Ordenan toque de queda en la ciudad chiíta; más de 100 heridos, entre ellos 20 niños

Triple atentado con coche bomba en Balad; al menos 85 muertos

Juez de Nueva York ordena al gobierno difundir fotos y videos de tortura a presos en Abu Ghraib

Anuncia la ONU la creación de un centro de búsqueda de desaparecidos del régimen de Hussein

AFP

Bagdad, 29 de septiembre. Al menos 85 personas murieron y 110 resultaron heridas este jueves en un triple atentado con coche bomba en la ciudad chiíta de Balad, al norte de Bagdad, en uno de los ataques más mortíferos en Irak desde la caída del régimen de Saddam Hussein en abril de 2003.

La explosión de los dos primeros coches bomba -a partir de las 18:30 local y con 10 minutos de diferencia- ocurrió en el centro de la ciudad. El tercer ataque, 10 minutos después, fue en el barrio Bab Al Sur, informó un funcionario del Ministerio del Interior.

La ciudad, de mayoría chiíta, fue inmediatamente sometida a un toque de queda.

Entre los heridos hay 22 niños y 35 mujeres, además del jefe de la policía local, Kadim Abdul Razzaq, según el Ministerio del Interior.

Al menos 50 de los heridos fueron llevados a una base militar estadunidense cercana y los hospitales de Bagdad enviaron 40 ambulancias.

"El primer vehículo estalló cerca del banco de Balad, el segundo cerca de una comisaría de policía (en la misma calle) y el tercero en un mercado donde había mucha gente" en Bab Al Sur, precisó el teniente coronel de la policía Adel Abdala.

Una hora después, el convoy de un oficial del ejército fue blanco de un atentado con coche bomba en un barrio del norte de Bagdad, según la misma fuente.

Estos atentados se perpetran en vísperas del comienzo del Ramadán, el mes de ayuno musulmán, y cuando faltan dos semanas para el referéndum sobre la constitución en favor de la cual los dirigentes chiítas llamaron a votar en masa.

La rama de la organización Al Qaeda en Irak, de Abu Mussab Zarqawi, decretó el 14 de septiembre una guerra total contra la comunidad chiíta, y desde entonces se perpetraron varios atentados con coche bomba, el más grave en Bagdad, que causó unos 130 muertos.

El Pentágono, a su vez, anunció la muerte de cinco de sus militares el miércoles al estallar una bomba en Ramadi, al oeste de Bagdad, con lo que ya son mil 924 los soldados de Estados Unidos muertos en Irak desde la invasión en marzo de 2003.

La violencia continuó en el resto de Irak con la muerte de siete personas y el anuncio de la desaparición de varios líderes de la Iglesia anglicana en Irak cuando viajaban de Jordania a Bagdad y que "presuntamente murieron", según fuentes de esa institución en Nicosia.

Por otro lado, la ONU anunció la creación de un Centro Nacional de Desaparecidos en Irak para intentar dar con el paradero de "cientos de miles" de desaparecidos, principalmente bajo el régimen de Saddam Hussein. A su vez, el primer ministro iraquí, Ibrahim Jaafari, se negó este jueves a aplazar el juicio al ex presidente, a petición de los defensores del derrocado mandatario.

A todo esto, un juez de Nueva York ordenó al gobierno de Estados Unidos que entregue el material gráfico de los abusos y torturas cometidos contra presos iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib solicitado por una organización de defensa de los derechos civiles.

Según esta decisión, el gobierno, que tiene 20 días para presentar recurso, está obligado a dar las 87 fotografías y cuatro videos solicitados por la ACLU (Unión Estadunidense para las Libertades Civiles), lo que equivale en términos prácticos a su difusión.

El juez Alvin Kellerstein, del tribunal federal del distrito sur de Nueva York, ordenó la entrega argumentando que "la claridad y la apertura son los mejores antídotos, tanto para combatir las críticas, si no son merecidas, como para corregir errores".

En el texto de su dictamen, el juez continúa afirmando que "nuestro combate" contra los terroristas debe llevarse a cabo "sin sacrificar la transparencia y la obligación de rendir cuentas del gobierno y los mandos militares.

"Como dijo el presidente (George W.) Bush, luchamos para extender la libertad, de modo que la libertad de los estadunidenses esté más garantizada. En cumplimiento de estos principios, ordeno al gobierno" la difusión del material.

Las autoridades habían argumentado que las fotos podrían usarse como arma propagandística contra Estados Unidos. El juez admitió la existencia de ese riesgo, pero previó que la difusión tendrá como efecto "mostrar nuestra fortaleza como una democracia vibrante y que funciona".

Tras conocerse la decisión judicial, un vocero del Pentágono explicó que están estudiando las posibilidades legales para seguir impidiendo la difusión.

"El Departamento de Defensa sigue consultando con el Departamento de Justicia este caso para tomar vías legales adicionales", dijo el teniente coronel John Skinner. "Nadie debe asumir que la entrega de las fotos será inminente", agregó.

Por su parte, Amrit Singh, abogada de ACLU en su división de Nueva York (NYCLU), valoró positivamente el fallo en declaraciones a Afp, porque "refuerza los principios democráticos y la obligación de rendir cuentas recogidas por la FOIA", la ley de Libertad de Información, en la que la organización basó su demanda.

No más evasivas

El dictamen "reconoce que el gobierno no puede continuar dando evasivas a los esfuerzos públicos por determinar quién fue responsable en última instancia de los abusos a los detenidos", continuó.

Las fotos y videos solicitados por la ACLU fueron tomados por el soldado Joseph Darby. Parte de ese material fue filtrado al público sin el consentimiento del gobierno, e hizo estallar el escándalo de Abu Ghraib el año pasado.

Las fotos mostraban a unos prisioneros amontonados desnudos en el suelo, a otros aterrorizados por perros militares, encadenados en incómodas posturas, con ropa interior femenina en sus cabezas y, quizá la más famosa de ellas, mostraba a uno encapuchado sobre un cajón con cables eléctricos conectados a sus extremidades.

Nueve soldados fueron inculpados por las torturas en Abu Ghraib, el último de ellos, Lynndie England, condenada el martes a tres años de prisión y una baja deshonrosa del ejército. Las penas de los otros ocho fueron desde la expulsión del ejército hasta 10 años de prisión.

Ningún oficial ha sido juzgado por el caso, si bien la ex comandante de la prisión, la general Janis Kerpinski, y el coronel Thomas Pappas, recibieron sanciones extrajudiciales.