Se tiene una relación de posibles cómplices y cuatro retratos hablados, señala Bátiz

Siguen libres 11 integrantes de la banda de Canchola: PGJDF

Explica comisionado de la SSP federal que "no se pudo" enviar antes al presunto autor intelectual del secuestro de Romano a un penal de alta seguridad, porque estaba bajo proceso

ANGEL BOLAÑOS Y GABRIELA ROMERO

El comisionado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, José Luis Lagunes López, explicó que la dependencia "no pudo" trasladar a José Luis Canchola Sánchez a un penal de alta seguridad cuando se lo solicitó su contraparte del Distrito Federal, en febrero de este año, porque el secuestrador se encontraba sujeto a proceso penal.

Esta versión coincide con lo señalado por el titular de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal (DGPRS), Antonio Hazael Ruiz Ortega, quien indicó que cuando los presos se encuentran sujetos a proceso penal no están bajo jurisdicción de la autoridad ejecutora -en este caso, el Gobierno del DF por medio de la DGPRS-, sino de la autoridad judicial, lo que faculta a los jueces a decidir sobre el traslado de los internos.

Lagunes López refirió que la dependencia capitalina envió el 27 de enero un oficio solicitando el traslado de 14 internos a un centro federal de readaptación social, pero dicha solicitud no incluyó los perfiles criminológicos ni antecedentes penales.

"El 2 de febrero de 2005, el director jurídico de la DGPRS envió al subsecretario de Seguridad Pública el oficio DJ/107/2007, en el que reitera la solicitud, haciendo la observación de que cuatro internos se encontraban a disposición del Poder Judicial y no de la DGPRS, razón por la cual no pudieron ser trasladados. Entre esos cuatro internos se encontraba José Luis Canchola, quien estaba a disposición del juzgado 50 del Distrito Federal, en la causa penal 17/2004", expuso.

Hazael Ruiz informó que la dependencia inició una investigación relacionada con las actividades delictivas de Canchola dentro de la penitenciaría de Santa Martha Acatitla, a fin de deslindar responsabilidades de las autoridades y demás personal operativo y administrativo, hechos de los que dio parte también a la Contraloría General capitalina.

A su vez, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Bernardo Bátiz Vázquez, informó que se cuenta con una relación de 11 integrantes de la banda del secuestrador José Luis Canchola que aún se encuentran libres, y tiene retratos hablados de cuatro de ellos. El funcionario aseveró que la dependencia nunca ha dejado de buscarlos. Respecto de las tres mujeres y los cuatro hombres que fueron detenidos por la Agencia Federal de Investigación durante el rescate del entrenador Rubén Omar Romano, indicó que ninguno de ellos aparece en el árbol delincuencial de la banda original o de primera generación de Canchola, por lo que consideró que estaba operando con una banda nueva, "con gente novata".

Comentó que según la información de la fiscalía para la seguridad de las personas y las instituciones de la dependencia, de los integrantes de esa primera generación de la banda de Canchola, "los más peligrosos están muertos o en la cárcel".

Cuestionado sobre las razones por las que cómplices del secuestrador con historial criminal de homicidios y robo de vehículo estaban libres, dijo que puede ser por amparos o porque obtuvieron sentencias favorables, y recordó que propuso para la próxima reunión de procuradores y presidentes de tribunales de justicia, que se permita a las procuradurías locales interponer recursos de revisión ante la segunda instancia, lo que actualmente es facultad exclusiva de la PGR.

Por su parte, los presidentes de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Alvarez Icaza, y del Tribunal Superior de Justicia del DF, José Guadalupe Carrera Domínguez, se manifestaron a favor de una reforma integral del sistema penal, para evitar que delincuentes entren y salgan de los reclusorios con facilidad. Entrevistados por separado en el contexto del segundo informe de actividades del diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Julio César Moreno, el ombusdman capitalino afirmó que las cárceles deben dejar de ser utilizadas como "universidades del crimen".

En tanto, el magistrado presidente Carrera Domínguez señaló que es necesario crear la figura del "juez de ejecución", el cual sería el encargado de vigilar que las condenas sean cumplidas debidamente. "En muchas ocasiones, luego de que un juez de primera instancia sentencia a un interno, éste pide la revisión de la misma ante magistrados, quienes llegan a incrementar el número de años de cárcel", explicó.

El titular de la CDHDF recordó que el problema de sobrepoblación en las cárceles no sólo es en el DF, sino en todo el país. Y, por otro lado, no se envía los reos de alta peligrosidad a cárceles de máxima seguridad.

Concede juez arraigo de cinco presuntos plagiarios de Romano

Como lo adelantó ayer La Jornada, este sábado por la noche un juez federal concedió a la Procuraduría General de la República (PGR) el arraigo por 90 días, en contra de Omar Sandoval Orihuela, El Chino; Miguel Angel Cruz Medrano, El Mike; Omar Reyes Hinostrosa, El Tiempo; Adolfo Cuauhtémoc Reyes Hinostrosa, y María Alicia Hinostrosa Xolalpa, cinco de los siete presuntos plagiarios del entrenador del Cruz Azul, Rubén Omar Romano.

Lucía Reyes Hinostrosa y Selene Guadalupe Campos Rico quedaron en libertad bajo reservas de ley, debido a que las autoridades no encontraron suficientes elementos en su contra.

Aunque la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) cuenta con elementos suficientes para solicitar la aprehensión de los citados, la autoridad ministerial decidió no ejercitar acción penal, a fin de recabar más pruebas en su contra en los próximos 90 días.