Se debe investigar el encarcelamiento irregular

Exigen ONG que se proteja a Felipe Arreaga y su esposa

VICTOR BALLINAS

Las organizaciones Greenpeace, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Red Nacional de Organismos Todos los Derechos Para Todos y Amnistía Internacional demandaron que el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, investigue y sancione a los funcionarios que fabricaron el expediente para encarcelar al campesino ecologista Felipe Arreaga. Asimismo exigieron que tanto el gobierno federal como el estatal otorguen seguridad al ecologista Arreaga y a su esposa Celsa Valdovinos, quienes se sienten amenazados, e incluso manifestaron su temor de que pueda ocurrir un atentado en su contra.

En conferencia de prensa, el campesino ecologista Felipe Arreaga manifestó que él había expuesto al gobernador Torreblanca su situación y la lucha por detener la tala y la deforestación de los bosques; "creí que él iba a apoyar al campo, pero por el contrario, igual que el ex gobernador Rubén Figueroa, Torreblanca sólo significó un cambio de partido porque siguió golpeando y pisando la lucha de los ecologistas".

Arreaga demandó que el gobierno federal envíe una comisión a Guerrero para que en la montaña investiguen la situación de los bosques, que se indague a los caciques locales, y que haya apoyos para el campo y el cuidado de los bosques, porque en lugar de que haya un reconocimiento al trabajo del cuidado de los bosques "se nos persigue y encarcela".

Su esposa, Celsa Valdovinos, quien es presidenta de las campesinas ecologistas de Petatlán, insistió en que tiene temor de que el cacique local, Bernardino Bautista, cumpla sus amenazas, y teme por la vida de su esposo, ya que en la calle, indicó, "varias personas me dicen que nos vayamos porque a Felipe lo pueden matar; por qué nos quieren hacer daño si nosotros estamos haciendo el bien, protegemos los bosques para que no sigan saqueando la madera".

Alejandro Calvillo, de Greenpeace, destacó que no ha habido apoyo real del gobierno federal y estatal para la protección de los bosques, y resaltó que entre 1992 y 2000 se perdió 40 por ciento de ellos.

En tanto, Abel Barrera, director del Centro Tlachinollan, manifestó que el castigo que se impuso a Felipe Arreaga "no doblegó el ánimo de todos los hombres y mujeres que desde 1998 se organizaron contra la tala inmoderada del bosque", y para enfrentar los grupos caciquiles "que mantienen un maridaje con integrantes de las corporaciones policiacas y del Ejército".

En tanto, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, resaltó que el caso de Felipe Arreaga sienta un precedente histórico "para todos los que luchamos por los derechos humanos y el respeto al medio ambiente, porque alcanzamos a pulso la justicia que tanto anhelamos".

Cortés abundó que la libertad de Felipe Arreaga es un acto se justicia, pero deben echarse abajo las órdenes de aprehensión pendientes para otros campesinos ecologistas, pues quedó demostrado que todo fue un delito fabricado. Desde la liberación de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel quedó claro que con su liberación no se resolvía el problema de fondo de la Sierra de Petatlán y que mientras esto no ocurriera podría haber más campesinos presos o incluso muertos.

A su vez, Carlos Mario Gómez, director de Amnistía Internacional sección México, pidió al gobierno mexicano las garantías para que Felipe Arreaga y su compañera Celsa Valdovinos gocen de seguridad ante las amenazas y el temor que han manifestado. Dijo que Amnistía Internacional recomendó al gobierno mexicano dar seguridad personal a los campesinos amenazados, pero en el caso concreto de Felipe Arreaga demandó que se le indemnice porque no se vale que una persona permanezca en la cárcel 10 meses y sólo se diga "lo sentimos, queda libre". Tiene que haber una reparación del daño así como la cancelación de las 13 órdenes de aprehensión pendientes.