Si el jefe de Gobierno lo dispone, dice, "veríamos la manera de implementarla"
Innecesaria, fiscalía para investigar asesinatos de ancianas, señala Bátiz
Coteja la procuraduría capitalina los rasgos y huellas dactilares de un sospechoso
Ante la posibilidad de crear una fiscalía especial para investigar los asesinatos de ancianas, que mencionó el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, el procurador de Justicia local, Bernardo Bátiz, indicó que no rechaza la idea pero hasta el momento no es necesaria.
"Si el jefe de Gobierno considera que pudiera tomarse la decisión, por supuesto que lo apoyaré y veríamos la manera de implementarla", dijo el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), en entrevista después de la reunión del gabinete de seguridad.
Expuso que hasta ahora la dependencia a su cargo continúa las investigaciones con el equipo asignado al caso y "cambiarlo no sería lo mejor", ya que sus elementos tienen avances para esclarecer el asunto.
En tanto, una llamada anónima condujo a la detención de un sospechoso de esos asesinatos, en la calzada de Tlalpan; sin embargo, el procurador señaló que se le dejó en libertad, mientras no se pueda confirmar su responsabilidad en esos delitos. Mientras se cotejan sus rasgos con los retratos hablados, y sus huellas dactilares serán comparadas con las que se han encontrado en los lugares de los homicidios.
Por otro lado, el procurador subrayó que no existe persecución contra travestis ni trabajadores sexuales. "Hubo la detención de varios en la calzada de Tlalpan, (pero) no se les detuvo por motivo de su trabajo, se tiene respeto a su actividad".
Explicó que este procedimiento también se está realizando en centros de salud, con trabajadores sociales y enfermeras.
En tanto, en protesta por el operativo de fichaje de travestis y trabajadores sexuales, alrededor de 30 integrantes de ese sector se manifestaron ayer afuera de las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), donde reclamaron al presidente de ese órgano, Emilio Alvarez Icaza, que emita un pronunciamiento contra esa redada "de tintes homofóbicos".
Manifestaron que 50 de sus compañeros fueron fichados sin que se presentara una orden judicial, y se les impusieron multas de entre mil 200 y mil 400 pesos para dejarlos en libertad.
Después de una intensa discusión, los manifestantes aceptaron que una comisión de 15 personas dialogara con Pilar Noriega, primera visitadora de la CDHDF. A su salida, señalaron que Noriega les mostró una copia de una medida cautelar que el organismo envió a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en la que se solicita que esas instancias se abstengan de realizar operativos contrarios a los derechos de los trabajadores sexuales.
Por su parte, Jaime Moreno, de la asociación Brigada Callejera, afirmó que dicho operativo "acentuó la homofobia" y la procuraduría "sólo trata de justificar el trabajo que no hizo mientras negó la existencia del asesino de viejitas".