Por
Roció Sánchez
El VIH/sida es un
problema de salud prioritario para el que se han diseñado
estrategias de atención que pretenden ser integrales. La
responsabilidad se comparte entre varias instituciones de salud,
todas regidas por el Centro Nacional para la Prevención
y Control del Sida (Censida), quien propone “los lineamientos
y los procedimientos técnicos para la organización,
programación y presupuestación” en materia
de combate a la epidemia; la atención médica directa
a personas con el virus es cubierta por las instituciones de seguridad
social y los servicios de salud locales y nacionales. Esta estructura,
funcional en los documentos, se resquebraja al momento de manejar
el presupuesto destinado a la materia: la discrecionalidad y el
reparto desigual son constantes.
Los Institutos Nacionales de Salud, como ciertos hospitales, tienen
una importante participación en la atención del VIH
y las complicaciones de salud relacionadas, por lo que desde 2004
se decidió destinarles un porcentaje del presupuesto específico
para combatir la epidemia.
Sin embargo, y a pesar de que atienden a más de mil personas
seropositivas sin seguridad social, el porcentaje de recursos etiquetados
para VIH recibido por esas instituciones de salud se mantuvo prácticamente
igual durante 2004 y 2005. No sólo eso, en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2006
se redujo drásticamente. Mientras en 2004 se les otorgó,
en conjunto, más de 67 millones de pesos (16 por ciento
de los recursos destinados a VIH), en 2006 se propone que se les
otorgue 34 millones: sólo cinco por ciento de los recursos
totales de combate a la epidemia.
Aunado a esto, las instituciones que han recibido recursos para
VIH han variado durante los últimos tres años, lo
que hace pensar que la Secretaría de Salud no cuenta con
criterios establecidos para definir dónde están las
necesidades reales. Así, mientras en 2004 se dieron recursos
a cuatro hospitales y cuatro institutos, en 2005 se eliminó del
proyecto un hospital y se cambiaron dos institutos. Para 2006 sólo
se propone dar dinero a dos hospitales y tres institutos.
Gasto sin control
Las instancias de salud pública que reciben presupuesto
para VIH no sólo han variado durante los últimos
tres años, sino que algunas han gastado esos recursos en áreas
ajenas a la atención de la infección. De acuerdo
con el documento Seguimiento y análisis del gasto público
para la prevención y atención del VIH/sida, realizado
por investigadores de la organización civil Fundar, Centro
de Análisis e Investigación, tres de las siete instituciones
habían gastado, hasta el 30 de junio de 2005, ese presupuesto
en mantenimiento, servicios bancarios, equipamiento, limpieza o
servicio telefónico.
Una posible explicación a esa discrecionalidad puede estar
en la forma en que la Cámara de Diputados modifica el presupuesto.
El Poder Ejecutivo envía el PPEF para someterlo a consideración
de los diputados. Durante los últimos años, con un
presupuesto para VIH/sida claramente insuficiente, los diputados
recortaron fondos para los institutos y hospitales para asignarlos
a VIH. Una vez aprobado el Decreto de Presupuesto de Egresos, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público entrega
el dinero a la Secretaría de Salud, quien a su vez otorga
a cada instancia su presupuesto. Una vez que los recursos llegan
al instituto u hospital, son utilizados en los rubros que mejor
convenga a cada institución, pues no hay ninguna norma que
obligue a respetar la etiqueta de VIH impuesta por el Legislativo.
En 2005, Hacienda entregó a Salud los recursos estipulados
en el presupuesto como parte del rubro: Actividad Prioritaria R005
Impulsar la prevención y/o atención del VIH/sida
en la población. Cuando el dinero llegó a las instituciones
de salud, éstas lo mudaron a la partida 4000 Subsidios y
transferencias, para terminar en los capítulos dedicados
a gastos generales y de mantenimiento.
