Omisión del gobierno, dejar Afore a empresas sin experiencia financiera: Alonso Raya
Comienza cabildeo del Ejecutivo para modificar sistema pensionario del ISSSTE
El gobierno del presidente Vicente Fox inició el cabildeo en el Congreso de la Unión con objeto de modificar el sistema de pensiones del Instituto de Seguridad Social y Servicios de los trabajadores del Estado (ISSSTE), mediante el esquema de traspaso de los fondos de retiro de más de 2 millones 500 mil trabajadores a las administradoras privadas. En consonancia con esa iniciativa, la Secretaría de Hacienda está a punto de autorizar la participación en el mercado de los fondos de retiro de una nueva Afore, cuyos proponentes son los dueños de las tiendas Coppel.
"Con esto, el Estado renunciará definitivamente a su responsabilidad de proveer pensiones dignas y suficientes a los trabajadores. Las cuentas individuales, como base de las pensiones, no resuelven el problema, sólo buscan el rentismo que beneficia a unos cuantos; cabe el ejemplo de los tenderos convertidos en administradores del ahorro: Afore Azteca -propiedad de Ricardo Salinas, quien es dueño del consorcio Elektra y Tv Azteca, y Coppel. Abrir la puerta a esas empresas que no tienen experiencia financiera, "¡es una grave omisión del gobierno de Vicente Fox!", sostuvo el presidente de la comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya.
A una semana de haberse resuelto el conflicto laboral en el Seguro Social, los operadores foxistas comenzaron el acercamiento con legisladores en la Cámara de Diputados, pues es de su interés resolver en los próximos meses el tema de las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado.
Aparentemente la propuesta de la Secretaría de Hacienda es "benévola", porque dice respetar las jubilaciones de los pensionados actuales, y resguardar los derechos adquiridos de los trabajadores a la fecha de la reforma. Y coloca dos opciones generales. Primera, mantener el régimen de beneficios definidos actualmente, y, la segunda, migrar a un sistema que procure la correspondencia de contribuciones y beneficios.
No obstante, la dependencia en su documento aclara que mantener el régimen de beneficios definidos no es una opción, porque subir las cuotas en el régimen actual sólo representaría un paliativo, "y no le resta presión a las finanzas públicas en el largo plazo. Bajar los beneficios es complicado, por ejemplo, para solucionar el problema vía la edad de jubilación habría que elevarla a cerca de 75 años".
Hacienda considera que la segunda opción es una solución permanente, porque "en un sistema de cuentas individuales las aportaciones están ligadas a los beneficios, ya que la pensión para cada trabajador sería, en la mayoría de los casos, igual a sus contribuciones más los intereses; el sistema está en equilibrio y se elimina la trayectoria explosiva del déficit".
Además, las autoridades encabezadas por Francisco Gil Díaz refieren que se salvaguardarían los derechos de los trabajadores de menores ingresos por medio de una pensión mínima garantizada, y "en caso de no caer en pensión mínima puede escoger su edad de retiro de acuerdo con el tamaño de la pensión que desee".
La propuesta denominada migración al nuevo sistema promete que los trabajadores que ya están jubilados no observarán ningún cambio, y aquellos que ingresan después de la reforma se incorporarán al sistema de las Afore adquiriendo portabilidad, y a aquellos empleados que estén laborando se les reconocerán sus derechos pensionarios.
El texto refiere una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elaborada por Mariano Azuela Huitrón, quien al contrario de lo que ocurre con los ministros del Poder Judicial, determina quién tiene derechos adquiridos de jubilación y quién no:
"El derecho a la jubilación no nace inmediatamente cuando se pacta, sino que está condicionado al cumplimiento de algunos requisitos, como cumplir cierto número de años de servicio, que de no actualizarse impedirá que se adquiera ese derecho; de igual manera, si no se optó por la jubilación, no se actualizaron los supuestos de la norma, es decir, si en su momento quien tenía derecho a jubilarse con los porcentajes inherentes al tiempo de servicio correspondiente no hizo valer ese derecho, no se actualizó el supuesto beneficio por la norma."
Para la Secretaría de Hacienda sólo los jubilados que ya han tramitado y obtenido una pensión tienen el derecho adquirido para recibirla, situación en la que no se encuentran quienes aún trabajan, y refiere que la reforma "tiene un profundo objetivo social y beneficia a los trabajadores actuales mucho más allá que el criterio jurídico y la expectativa de derechos pensionarios que marca la ley".
De esa forma, la dependencia establece que a los trabajadores actuales se les reconocen los derechos adquiridos de jubilación a la fecha de la reforma, mediante un bono de reconocimiento, es decir, se les crea una cuenta individual con un depósito inicial equivalente al valor presente neto de la pensión a la que tienen derecho al momento de la reforma.
Cuando ocurra la jubilación, se señala, su pensión será igual al bono de reconocimiento más lo que hayan depositado durante el resto de sus años cotizantes y los intereses que se hayan generado; no obstante, el bono no podrá ser rembolsable en efectivo, porque el gobierno entregará a los trabajadores un papel moneda redimible a su retiro en su cuenta de Afore. "El bono de reconocimiento y sus demás contribuciones rinden intereses que se capitalizan mientras están en la Afore; cuando el trabajador se retire, el bono se vence y se suma al resto de sus contribuciones y a sus intereses para contratar su pensión".
El diputado Alonso Raya exigió al gobierno foxista no omitir su responsabilidad, porque "el Estado mexicano está obligado a proveer de recursos dignos y suficientes para el retiro; todos los actores deben asumir su tarea de pago para poder financiar a los trabajadores que han laborado toda su vida al servicio del Estado".