La promoción y difusión de la incultura
Un proyecto gubernamental de ley de fomento y difusión de la cultura ha provocado ya gran resistencia y movilizaciones de quienes trabajan, precisamente, en la difusión de la misma, en la defensa del patrimonio artístico y en instituciones como el INBA, que tutela las bellas artes, o el INAH, que estudia y ampara las culturas indígenas y populares, entre otras cosas, y los monumentos históricos por ellas legados al país. Esas manifestaciones adoptaron formas creativas e insólitas, como un coro de repudio a la ley formado por músicos y cantantes afectados por este enésimo intento de hacer retroceder aún más al sector cultural estatal y ponerlo en serio peligro de injerencia de la búsqueda del lucro privado o del poder en el mismo (recuérdese el escandaloso uso del centro ceremonial El Tajín por decisión del gobernador de Veracruz que, como otros funcionarios, utilizó los sitios arqueológicos, propiedad de la comunidad nacional, como si fueran Disneylandia o campos de sus familias).
Sin embargo, algunos especialistas en el sector cultural, como Néstor García Canclini, han hecho observar con razón que se necesitaría legislar sobre la totalidad de lo que atañe a la cultura, y sostienen que ésta no se reduce a instituciones como el INBA y el INAH o a la preservación de los bienes culturales. Además, dicen que el Legislativo debería encarar esa batalla de tanta importancia y de gran aliento. Pero olvidan que un gobierno impotente, que está de salida desde hace rato -mediante un proyecto presentado por una "responsable" cultural cuya mayor preocupación es viajar interminablemente a costa del erario y alojarse en los mejores hoteles de todo el mundo mientras otros paguen-, y los miembros mayoritarios de un Poder Legislativo enfrascado en una campaña electoral que aún no empezó, pero que culminará dentro de poco, no están en condiciones para discutir con la población, de forma seria y responsable, una ley fundamental para el desarrollo, la soberanía y la identidad misma de los mexicanos.
Por otra parte, el proyecto oficial es un engendro deforme. Por ejemplo, a pesar de su título, en su articulado no dice cómo piensa fomentar y difundir la cultura y ni siquiera define qué entiende por ésta. En cambio, se preocupa, y mucho, por vulnerar la ya maltrecha autonomía de prestigiosas instituciones a las que pretende meter bajo la férula de la coordinación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA). Por ejemplo, el artículo 17 del proyecto de ley establece que ésta coordinará las entidades del subsector cultural y hará una revisión y análisis integral de los proyectos de programa, arrogándose por tanto un derecho virtual de veto o de revocación de los mismos. Nótese de paso que, en este intento impositivo, el mismo lenguaje es aberrante, ya que la ambigua palabra "revisión" precede al "análisis integral" de programas ya condenados de antemano.
Para que todo quede más claro, el artículo 18 del proyecto, que es de esperar vaya a la papelera, establece que el encargado del CNCA podrá presidir los órganos de gobierno de las entidades paraestatales del subsector cultura y proponer el nombramiento y la remoción de los titulares de las mismas. Lo que quienes opinan como García Canclini olvidan es que no estamos ante un proyecto puro, desinteresado y que se preocupa por defender la cultura, sino ante un intento de reforzar el poder de una dirección gubernamental inútil y nociva para poder barrer mejor toda resistencia a la misma política privatizadora y antinacional que ha aplicado el gobierno en otros sectores o que intenta aplicar en el campo de la energía.
No se trata, por tanto, de discutir en el parlamento sueco o suizo, serenamente, cómo promover la cultura, en general, para todos los ciudadanos, sino de una medida política mal pergeñada y apresurada, destinada a meter mano sobre fondos e instituciones que, como pueden con sus escasos recursos y venciendo sabotajes, son utilizados en el único subsector cultural en el que el Estado es aún mayoritario (ya que en los medios de información y de comunicación, hacedores de cultura, ha resignado su papel, y en la difusión de las culturas indígenas y populares es prácticamente nulo).
El rechazo a este golpe de mano debería ir unido a una discusión real en la sociedad, con propuestas eficaces y bien meditadas, en la que intervengan los sectores afectados por este proyecto oficial, pero también académicos, universidades, institutos culturales, medios, de modo de preparar en conjunto un proyecto de ley eficaz de difusión y promoción de la cultura, en todos sus aspectos, que deberá discutir la próxima legislatura. Porque la cultura, contrariamente a lo que está en el fondo del proyecto oficial, no es un producto que puede venderse en el mercado. Es la esencia misma de la identidad de los pueblos, la base de su resistencia contra los intentos de anular su soberanía, el aglutinante de la organización democrática. Es por consiguiente algo demasiado serio para dejarlo en manos de un Congreso compuesto por la misma gente que, sin rubor alguno, votó la ley antindígena o el desafuero a López Obrador, y pocos días después fue desmentida por el Presidente, que pactó con quien estaba destinado presuntamente al sacrificio de sus derechos ciudadanos, sin que esos "legisladores" ni siquiera chistasen.