“La Secretaría de Hacienda considera ejercidos los recursos
cuando los transfiere a las unidades responsables. Es decir, Hacienda
no registra las reasignaciones a otros capítulos. Cuando
las instituciones reportan el ejercicio de los recursos, entran
dentro de la Actividad Prioritaria R005, aun cuando se hayan gastado
en artículos de limpieza o cualquier otra partida”,
acotan en su documento los investigadores de Fundar, Helena Hofbauer,
Gabriel Lara y Alicia Athié.
Así, el Hospital Juárez de México, el Hospital
General Manuel Gea González y el Instituto Nacional de Perinatología
gastaron la mayor parte de su presupuesto para VIH en servicios
bancarios, subcontratación, servicios de mantenimiento,
teléfono, agua, luz, arrendamiento de maquinaria, vigilancia
y lavandería, entre otros.
Distribución confusa
La falta de supervisión provoca que el presupuesto otorgado
a instancias públicas de salud para atender el VIH/sida
sea insuficiente. Los gastos de atención de la infección
por VIH y sus enfermedades asociadas suelen ser muy altos. El dinero
asignado no es congruente con las necesidades.
Por ejemplo, para 2005 no se otorgó dinero para VIH a los
institutos de Enfermedades Respiratorias (INER) —aunque a
mitad del año se le reasignaron recursos para la materia— y
de Ciencias Médicas y Nutrición (INCMN). El primero
tiene en su estructura al Centro de Investigación en Enfermedades
Infecciosas (Cieni), vanguardia en la investigación en VIH/sida
en México. El INCMN, por su parte, es pionero en el tratamiento
de la infección en nuestro país y su clínica
de VIH atiende un promedio de 700 pacientes por año.
Aunque para 2006 se propone que se les entreguen seis millones
de pesos a cada una de las instituciones (casi siete al INER),
el doctor Juan Sierra, titular de la clínica de VIH del
INCMN, en entrevista con Letra S, considera que es insuficiente.
Calcula que este año, aún sin contar con un presupuesto
específico, el INCMN gastó el equivalente a esos
seis millones “para pagar pruebas de monitoreo de pacientes
y adquirir algunos medicamentos difíciles de conseguir para
enfermedades oportunistas”.
Al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
(INCIC) le asignaron, en 2005, 12 millones de pesos, prácticamente
el triple de lo otorgado en 2004. De sus recursos, según
supo Fundar por medio del Instituto Federal de Acceso a la Información
Pública Federal (IFAI), gastaron poco más de dos
millones hasta el 30 de junio, pero indicaron que aplicarán
la totalidad en la adquisición de reactivos para detectar
el VIH en las pruebas de sangre. Debido a que prevé atender
a 13 mil 500 donantes este año, resultaría un costo —al
parecer razonable, según Fundar— de 889 pesos por
paciente. El PPEF 2006 no contempla recursos para esta institución.
Junto con el Hospital Juárez, el instituto que más
recursos recibió en 2005 (13 millones de pesos) fue el de
Neurología y Neurocirugía (INNN). Este es el único
de los institutos que reporta tener un esquema que permite identificar
a los pacientes que viven con VIH y presentan alteraciones neurológicas,
con atención que incluye hospitalización, medicación,
terapia física y orientación psicológica.
No obstante, dijo atender sólo entre 35 y 40 pacientes por
año, lo que daría como resultado un gasto de 325
mil pesos por paciente.
Trabajo sin recursos
Mientras algunas instituciones destinan su gasto en VIH en gastos
operativos, los servicios de atención a personas con VIH/sida
continúan trabajando al interior de los hospitales y los
institutos, independientemente de la distribución esquemática
de los presupuestos.
