"La brisa de la muerte", así la llamé en un artículo publicado hace siete años en este periódico. Me refería entonces a los enormes daños que causaron dos compuestos químicos en las plantaciones bananeras de Centroamérica: el nemagón (también conocido como DBCP) y el fumazone. Miles de campesinos esparcían sin protección ni control alguno esas sustancias, elaboradas y distribuidas por Dow Chemical, Occidental Chemical Corporation y Shell Oil Company. A su vez, las compañías Castle, Chiquita Brands, Dole Food Company Inc. y Standard Fruit Company los aplicaban en sus plantaciones.
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Nemagón y fumazone fueron utilizados a sabiendas de que producían esterilidad, ceguera y cáncer en los seres humanos, así como trastornos en el sistema nervioso, pérdida del cabello, quemaduras de la piel, impotencia sexual y malformaciones genéticas en los recién nacidos. Además de que sus efectos pueden pasar de una generación a otra.
Las compañías estadounidenses que fabricaban y vendían estos compuestos conocieron desde un principio, hace medio siglo, todos estos efectos, al grado que el gobierno de Estados Unidos prohibió usarlos localmente. Pero no hizo absolutamente nada para retirarlos del mercado y de los campos de cultivo.
Algo peor: las trasnacionales químicas y las bananeras acordaban estrategias conjuntas para enfrentar las posibles demandas de los afectados bajo una criminal lógica empresarial: si el negocio deja dinero, vale la pena; aunque sea necesario sacrificar parte de la ganancia en indemnizar a unos cuantos afectados, a aquellos que logren vencer en los tribunales el poder financiero de las trasnacionales.
Eso hicieron en Honduras, Costa Rica y Nicaragua, donde dejaron a 30 mil trabajadores con problemas de salud de todo tipo. En los dos primeros países, la lucha por lograr la indemnización mínima para los afectados lleva años y costó la vida del líder hondureño Medardo Varela y la de su hijo Wilmer. Nadie duda que los sicarios que los asesinaron fueron pagados por las bananeras.
El nemagón y el fumazone reinaron tres décadas en los campos bananeros de Nicaragua (los de la dictadura de Somoza y los primeros del gobierno sandinista). Según cálculos muy conservadores, causaron la muerte de 60 personas cada año y dejaron a cientos más con graves padecimientos. Luego de muchos años de lucha legal contra la indolencia oficial, judicial y legislativa, una juez con sede en Chinandega, Socorro Toruño Martínez, dictó en agosto pasado condena contra las agroquímicas productoras de los terribles compuestos y sus cómplices las compañías bananeras.
La Jornada ha informado en varias ocasiones de los problemas causados por el nemagón y el fumazone. Un suplemento de La Jornada Ecológica (publicado el 29 de julio de 2002 bajo autoría de Vicente Boix) estuvo dedicado a contar parte de ese drama.
Ahora, con motivo de la victoria alcanzada contra las trasnacionales químicas y bananeras en los tribunales nicaragüenses, incluimos en este número dos textos. Uno es de la periodista nicaragüense Valeria Imhof, que narra lo referente al fallo en tribunales en El Nuevo Diario, que se edita en Managua, de la sentencia que favorece a víctimas del nemagón en Nicaragua
El otro es del mismo Vicente Boix Bornay, y se refiere a la lucha organizada por los trabajadores afectados y sus familias con el fin de que se les haga justicia.
Cabe señalar que el texto de Vicente Boix Bornay, el más importante divulgador del caso nemagón-fumazone en el mundo, hace parte de un libro que sobre el tema prepara el periodista español. Agradecemos a Valeria y a Vicente habernos facilitado sus textos para este número de La Jornada Ecológica.