Usted está aquí: viernes 23 de septiembre de 2005 Opinión La invisible lucha de los pueblos indígenas

Francisco López Bárcenas

La invisible lucha de los pueblos indígenas

No aparecen en los informes oficiales, pero existen. Los quieren volver invisibles, mas ellos insisten en que los vean; los quieren quietos, pero es cuando más se mueven. Son los pueblos indígenas de México, que igual que los de América Latina andan desatados, luchando por seguir siendo lo que son y por defender lo que consideran sus derechos, aunque en las leyes los estados se los nieguen. Sus manifestaciones más recientes se han dado por varios lados del país.

En Guerrero se movilizan para oponerse a la construcción de la presa La Parota, impulsada tanto por el gobierno estatal de filiación perredista, como por el federal de corte panista, quienes se han comprometido a sacar adelante ese proyecto ideado por el gran capital, mexicano y trasnacional. Unos y otros tratan de convencer a los pueblos de que les conviene vender sus tierras y se vayan a saber dónde en busca de un mejor futuro para ellos y sus descendientes, pero tercos como son se oponen, pues ya saben cómo les ha ido a los que en otros tiempos aceptaron: después de décadas siguen sin poder cobrar sus indemnizaciones.

Pero igual se les ve en Yucatán, gobernado por el PAN, movilizándose bajo la consigna de "No en nuestro nombre" para protestar porque el gobierno del estado pretende aprobar una ley de derechos indígenas que es una mala copia de la legislación federal aprobada al inicio del gobierno panista, donde bajo la idea de mantener la unidad nacional se escamotearon los derechos de los pueblos indígenas.

Es paradójico, pero el estado que ni siquiera se manifestó sobre la reforma rechazada por los pueblos indígenas es uno de los pocos que se acuerdan que la Constitución federal los obliga a reformar sus constituciones para reconocer los mutilados derechos indígenas incorporados en la Constitución.

Igual andan en Oaxaca, resistiendo la represión del gobierno en turno que, preocupado por amarrar los compromisos suficientes para que Roberto Madrazo pueda ser el candidato del Partido Revolucionario Institucional en las próximas elecciones para presidente de la República, no duda en aplicar la política de la zanahoria y el garrote, que tanto aprecian los gobiernos autoritarios y caciquiles: premios para los que bailan al son que ellos toquen, palo para los que osan aguarles la fiesta.

Y si no pregunten a la comunidad de San Isidro Vista Hermosa, en la región Mixteca, donde desde hace años son acosados sus vecinos por la autoridad del municipio de Santa Cruz Nundaco, sólo porque no aceptan someterse a sus decisiones autoritarias. Destrucción de casas, golpes, secuestros, violaciones de mujeres jóvenes son cosa cotidiana sin que las autoridades hagan algo por castigar a los responsables. Otro método muy socorrido es provocar la división entre comunidades para someterlas. San Pedro Yosotatu en la misma región mixteca es buen ejemplo. Derivado de un conflicto agrario que en su inicio provocó la Procuraduría Agraria intentando ejecutar el Procede, la violencia ha sido la constante de los últimos diez años en los que se han perdido vidas tanto de un lado como de otro.

El año pasado se intentó un arreglo negociado entre las comunidades y cuando estaban por arribar a un acuerdo la Secretaría de la Reforma Agraria convenció a una parte de la comunidad para que vendiera todo el ejido, más de lo que los invasores tenían en su poder. La mayoría se opuso y los funcionarios agrarios simularon asambleas para lograr su objetivo. Los inconformes buscaron el amparo de la justicia federal y la lograron, ahora están en el Tribunal Agrario buscando anular las actas donde ellos no participaron. Quieren un acuerdo negociado, pero no impuesto desde fuera, y menos que implique perder su patrimonio.

Así podemos seguir poniendo ejemplos de toda índole. Todo esto mientras el Presidente que quiere pasar a la historia como el que llevó la paz al campo, según sus propias palabras, los ignora en su informe a la nación y los partidos políticos hacen mutis. Y cuando algunos funcionarios intentan informar sobre las políticas de la transversalidad que dicen impulsar, lo que se ven son números, no personas, menos pueblos.

Hacen mal los funcionarios y los políticos en dar por muertos a los pueblos indígenas. Entre muchos de éstos existe la firme creencia de que cuando los muertos parten dejando cuentas pendientes siempre regresan a cobrarlas. Y la nación no ha saldado su deuda histórica con ellos. No vaya siendo que un día, de repente, se nos aparezcan y nos asusten.

 
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