Usted está aquí: jueves 29 de septiembre de 2005 Capital Analizan cambios a ley en materia de difamación

Asamblea Legislativa

Analizan cambios a ley en materia de difamación

GABRIELA ROMERO SANCHEZ

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el perredista Carlos Reyes Gámiz, presentó la iniciativa de ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, en la que se considera la despenalización de las figuras de difamación, calumnia y daño moral previstas en los códigos Penal y Civil vigentes.

El legislador explicó que de esa manera dejará de verse "como un asunto de venganza que alguien demande a algún medio de comunicación o periodista alegando difamación o calumnia, y se buscará realmente la reparación del daño al afectado". Señaló que despenalizar difamación y calumnia, previstas en el Código Penal, y el daño moral, incluido en el Código Civil, y promulgar una ley especial de naturaleza civil, permitirá un proceso más ágil, eficaz y pertinente para resarcir "los derechos de la personalidad lesionados con motivo del ejercicio del derecho a las libertades de expresión e información".

En la iniciativa, que llevará hoy a tribuna Reyes Gámiz, se señala que la reparación del daño moral se haría mediante la publicación de un escrito en el mismo espacio en el que se ocasionó.

Asimismo, se establece la afectación en propia imagen, en lo relacionado con la captación, reproducción o publicación, por fotografía o filme, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada sin la autorización del afectado. Quien utilice el nombre, voz o imagen de una persona para fines publicitarios comerciales deberá indemnizar a la persona afectada.

Considera un capítulo para la "malicia efectiva", la cual se configura en los casos en que el demandante sea un servidor público. Se puntualiza que para que se "produzca el daño al patrimonio moral" se requiere que exista afectación en la persona, de los bienes tutelados por la ley, o que esa afectación sea consecuencia de un acto ilícito.

 
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