Acto de repudio en Buenos Aires de familiares de uruguayos plagiados en Argentina

Hoy, marcha en Montevideo contra intentos judiciales de archivar casos de desapariciones

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 29 de septiembre. Familiares de desaparecidos uruguayos en Argentina y otros afectados por las dictaduras castrenses de ambos países realizarán este viernes un acto de repudio ante la embajada de Uruguay en Buenos Aires para acompañar la marcha de los organismos humanitarios de ese país, que también ese día demandarán en Montevideo justicia y alertarán sobre los intentos judiciales de archivar casos emblemáticos de desapariciones y asesinatos en el contexto de la cooperación criminal entre ambos regímenes militares en los años 70.

En Uruguay, organismos de lucha por los derechos humanos marcharán este viernes ante la falta de resultados en las excavaciones de predios del ejército en busca de cadáveres y por la sospecha de que los informes de las cúpulas militares son falsos o deliberadamente armados para confundir la búsqueda de la verdad. Asimismo, se exigirá que no se archiven varias causas.

También aquí pedirán que se desarchiven los expedientes del secuestro de Simón Riquelo, arrebatado a su madre Sara Méndez durante el secuestro de ésta y otros militantes uruguayos, que fueron luego llevados al temible centro clandestino de detención Automotores Orletti que operaba de sede para la Operación Cóndor, la coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur.

En estos días el secretario de Derechos Humanos del gobierno argentino, Eduardo Luis Duhalde, visitó los predios del batallón 14 en ese país donde el informe militar -que causó revuelo en agosto pasado allí- había determinado que podían encontrarse los restos de María Claudia García de Gelman, llevada con otros uruguayos a Montevideo, mantenida en prisión hasta el nacimiento de su hija y luego desaparecida.

La niña fue robada y recuperada recién en 2000. Duhalde dijo que éste es un trabajo que requiere tiempo y paciencia, pero hay evidente malestar en Uruguay por la lentitud en esos temas.

Se exige que no se archiven las actuaciones sobre el asesinato de los ex legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz junto con Rosario Barredo y William Whitelow, que sucedió en Buenos Aires en mayo de 1976 a menos de tres meses de instalarse aquí la dictadura militar (24 de marzo de 1976).

En junio de ese año fueron secuestrados aquí Sara Méndez y otros uruguayos, que luego fueron llevados en un vuelo clandestino a Montevideo. También los militares desaparecieron a decenas de uruguayos en Buenos Aires, y hubo apropiaciones de niños, como el caso de Simón, quien fue recuperado recientemente.

Además de varias reconstrucciones en libros y documentos sobre esta situación, la agencia alternativa Cono Sur destaca la investigación del profesor uruguayo Wilson Fernández, publicada en el libro El gran culpable (1986), en que señala la responsabilidad de Estados Unidos en el proceso militar uruguayo.

Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, entre otras instituciones, Fernández viajó a Washington en 1983 y accedió a documentación sobre Seguridad Nacional en el caso uruguayo para una tesis que presentó en la Universidad de Guerrero, México.

Allí se habla de un batallón de las fuerzas conjuntas uruguayas, que habría operado bajo las órdenes de unos 50 oficiales de ese país en la base de la fuerza aérea argentina de Morón, provincia de Buenos Aires. Aunque algunas fuentes militares uruguayas dijeron no tener conocimiento de lo anterior, tampoco negaron esa posibilidad.

Muchos de los más de 126 desaparecidos uruguayos en Argentina fueron plagiados en la provincia de Buenos Aires; también se conoce de varias acciones conjuntas en esta capital y otros lugares del país.

Otros investigadores uruguayos, como Roger Rodríguez y Samuel Blixen, señalan a Morón como lugar donde se centralizaba la represión a los uruguayos en Argentina.

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos y Sociales de la central de trabajadores de Uruguay PIT-CNT, Luis Puig, dijo que "en estas horas" la justicia uruguaya es "omisa" y tiende a "autocensurarse" en las causas que investigan las violaciones contra los derechos humanos.

Al rechazar los informes de las fuerzas armadas sobre desaparecidos, indicó que los militantes de la PIT-CNT acompañarán la marcha de los organismos humanitarios para pedir que se profundicen las investigaciones. Aunque existe un balance positivo de lo que actúa el gobierno del presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, se marcan las diferencias de puntos de vista y de acción.

La decisión de un juez de archivar la causa por los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz y sus compañeros de tragedia fue el detonante de estas protestas con las que se pide que la "justicia no castre la posibilidad de avanzar en el conocimiento de la verdad" sobre lo sucedido en Uruguay.

Según Puig, es "muy grave" que se archiven casos con la tesis de la prescripción cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, lo que lleva a omisiones serias de la justicia del país oriental.

También afecta a la reconstrucción en juzgados argentinos de la Operación Cóndor y las desapariciones de uruguayos aquí, así como sobre los responsables, que en el caso de Uruguay ya fueron señalados con sus nombres por la justicia argentina.

Puig recordó que desde que asumió el gobierno el izquierdista Frente Amplio, el primero de marzo de este año, ha habido un planteamiento "sincero" que se reconoce, pero advirtió que hay mucho más por hacer y profundizar.

"La verdad es mucho más que la búsqueda y el hallazgo de restos. Es recomponer toda la situación histórica, saber cómo, cuándo, dónde, por qué y quién. Se debe llegar al fondo", sostuvo, posición que también asumen los organismos humanitarios.

Otro planteamiento es la necesidad de depurar las fuerzas armadas de ese país, mientras hay un tema que divide opiniones en el gobierno frenteamplista: el pedido de autorización que solicitó el Ejecutivo al Senado para la realización de las maniobras Unitas XLVI, dirigidas por Estados Unidos en las costas de Brasil en los próximos días.

En estos momentos delibera el Movimiento de Participación Popular ante las diferentes posiciones, mientras que el senador Eduardo Dossier, del Partido Comunista, ha propuesto no ingresar a la sala para votar una aprobación.