Las precampañas, el IEDF y la ALDF
El viernes 30 de septiembre del presente año, el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) resolvió un acuerdo titulado: "Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que se determina que los partidos políticos deberán ordenar a sus militantes y simpatizantes que se encuentren efectuando propaganda, independientemente de que utilicen o no su emblema partidario, que suspendan de forma inmediata tales actividades tanto en medios electrónicos e impresos como en las calles o en cualquier otro lugar de acceso público, hasta en tanto no se efectúe el registro de los participantes en el proceso interno de selección o mecanismos de designación de candidatos, que conforme a sus normas estatutarias determine cada partido político".
Dicho acuerdo contiene un conjunto de contradicciones y aspectos ilógicos, pero ciertamente se deriva de una realidad que literalmente ha tomado por asalto a la sociedad y que consiste en el desenfrenado y descontrolado gasto de precampañas anticipadas que realizan partidos y aspirantes. Este fenómeno ha llevado a una situación inédita, toda vez que aun cuando no han comenzado formalmente las campañas electorales, el gasto político en el país seguramente supera ya los mil millones de pesos. Cómplice del derroche, el Congreso de la Unión no quiso legislar sobre el tema. En tanto, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) anuncia desde el mes de mayo una reforma electoral, sin que haya podido concretarla hasta la fecha. La ausencia de estas reformas electorales se deriva directamente de la obcecada resistencia del PRI y de la actitud dubitativa y de doble discurso del PAN.
Frente a ese vacío normativo, el órgano electoral federal y el local han tomado actitudes polares. Por un lado, el Instituto Federal Electoral (IFE) literalmente se "hizo pato", es decir, fue totalmente omiso frente al problema. En cambio, el IEDF trató de regular las precampañas extemporáneamente recurriendo a algunos excesos.
El acuerdo del 30 de septiembre del IEDF instruye a los partidos políticos a ordenar a sus militantes o simpatizantes que suspendan de forma inmediata las actividades de propaganda. Esto ya presenta un primer problema, dado que los partidos pueden obligar a sus militantes, pero no a sus simpatizantes, quienes no están subordinados a la disciplina de partido, quedando en la posibilidad de que un partido pueda ser multado por las acciones llevadas por un ciudadano ajeno a su membresía. En segundo lugar, el acuerdo pretende regular hechos que ya han sucedido, lo cual pone en duda el principio de no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna. En tercer lugar, el instituto incursiona en el ámbito propiamente legislativo al generar normas que deberían ser creadas por la ALDF. En cuarto lugar, ignora la normatividad electoral, pues los estatutos de los partidos son avalados por el IFE. En el caso del PRD, su estatuto fue avalado por el instituto el pasado 31 de mayo, y dicho estatuto señala en su artículo 14, numeral 16, inciso b: "Para el caso de los aspirantes a candidatos a presidente de la República, gobernador o presidente municipal, los consejos respectivos podrán autorizar la realización de campañas en los medios masivos de comunicación, así como la realización de actos de promoción política antes de que se publique la convocatoria respectiva". Sobre la base de esta norma, el Consejo Estatal del PRD, en su sesión del día 18 de junio, acordó autorizar actividades anticipadas a la precampaña a los aspirantes a la candidatura a jefe de Gobierno del Distrito Federal, poniendo como condiciones: no contratar publicidad en medios electrónicos, entregar un informe de gastos de propaganda, entregar su declaración patrimonial al partido y no recibir recursos de personas ajenas al partido.
De lo anterior se infiere que el PRD no ha violado la ley, puesto que las actividades de sus aspirantes se encuentran enmarcadas en la norma estatutaria avalada por el IFE.
Más allá de la discrepancia con las formas adoptadas por el IEDF, sin embargo, debe reconocerse que el fin que persigue es correcto, y que se deriva también de una realidad preocupante que tiene que ver con el gasto realizado por los aspirantes del PRI y del PAN, especialmente en medios electrónicos. La candidata del PRI realiza prácticamente una campaña anticipada, no una precampaña anticipada, sino una campaña anticipada porque ella, Beatriz Paredes Rangel, es la candidata de ese partido y se escuda en la ausencia de una regulación previa a la campaña para gastar más de 30 millones de pesos en su promoción en los medios masivos, sin contar en ello espectaculares, brigadas de promoción y estructura electoral. Por su parte, el PAN también mueve sus piezas tramposamente, pues alienta a un "ciudadano independiente" a gastar millonadas en los espots televisivos más onerosos que están saliendo en estos días para impedir que se le contabilicen como gastos de campaña interna. Ese derroche tiene que ser detenido y deben regularse las precampañas y las actividades previas a las precampañas. Si los partidos políticos consideran que el camino adoptado por el IEDF para lograr tal fin no es el adecuado, la pregunta es: ¿qué espera la ALDF para asumir sus facultades y regular este fenómeno de precampañas anticipadas?