En el Instituto Nacional de Cancerología (INC), la Clínica
de Cáncer y Sida lleva 15 años funcionando. Con un
promedio de 200 pacientes al año y la mayor población
de mujeres seropositivas entre los institutos, atiende una doble
complicación: la infección por VIH y las formas de
cáncer asociadas, como el linfoma no Hodgkin o el sarcoma
de Kaposi. “En algunos de nuestros pacientes es necesario,
además del tratamiento antirretroviral, dar quimioterapia,
además que la mayoría de los nuevos usuarios llega
con sida avanzado”, comenta Patricia Volkow, fundadora y
directora de la clínica, en entrevista con Letra S. Pese
a este trabajo, sumado a la investigación, el PPEF 2006
no contempla recursos para VIH para el INC.
El Hospital General Manuel Gea González alberga una Clínica
de VIH/sida desde 1991 que atiende un promedio de 130 personas
con VIH cada año. “Constantemente llegamos a tener
dos o tres pacientes hospitalizados; si es un paciente neurológico
o con complicaciones quirúrgicas puede estar internado por
meses”, comenta Rodolfo Vick, director de la clínica.
Para 2006, se propone aumentarle el presupuesto a nueve millones,
pero para el doctor Vick, cualquier gasto en VIH no será eficiente
hasta que se tome en cuenta el problema de una manera integral. “Qué bueno
que nada más fuera la enfermedad como tal, pero el paciente
tiene tuberculosis, neuroinfección, hongos, toxoplasmosis”,
que requieren otro tipo de atención.
Ambigüedad, común denominador
Los mecanismos de distribución de los recursos son confusos.
Aun cuando las instituciones involucradas realizan un complejo
trabajo en la atención del VIH y enfermedades oportunistas,
el dinero que podrían aprovechar, etiquetado para ese fin,
no siempre llega a los departamentos de infectología y las
clínicas de VIH.
Más allá de demostrar que las asignaciones para VIH
estipuladas en el Presupuesto de Egresos no llegan a las estructuras
administrativas adecuadas, los datos evidencian que ni la Secretaría
de Salud ni la de Hacienda mantienen un control sobre las áreas
de su competencia. Mientras la primera carece de lineamientos claros
para asignar el presupuesto de VIH y sugerir estrategias para su
utilización, la segunda señala que no tiene la capacidad
de decidir a dónde se dirigen los recursos que ella misma
entrega.
Así, la eficiencia del gasto para atender la epidemia se
ve mermada: los verdaderos esfuerzos por brindar una atención
integral a quienes viven con VIH conviven con los criterios que
creen más urgente realizar pagos de limpieza. Hasta ahora,
ninguna dependencia controla la situación.
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Líneas
cruzadas
Por primera vez en este sexenio, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación (PPEF) incluye los recursos considerados necesarios para cubrir
la demanda de medicamentos antirretrovirales. Esto representa un cambio en la
dinámica de los años anteriores, cuando las organizaciones civiles
tuvieron que realizar un constante trabajo de cabildeo con los diputados para
lograr aumentos suficientes del presupuesto. Así sucedió con el
presupuesto de 2004, luego de la intervención de la sociedad civil, la
Cámara de Diputados reasignó 300 millones de pesos para comprar
antirretrovirales; 2004 fue anunciado por el gobierno federal como el año
en que se logró la cobertura universal de medicamentos.
El PPEF para 2006 estipula casi 360 millones de pesos para la compra de medicamentos
por parte de Censida, unos 60 millones más que el proyecto para 2005.
Sin embargo, tanto la distribución del gasto como la rectoría de
los fondos para VIH —al parecer compartida entre Censida y el Seguro Popular— sigue
siendo poco transparente, lo que hace pensar que el ejercicio presupuestal, aunque
más cercano a las necesidades reales, seguirá siendo insuficiente.
La reasignación de recursos a la que el presupuesto podría ser
sometido en la Cámara de Diputados representa una oportunidad para conseguir
que se distribuya mejor. Para la diputada Minerva Hernández, secretaria
técnica de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de
la Cámara de Diputados, entrevistada por Letra S, “la Cámara
tiene la facultad de pedir a la Secretaría de Hacienda, y ésta
a su vez a la Secretaría de Salud el desglose del presupuesto. Una vez
que tengamos la información también tenemos la facultad de reorientar
el gasto”, siempre con base en las necesidades y “diagnósticos
que nos proporcionan personas especializadas en las áreas de salud”.
