Personal de resguardo impidió la salida de las garantías
Embargan bienes a la delegación Milpa Alta
Recurrirá al amparo
Advierte acreedor que usará la fuerza pública
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La delegaci�ilpa Alta fue embargada por no cumplir con pagos a la empresa Rinc�. Construcciones, por un monto de m�de 600 mil pesos. En la imagen, un polic�impide la salida del equipo fijado como garant�FOTO Jes�llaseca
Foto: Jes�llaseca
En un hecho que no tiene precedentes en la historia reciente de la ciudad, ayer fueron embargados bienes de la delegación Milpa Alta, por incumplir en el pago de 647 mil 295 pesos a la empresa Rincón G. Construcciones. El juez 20 civil del Distrito Federal, José Agustín Pérez Cortes, determinó la sentencia ante la negativa del gobierno de Cuauhtémoc Martínez Laguna de liquidar el adeudo.
La incautación de los bienes no se vio impedida, pese a la oposición de funcionarios de la delegación, quienes ordenaron al personal de resguardo que obstaculizara la acción judicial, por lo que Juan Carlos Ferreo, representante legal de la constructora, dijo que solicitará el apoyo de la fuerza pública para que los bienes embargados queden con el depositario en los primeros días de la próxima semana, y no en la delegación.
Los bienes embargados son dos cuentas bancarias a nombre de la delegación Milpa Alta, registradas en Bancomer, que son para pagar a mandos medios y para el depósito de recursos autogenerados; así como tres computadoras y seis vehículos oficiales.
La actuación
Cerca de las nueve y media de la mañana Eduardo Salinas Ramírez, actuario del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se presentó en la jefatura delegacional para notificar al titular de la demarcación del embargo. Fernando Morales, secretario particular de Martínez Laguna, desestimó la diligencia, e inclusive pidió que se acelerara porque tenía programada una reunión.
Poco a poco llegaron el director y el subdirector Jurídico y Gobierno, Benito Blancas y Roberto Otero, respectivamente; el de Obras, Víctor Manuel Díaz, y otros más, pero el jefe delegacional jamás se presentó, pues "se encontraba en los preparativos de la feria de la barbacoa".
Fue entonces que el representantes del tribunal, Eduardo Salinas, preguntó a los funcionarios:
-¿Reconocen la deuda de 647 mil 925 pesos a la empresa Rincón G, Construcciones?
El subdirector jurídico y de gobierno, Roberto Otero, respondió afirmativamente.
-¿Pagaría en este acto?
-No. Pero no es un desacato -aclaró el funcionario.
Otero argumentó que no se oponía a la sentencia emitida por el juez; sin embargo, dejó asentado en el acta que los bienes son de dominio público y por lo tanto, de acuerdo con el artículo 776 del Código Civil para el Distrito Federal, y en concordancia con el artículo 16, fracción 17, de la Ley de Régimen y del Servicio Público, son inembargables.
También se negó a determinar los bienes que podrían ser embargados, por lo que el actuario cedió el derecho a la parte actora. Juan Carlos Ferreo, representante legal de la constructora, señaló las dos cuentas bancarias y solicitó de inmediato girar los oficios a la institución para ordenar su inmediata congelación a partir de las 10:42 horas de ayer, además de indicar las cantidades depositadas.
Las garantías
Ferreo pidió también apercibir a dicha institución bancaria del doble pago en caso de desobediencia. La cantidad de las cuentas se deberá poner a disposición del juzgado 20 civil. Posteriormente, y como dijo que no le constaban los montos, empezó a señalar muebles que quedarían en garantía para cubrir el adeudo reclamado.
Ante el asombro del personal administrativo, los trabajadores de Rincón G. Construcciones empezaron a desconectar equipos de cómputo, dando fe pública el actuario, pero cuando intentaron sacar los aparatos, el subdirector jurídico y de gobierno, Roberto Otero, dio la orden de que no se permitiera la salida.
El policía auxiliar Leónides Chavarría aseguró que recibió instrucciones de impedir que saliera el equipo. Al preguntarle a Otero que quién ordenó la disposición, manifestó que fue mandato del director de administración, Abraham Navarro Alvarado.
Mientas el subdirector jurídico alertaba al personal de seguridad, el actuario Eduardo Salinas y los representantes de la parte demandante embargaron cinco camionetas pick up y un automóvil marca Chevrolet, color blanco, placas 306, los cuales, pese a su aseguramiento, fueron retirados del estacionamiento por personal de la delegación.
Ante la imposibilidad de sacar los vehículos y el equipo de cómputo, Salinas Ramírez asentó que pese a que hubo resistencia, jurídicamente sí se aplicó el embargo.
Al respecto, Juan Carlos Ferreo manifestó que la delegación se opuso a entregar los bienes, por lo que quedaron bajo su responsabilidad hasta el próximo martes, cuando regrese con el apoyo de la fuerza pública y entonces "romperemos cerraduras para que entren nuestras grúas y podamos llevarnos los vehículos que se embargaron". Agregó que solicitarán al juez medidas de apremio en contra de los funcionarios que se opusieron, lo cual podría generar que se les finquen responsabilidades civiles y penales.
El director jurídico y de gobierno, Benito Blancas, desconoció el embargo y consideró la acción como un hecho arbitrario, porque los bienes públicos son inembargables. Explicó que los contratos de las obras que se adeudan fueron suscritos en 2003 por la anterior administración. "Nosotros ya manifestamos en las instancias judiciales que éstos surgen sin tener suficiencia presupuestal. Nunca hemos negado el adeudo, pero nosotros tenemos que cumplir requisitos para el pago." Adelantó que se ampararán por el embargo indebido.