Anuncian la presentación de tres pruebas que confirman que se trató de un homicidio

Confían familiares de Digna en que la teoría del suicidio se derrumbará

Los hermanos de la defensora piden a la PGJDF evaluar con imparcialidad los nuevos peritajes

A cuatro años de la muerte, advierten que no cejarán en su empeño de que la verdad salga a la luz

BLANCHE PETRICH

La familia de la abogada veracruzana Digna Ochoa y Plácido y la Red de Defensores de Derechos Humanos 19 de Octubre aseguraron ayer que la investigación penal sobre el asesinato de la activista ''sigue abierta'', y que ellos no cejarán en su empeño de que las autoridades esclarezcan el crimen y reconozcan que la conclusión inicial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sobre el ''suicidio simulado'', el cual determinó el no ejercicio de la acción penal, fue un error.

Jesús y Agustín Ochoa, hermanos de Digna, informaron en rueda de prensa que el abogado de la familia, José Antonio Becerril, podrá presentar ''próximamente'' el resultado de tres pruebas periciales -en materia de medicina forense, criminalística y química forense-, que las autoridades judiciales capitalinas intentaron obstaculizar desde mediados de 2003, inclusive antes de que la fiscalía especial que encabezó Margarita Guerra presentara su controvertida tesis del ''suicidio simulado''.

Una de las pruebas a presentar será el análisis pericial que resulte de la exhumación del cuerpo de Digna Ochoa, realizada el pasado 28 de junio en su natal Misantla. En opinión del representante legal de la familia, esta diligencia fue necesaria para ''entrar a la verdad de los hechos".

Próximamente se realizará otra prueba -la del radizonato de sodio-, que busca controvertir la versión oficial de que a la víctima no se le encontraron huellas de pólvora en la mano con la que presuntamente se disparó en la sien, porque arguyeron que el diseño del arma hallada en la escena del crimen no deja estos indicios.

Inicialmente la defensa había solicitado un examen pericial más técnico y moderno que el del radizonato: la prueba de la ''espectrofotometría de absorción atómica con horno de grafito''. Sólo tres instituciones del país tienen capacidad para realizar estas pruebas: el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Procuraduría General de la República. Las tres declinaron cooperar con la defensa en esta diligencia.

Una vez que se reúnan y desahoguen los dictámenes periciales de la defensa, ésta los presentará al coordinador de Agentes del Ministerio Público Auxiliar de la PGJDF, José Antonio Pérez Bravo.

La imparcialidad de esta instancia es cuestionable, ya que este funcionario trabajó en la fiscalía de Margarita Guerra y fue el responsable de elaborar la hipótesis del suicidio simulado. Pérez Bravo tendría que echar por tierra su propia resolución. ''Esperamos que esta vez reconozca su error y analice nuestras pruebas desde un punto de vista técnico- jurídico, en forma imparcial y objetiva", indicó Jesús Ochoa.

La coordinación de Pérez Bravo deberá emitir un fallo después de valorar las pruebas presentadas por la defensa. Si esta resolución no satisface a la familia Ochoa y Plácido y a los organismos que han rebatido la tesis de la PGJDF, la defensa puede inconformarse y recurrir de nueva cuenta al amparo.

Si este recurso fuera declarado improcedente en el juzgado del Distrito Federal, el caso pasa a la instancia de un juzgado federal de materia penal. El juez de distrito o, en su caso, un tribunal colegiado podrán entonces valorar los dos argumentos, con sus respectivas pruebas y con conocimiento de fondo del caso. ''Y ya en esa instancia -confían los abogados Becerril y Pablo Cuéllar- estaremos por primera vez ante un juez en igualdad de condiciones. En la primera parte del proceso nos negaron el derecho a presentar nuestras pruebas, nos mantuvieron con las manos atadas. Esta vez seremos escuchados''.

Recuerdan a la activista

Digna Ochoa fue recordada ayer, a cuatro años de su muerte, en dos misas: una en Coyoacán y otra en el Ajusco.

En la primera ceremonia el sacerdote Alejandro Castillo dijo en su homilía que las autoridades y sectores que intentaron ensuciar la memoria de la abogada "promovieron la confusión para no aclarar el motivo de su muerte", lo que produjo división en la sociedad y frenó el curso de las investigaciones. ''Gracias a la lucha de algunos grupos y personas defensoras de los derechos humanos se ha conseguido que el caso no quede cerrado, pero lo que permanece como una herida abierta es el empantanamiento y ensombrecimiento de la vida de Digna".

Por ello, agregó el sacerdote, "el crimen mayor en este caso es matar el espíritu, decirle a la opinión pública que los defensores de derechos humanos padecen graves problemas de personalidad".

Concluyó: "Lo que tenemos que aclarar, en primer lugar, es que la defensa de los derechos humanos es una causa noble que vale la pena continuar y promover".