¿ Etiquetas o candados?
Las etiquetas presupuestales son la especificación de los rubros en que
se deben emplear los recursos. En administraciones anteriores, aunque se había
otorgado cierto presupuesto al Consejo Nacional para la Prevención y Control
del Sida (Conasida, antes de la creación del Censida), el dinero aparecía
en el esquema como parte del rubro Atención médica, y la actividad
definía “Llevar a acabo investigación científica y
tecnológica” o “Administrar recursos humanos, materiales y
financieros”. A partir de 2002, los proyectos de presupuesto ya especifican
qué recursos se dirigen a “Promover atención integral de
las personas con VIH/sida” o, como actualmente aparece, “Impulsar
la prevención y/o atención del VIH/sida en la población”.
“Posiblemente haya más certidumbre en comparación con los
años anteriores sobre a qué se están destinando los recursos.
Eso al menos hace que el Censida tenga que entrar a los lineamientos que ahí están
estipulados”, reflexiona Gabriel Lara, investigador del área de
Presupuestos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, consultado
por Letra S.
Aun así, el dinero etiquetado para VIH se utiliza principalmente en las
pruebas de detección, la compra de condones (que bien podrían entrar
en el rubro de planificación familiar) y, sobre todo, la compra de medicamentos
anti VIH; pero estos rubros no se especifican en el desglose del presupuesto
ni presentan restricción alguna para su reasignación.
En este punto podrían entrar los llamados candados, es decir, mecanismos
que eviten que los recursos destinados a cierta necesidad sean modificados o
reasignados. En este sentido, Lara opina que “si el VIH se considera un
tema prioritario, como lo ha dicho en su discurso el gobierno mexicano, entonces
debería agotarse hasta la última de las posibilidades, tanto en
políticas como en recursos, para atenderlo de manera integral”.
Para ello, explicó, existe la posibilidad de asentar en el Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación, algún artículo
en el que “se estipule que todo lo relacionado al programa de atención
del VIH tiene carácter de prioritario y por lo tanto esos recursos tienen
que ser respetados tal cual son aprobados”. Eso se hace con algunos programas
de combate a la pobreza para que, en caso de recortes, sean los últimos
en ser tocados; lo mismo pasa con los recursos de los excedentes petroleros”.
La posibilidad de los candados es remota mientras no se aclare el papel del Seguro
Popular en la atención del VIH/sida. El Sistema de Protección Social
en Salud, su nombre oficial, recibió 300 millones de pesos para VIH en
2005, y se prevé que para 2006 se le asignen 173 millones para prevención,
además del dinero para cubrir el Fondo de Protección contra Gastos
Catastróficos (que cubre el gasto en varias enfermedades, además
del VIH/sida). “Hay mucha ambigüedad sobre cómo y quién
maneja este fondo, si es el área administrativa de la Secretaría
de Salud o Censida”, señaló Lara.
“Desde nuestra óptica, debería ser Censida quien tenga la
rectoría de estos recursos, porque son ellos los que coordinan todo lo
relacionado con VIH, pero hasta ahora no ha habido explicación de quién,
y bajo qué criterios, maneja estos recursos”. Este tipo de aspectos,
añadió, generan incertidumbre debido a la falta de transparencia.
Quizás el reto no sea decidir si se colocan candados o etiquetas en el
presupuesto para VIH, sino lograr que la voluntad política y, sobre todo,
la congruencia, complementen el discurso del gobierno federal, que dice considerar
a la lucha contra el virus una actividad prioritaria, con un mejor y más
transparente manejo de los recursos. (Rocío Sánchez) |
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