Editorial
Asesinato de opositores en Guerrero
Entre anteayer y este lunes fueron asesinados en tierras guerrerenses el comunero Tomás Cruz Zamora, opositor al proyecto de la hidroeléctrica La Parota, y el dirigente campesino Miguel Angel Mesino Mesino, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). Aunque las circunstancias de ambos homicidios hayan sido diferentes, es inevitable vincularlos con las confrontaciones políticas y sociales que prevalecen en la entidad desde hace muchos años, por más que la miopía de las autoridades locales y federales pretenda que en Guerrero impera la paz social.
No debe obviarse la pertenencia de Mesino al igual que la de su hermana y su padre a un grupo agrario que perdió a dos decenas de sus integrantes en la emboscada de Aguas Blancas, perpetrada en 1995 por fuerzas de seguridad de la entidad que dispararon a discreción contra un camión repleto de campesinos, remataron a los heridos y colocaron armas de fuego en las manos de los cadáveres para justificar la matanza como "defensa propia". El gobierno de Ernesto Zedillo fue incapaz de esclarecer, con apego a derecho y en forma convincente, aquella atrocidad, cuyos responsables intelectuales siguen gozando de impunidad.
Por otra parte, la muerte de Tomás Cruz Zamora ocurre en el contexto de la imposición del proyecto referido sobre la inconformidad de muchos comuneros de la región, los cuales se han enfrentado al empecinamiento de los gobiernos federal y estatal y a la cerrazón al diálogo, que recuerda los peores tiempos del autoritarismo presidencial priísta. Tras una expropiación cuestionada, brotes de violencia, amagos de represión, realización de asambleas amañadas y toda suerte de manipulaciones de la voluntad de los lugareños, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP) se mantiene en resistencia.
Con todos esos factores en contra, a fines del mes pasado el presidente Vicente Fox anunció el inminente arranque de las obras de la hidroeléctrica, cuya construcción implica la pérdida de 17 mil hectáreas de tierras de cultivo y afectaciones a unas 14 comunidades. El gobernador Zeferino Torreblanca, por su parte, rechazó hace menos de dos semanas la invitación que le formularon los campesinos inconformes para que asistiera a dialogar a una asamblea. Las autoridades de Chilpancingo se han limitado, en cambio, a calificar de delincuentes y a tratar como tales a los opositores al proyecto.
Diversas organizaciones civiles el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Red Nacional Todos los Derechos para Todos, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, entre otras han alertado sobre la insensibilidad del Ejecutivo federal y las empresas involucradas en el proyecto, sobre las conductas represivas de las autoridades estatales y sobre el peligro de una escalada de violencia en la región.
Esas advertencias no fueron escuchadas por las autoridades de Chilpancingo y ahora uno de los comuneros en resistencia ha sido asesinado. Con semejante telón de fondo, y tras la muerte violenta en la entidad de otro campesino opositor, resulta obligado sospechar del poder público guerrerense. Si existe al menos la voluntad de disipar las dudas, las autoridades estatales tendrán que investigar de manera exhaustiva y convincente ambos asesinatos y llevar a los responsables ante la justicia. Además el gobernador Zeferino Torreblanca debería dar la cara en vez de escabullirse de la prensa.
El gobierno federal debe detener el proyecto de aquí a que se esclarezca el homicidio de Cruz Zamora y, sobre todo, en tanto persistan las inconformidades locales. El foxismo debiera remitirse, en la presente circunstancia, a su buena actuación cuando, ante la perspectiva de echar mano de la represión en San Salvador Atenco, optó por suspender la construcción del aeropuerto que se había proyectado en esa localidad.