La Corte, con la última palabra sobre el tema, a pesar de los acuerdos a que se llegue
Gobierno y cañeros buscan saldar conflicto
Instalan mesas de negociación en la SG y la Sagarpa
Analizan implicaciones jurídicas de la ley impugnada
Al instalarse las mesas de diálogo entre productores de caña de azúcar y funcionarios en las secretarías de Gobernación y de Agricultura, representantes de las confederaciones nacionales Campesina (CNC) y de Propietarios Rurales (CNPR) manifestaron su esperanza de poder desatorar los asuntos que han creado zozobra e incertidumbre entre los campesinos.
En la Secretaría de Gobernación (SG) cuatro senadores priístas y el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Arturo Chávez, instalaron ayer la mesa de análisis jurídico en torno a la aplicación de la Ley de Desarrollo Sustentable para la Caña de Azúcar.
Esteban Angeles Cerón, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Senadores, dejó entrever que desde ahora se prepara la estrategia en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgue la razón a la Procuraduría General de la República (PGR) en su demanda de inconstitucionalidad de la referida norma.
''Todo esto (la operatividad de la ley) tiene implicaciones técnicas, administrativas y jurídicas, las cuales estamos interesados en analizar, así como lo que tenga que ver con la acción de inconstitucionalidad. Eso es lo que vamos a ver hoy: cómo entrarle al análisis de los temas", señaló en entrevista.
Hay pláticas, pero el recurso sigue
La primera sesión de ''análisis jurídico'' fue breve -una hora-, en la cual, señaló el legislador Angeles Cerón, se analizará la acción de inconstitucionalidad y "otros problemas que se presenten".
El objetivo, agregó, es fortalecer los mecanismos de entendimiento y colaboración entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. "Necesitamos ponernos de acuerdo para que quienes sean beneficiarios de éstas (leyes) sean nuestros campesinos y los industriales del sector cañero".
Admitió: "no hay absolutamente nada qué hacer" en torno al trámite que sigue la Corte al recurso promovido por la PGR; si acaso, comentó, representantes de ambas cámaras del Congreso acudirán al máximo tribunal del país a rendir informes que pudieran solicitar los magistrados encargados del caso.
El senador priísta justificó las acciones tomadas esta semana por las organizaciones cañeras (afiliadas también al tricolor), como única opción para reclamar el cumplimiento de la ley cañera, publicada el 22 de agosto pasado, la cual ya debió haber sido aplicada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa).
''Sin embargo, el ex secretario de la Sagarpa (Javier Usabiaga) andaba muy preocupado por su proyecto de ser candidato al gobierno de Guanajuato y desatendió terriblemente las cosas; de ahí las manifestaciones de los cañeros", dijo.
Aunque no hay fechas ni plazos para la entrega de resultados de la mesa de análisis jurídico, al término de ésta se reunirán con los industriales y las organizaciones del ramo para constituir el Comité Nacional de la Industria de la Caña de Azúcar y el Programa Nacional Azucarero.
Angeles Cerón estuvo acompañado en la SG por los senadores priístas Joaquín Cisneros, Jorge Franco y Héctor Michel, todos constitucionalistas.
Abordan pendientes
En la Sagarpa, integrantes de las directivas nacionales de las organizaciones cañeras acordaron con el subsecretario de Agricultura, Francisco López Tostado, la constitución del comité nacional y los comités regionales de la caña de azúcar; los comités de producción y calidad de cada ingenio; la junta permanente de arbitraje de la agroindustria; el centro de investigación científica y tecnológica de la gramínea; el programa nacional para dicho subsector productivo, y el contrato uniforme de compra-venta y de siembra, cultivo, cosecha, entrega y recepción del producto.
Con ello, aseguraron autoridades y cañeros, se podrán realizar los trabajos para iniciar a tiempo la zafra 2005-2006. ''Seguimos en la defensa de nuestras organizaciones, del precio de la caña y de nuestros derechos. También buscamos que nuestra inversión y sociedad tenga viabilidad financiera, económica y social; así como los industriales no quieren perder, tampoco los cañeros queremos ser perdedores'', asentó el diputado Lázaro Arias Martínez, de la CNC.
El también propietario invitó a los industriales a formular, junto con los cañeros, un modelo competitivo y productivo.
Independientemente de los acuerdos a los que lleguen productores cañeros y autoridades federales, al final la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será la que determinará si la Ley de Desarrollo Sustentable para la Caña de Azúcar es constitucional, y si es viable su aplicación para la fijación de precios, resolución de controversias y organización del sector.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en las acciones de inconstitucionalidad, como la que fue admitida a instancias de la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de esa legislación, los demandantes no pueden desistirse del recurso, por lo que los ministros están obligados a resolver el asunto y su fallo es inapelable.
En el máximo tribunal hubo ministros que señalaron que el hecho de que la PGR interpusiera la acción de inconstitucionalidad en contra de ley cañera, en la que precisamente los artículos impugnados son los que formaron parte de un "acuerdo político" alcanzado en agosto pasado entre la Secretaría de Agricultura y los productores de caña, refleja la falta de sensibilidad y de operadores políticos en el gobierno del presidente Vicente Fox.
Explicaron que por tratarse de una norma general, ninguna ley puede ser objeto de "negociación", porque sería equivalente a que una secretaría de Estado y un grupo de organizaciones "pasaran por encima" de una ley aprobada por el Congreso de la Unión.
Además de lo previsto en la legislación del Poder Judicial de la Federación, el pleno emitió en julio pasado la tesis de jurisprudencia 54/2005, que indica: "El desistimiento de la demanda puede hacerse en cualquier etapa del procedimiento, siempre y cuando sea expreso y se refiera a actos y no a normas generales"; en este último caso se halla la ley impugnada.
El martes la SCJN admitió la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Ejecutivo -por conducto de la PGR- en contra del decreto que expidió la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.
La demanda impugna 13 artículos de esa normatividad, los cuales forman parte del "acuerdo político", el cual permitió en agosto pasado desactivar la movilización de los cañeros.
En la acción de inconstitucionalidad, que fue turnada a la ministra Olga Sánchez Cordero, en ausencia del ministro instructor Juan N. Silva Meza, las partes -Congreso, Secretaría de Agricultura y productores- ya fueron emplazadas para que respondan en un plazo de 30 días lo que a su derecho convenga.
Los artículos impugnados por la PGR son 5 y 7, fracción séptima; 10, fracción decimoprimera; 34, 38, 50, segundo párrafo; 56, 57, 58, 87, 98, 119 y 125, en torno a los tres puntos centrales que acordaron Agricultura y cañeros en agosto sobre la fijación de precios y el método para determinarlos, la forma de resolver las controversias entre industriales, y la organización de los propios productores.
El 11 de agosto productores y representantes de la Secretaría de Agricultura suscribieron un "acuerdo político" para desactivar el conflicto por el veto presidencial a la llamada ley cañera, tras cinco días de un plantón de campesinos frente a la sede de la dependencia. Entonces se pactó que el Ejecutivo publicaría la norma y que los legisladores enmendarían antes del 20 de septiembre los puntos que ocasionaron el rechazo presidencial. Vencido el plazo, la PGR interpuso la acción de inconstitucionalidad.