeros puntos de diferencia entre Legislativo y Ejecutivo. En el primer caso -determinación de la base- quién o quiénes y con qué racionalidad determina las plataformas de producción y ventas de Pemex y, finalmente, el precio de referencia. El Legislativo quiere participar más en ello. De hecho ya lo hace al discutir el precio. El Ejecutivo argumenta que es su derecho constitucional exclusivo hacerlo.
La solución -mediada y leguleya- fue que el Legislativo participa en las estimaciones, pero que la determinación corresponde al Ejecutivo, y que aquél sólo la sanciona en la Ley de Ingresos, como ya lo hace con el precio. Y en el segundo caso -deducciones- Legislativo y Ejecutivo coincidieron en dos cosas: 1) reconocer costos de producción máximos de crudo y gas asociado (6.50 dólares por barril) y de gas no asociado (2.70 dólares por mil pies cúbicos) para descontarlos al definir la base gravable; 2) aceptar la necesidad de descontar la amortización anual de las inversiones capitalizables. Y aquí, más que diferencias de fondo, hubo reformulaciones del Ejecutivo que fueron aprobadas.
En el primer caso obligar a Pemex a establecer un programa multianual de racionalización de sus costos -evaluado y supervisado- asunto que fue aprobado y que debiera imponerse a toda empresa pública. Y en el segundo, autorizar a una amortización de inversiones en seis años (16.7 por ciento anual) y no en cinco (20 por ciento), como se había aprobado. En ambos casos -supuesto el cumplimiento de las bases de producción, ventas, precios y tipo de cambio- se garantiza un poco más ingresos a la Secretaría de Hacienda que en la versión aprobada en junio pasado, asunto que se resolverá con una reforma fiscal de fondo, que determine qué ingresos sustituyen las aportaciones petroleras.
Dos deducciones más debatidas y aprobadas -para la Auditoría Superior de la Federación y para el Fondo de Investigación Científica y Tecnológica en materia de energía-, en realidad debieron ser interpretadas como parte de los destinatarios de las aportaciones, al cuidarse que no se entregaran con cargo al patrimonio de Pemex. Respecto de los porcentajes de aportación, hay que decir que prácticamente no cambiaron. Las tablas aprobadas en junio continúan. Con ello, los montos de aportación se mantienen prácticamente en el mismo nivel, con excepción del ligero volumen excedentario que garantiza ampliar los plazos de amortización de inversiones. El asunto más delicado está en torno al destino de las aportaciones petroleras, es decir, en qué se van a gastar las aportaciones petroleras. El fondo de la discusión y del rechazo presidencial fue y seguirá siendo el destino de los ingresos extraordinarios, porque -nos guste o no- los ordinarios ya forman parte secular de los gastos, incluso corrientes del sector público. Y seguirán en tanto no haya una reforma fiscal de fondo que los sustituya. Gradualmente, si se quiere, pero que los sustituya.
Lo delicado del nuevo decreto es la presión -tremenda- que ejercieron quienes creen que deben beneficiarse de los excedentes petroleros extraordinarios, incluso al grado de menospreciar la importancia estratégica -por el bien de todos- del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros que, finalmente, quedó relativamente cubierto en el nuevo decreto, aunque sigue existiendo el riesgo de su manejo discrecional. Y aquí reitero algo lamentable. Los gobernadores -como la Federación- quieren más dinero fácil. Y esto no se resolverá con este nuevo decreto ni con la promesa de tratar de aumentar las participaciones de estados y municipios.
En realidad sigue pendiente la discusión de fondo y sus dos vertientes: la sustitución de los derechos ordinarios a que está acostumbrado el fisco mexicano y el uso de los extraordinarios, que indudablemente deben utilizarse para el fortalecimiento productivo de Pemex, del sector energía y de la infraestructura del país. No por eso -claro que no- despreciemos el hecho de que, efectivamente, esta reforma le permite a Pemex contar con un poco más de recursos de inversión y fortalecerse. Pero no nos olvidemos de determinar las contribuciones alternativas a las petroleras. Nunca lo olvidemos. Nos urge hacerlo. De veras.