La SE le autorizó la ocupación de predio, y Sedena, el uso de explosivos, afirman
Parcialidad de autoridades en el caso de Minera San Xavier, acusan opositores
Dicho "operativo de Estado" pone en riesgo la salud de al menos un millón de personas, consideran
Ampliar la imagen Cerro de San Pedro, San Luis Potos�donde la empresa de capital canadiense Minera San Xavier pretende llevar a cabo un proyecto para explotar yacimientos de oro y plata. FOTO Mar�Melendrez Foto: Mar�Melendrez
Ni social ni legalmente se ha resuelto el conflicto por la operación de Minera San Xavier (MSX) en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. Los procesos judiciales que determinarán la legalidad de las actividades de la empresa de origen canadiense siguen vigentes, por lo que todavía no cuenta con el permiso de operación ni con los derechos para ocupar los terrenos ejidales de los que pretende extraer oro y plata.
A pesar de ello, señaló el Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, las secretarías de Economía (SE) y de la Defensa Nacional (Sedena) "reiniciaron el camino" que desde el más alto nivel de gobierno se ha trazado para que la minera destruya uno de los baluartes del patrimonio histórico del país, atente contra la salud de al menos un millón de personas y el medio ambiente.
El "operativo de Estado", señaló la agrupación civil, está en marcha y tiene el objetivo de que MSX empiece a trabajar antes del inicio del proceso electoral federal. Como evidencia de su dicho, destacaron la actitud asumida por la SE y su titular, Fernando Canales Clariond, quien en octubre pasado se comprometió con los ejidatarios y un diputado federal a no otorgar el permiso de ocupación temporal de 203 hectáreas de Cerro de San Pedro. Sin embargo, el pasado 3 de junio autorizó a MSX para que ocupe el predio hasta el año 2037, con lo que, de entrada, la dependencia violó el artículo 20 de la Ley de Minas, el cual determina que este tipo de permisos no deberán concederse en sitios de preservación ecológica como lo es Cerro de San Pedro. En cambio, señala el mismo precepto legal, la autoridad debe retirar la concesión en estos casos.
En tanto, la Sedena renovó el permiso parcial de uso, transportación y almacenamiento de explosivos de la MSX, mismo que había cancelado el 25 de diciembre de 2004 por considerar que las actividades que la empresa minero-metalúrgica pretende realizar en San Luis Potosí alteraban la paz y tranquilidad social.
La dependencia que dirige Clemente Ricardo Vega García resaltó el "clima de tensión" que se generó "entre diversos grupos sociales que se oponen a las actividades" de la minera en Cerro de San Pedro, y ratificó "a la sociedad su convicción irrestricta de apegarse estrictamente a la ley, en el cumplimiento de sus funciones".
El pasado 20 de septiembre, Metallica Resources, propietaria de MSX, dio a conocer que obtuvo el permiso parcial de la Sedena para utilizar explosivos en la zona donde se ubicarían los desechos (material cianurado) de la explotación minera.
Con esta decisión, explicó el Frente Amplio Opositor, la Sedena pasó por alto que los procesos judiciales iniciados por los ejidatarios en contra de MSX aún no concluyen y que el juez segundo de distrito de San Luis Potosí otorgó el amparo 909/2004 a favor de los campesinos, a fin de prohibir a la Sedena que otorgase cualquier tipo de autorización en tanto no se resolvieran los litigios en curso.
Aunque al parecer MSX puede realizar explosiones en una zona donde supuestamente es propietaria, por el permiso de ocupación temporal concedido por la SE, es un hecho que la inconformidad social persiste, señaló Miguel Angel Montoya, vocero del Frente Amplio Opositor.
Otro hecho que fortalece la hipótesis del "operativo de Estado" es el permiso condicionado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para que MSX realice sus actividades de explotación. En diciembre de 2004, el INAH promovió un amparo judicial en contra de las detonaciones que había realizado la minera en Cerro de San Pedro por el riesgo, dijo entonces, en que se ponía a los monumentos históricos que se ubican en esa zona.
Inclusive inició una demanda penal en contra de la empresa por la destrucción de la finca de Guadalupe. Para los ejidatarios resulta incomprensible que ahora el INAH autorice las actividades de MSX y que, sin más, haya determinado que el patrimonio cultural e histórico de Cerro de San Pedro tiene un valor de 10 millones de pesos. Este es el monto de la fianza que MSX deberá depositar a favor del INAH para "garantizar la reparación del daño que pudieran sufrir los inmuebles del poblado que dan nombre a Cerro de San Pedro, fundado en el siglo XVI". De acuerdo con los ejidatarios, hasta el año pasado se estimaban en 600 millones de dólares las ganancias que MSX obtendría por la explotación minero-metalúrgica de Cerro de San Pedro.