Desde afuera
Según nota periodística (Reforma, 19/10/05), desde Washington el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH), Santiago Canton, recomendó al Estado mexicano adoptar "medidas cautelares" que permitan a uno de los pretendientes a la Presidencia de la República iniciar los pasos conducentes a su registro oficial en la contienda de julio de 2006.
La razón por la cual el pretendiente recurrió al exterior para defender sus aspiraciones a participar en la campaña presidencial es que la legislación electoral prohíbe las candidaturas independientes y obliga a la afiliación partidista, y él no ha logrado el apoyo de ninguno de los partidos existentes. El propósito de la fórmula que favorece a los partidos no es de ninguna manera limitar los derechos ciudadanos; bien al contrario, esta disposición electoral busca prevenir el arribismo irresponsable de políticos de oportunidad, evitar la fragmentación del voto y contribuir a la estabilización de los procesos electorales y de los partidos políticos. Elementos todos estos que, como se ha visto en otras experiencias, abonan el terreno para la desestabilización del marco institucional dentro del cual se desenvuelve la lucha por el poder.
Es una exageración del señor Canton aludir a esas condiciones como "requisitos desproporcionados e injustificados". Es posible que no sepa que el de-sarrollo de instituciones estables y confiables, como el Instituto Federal Electoral (IFE) y el fortalecimiento y la consolidación de los partidos ha dado sentido a la democratización mexicana. En cambio, rehuímos como la peste las opciones políticas personales y personalizadas, cuyo compromiso con las reglas establecidas tiende a ser vacilante, precisamente porque nuestra historia ha sido de malos caciques y caudillos regulares.
El señor Canton tendría que mirar una experiencia más reciente: el costo que tuvo para el PAN y para nosotros, la asociación no partidista Amigos de Fox, que en su momento hubiera querido darle la vuelta al partido y lanzar a su candidato por una vía independiente que lo liberara de compromisos y responsabilidades institucionales. No hay más que recordar el desorden de los primeros tiempos de este gobierno para darse cuenta de que los partidos mexicanos cumplen una función central en la gobernabilidad del país. El interés que tenemos en proteger a nuestras instituciones reside en que mal que bien su comportamiento es predecible, no así el de los individuos.
La CIDH se equivoca cuando afirma que "Hasta ahora no ha sido posible encontrar en México una fórmula que garantice la estabilidad y consolidación del sistema de partidos..." Estos son hoy en día los actores políticos más estables, los que, mal que bien, han logrado encauzar conflictos, han estructurado la lucha por el poder, han sido interlocutores de un Poder Ejecutivo vacilante y contradictorio.
La comunicación mencionada añade que la ley vigente no es compatible con la garantía constitucional "...de los ciudadanos para ser votados para cargos de elección popular." Toda democracia electoral establece reglas que garantizan su buen funcionamiento y, sobre todo, su supervivencia. Por ejemplo, en muchos regímenes electorales de representación proporcional, al igual que aquí en México, los partidos deben obtener un porcentaje mínimo para acceder al Poder Legislativo. La legislación mexicana exige 2 por ciento del voto, pero en Alemania el porcentaje es de 5 por ciento. Para combatir esa regla podría argumentarse que se está negando la representación a los ciudadanos que votan por una organización que obtiene un porcentaje inferior al límite establecido. El propósito de la norma no es excluirlos, sino proteger a las instituciones democráticas de los riesgos de la pulverización del voto o de la participación de fuerzas antidemocráticas que se sirven de las prerrogativas de la ley para minar la estabilidad institucional.
En el caso mexicano es importante que las ambiciones personales de los políticos queden inscritas dentro de una institución, dado el apoyo increíblemente generoso que el Estado proporciona a la competencia democrática. Hasta ahora no se ha podido castigar a los bribones del Partido de la Sociedad Nacionalista que defraudaron millones de pesos al IFE, pero la experiencia de estos delincuentes no ha desacreditado a todos los partidos políticos. Las tasas de participación electoral indican que los mexicanos queremos un sistema de partidos antes que un régimen de notables.
En el proceso de democratización en México, al igual que en otros, se han desvanecido las fronteras entre el mundo exterior y procesos que en el pasado eran competencia exclusiva de los estados nacionales. La elección de los gobernantes era por excelencia un tema de soberanía, y pese a la globalización, la internacionalización y todos los cambios, debe serlo, porque la única manera en que nos podemos sentir representados y comprometidos con un gobernante es si los votantes mexicanos lo elegimos.
A pesar de que las conductas individuales son menos predecibles que las institucionales, cada uno de nosotros tiene patrones de comportamiento que nos son característicos. Por ejemplo, no es la primera vez que el candidato sin partido recurre al exterior en busca de apoyo para sus proyectos políticos. Por esa simple razón habría que preguntarse si el principal obstáculo que enfrenta ahora es efectivamente la legislación electoral o acaso otro tipo de limitación que no figura en la ley que una y otra vez lo ha llevado a movilizar fuera un apoyo inencontrable dentro.