Demandan que esta vez los jueces "no se cierren" y otorguen las órdenes de aprehensión
Escepticismo de ONG en torno a que se castigue a represores
Con escepticismo, integrantes del Comité 68 recibieron la noticia de la consignación del expediente sobre la matanza de Tlatelolco y la solicitud de aprehensión que presentó la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado (Femospp) en contra del ex presidente Luis Echeverría y siete ex funcionarios de su gobierno, por su presunta responsabilidad en la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968.
Junto con la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) expresaron sus dudas sobre la actuación del Poder Judicial, toda vez que en el caso de la masacre del 10 junio de 1971 prevaleció -coincidieron- la impunidad con el aval del gobierno foxista.
Jesús Martín del Campo, víctima del jueves de Corpus, confió en que en esta ocasión "no se cierren los jueces negando las órdenes de aprehensión correspondientes, acudiendo a argumentos que no son válidos para desacreditar la acusación de genocidio y se rompa este círculo de impunidad del que hasta ahora han disfrutado Echeverría Alvarez y quienes, como él, tuvieron responsabilidad en ambos casos".
Por lo pronto, su compañero Raúl Alvarez Garín informó que este jueves presentarán en la Cámara de Diputados, como Comité 68, junto con otras agrupaciones sociales, una demanda de juicio político en contra de la magistrada del quinto tribunal unitario en materia penal, Antonia Herlinda Velasco Villavicencio, por exculpar al ex mandatario y a Mario Moya Palencia por el caso del 10 de junio, al declarar el asunto como total y definitivamente concluido.
"En términos formales se trata de una resolución definitiva ante la cual ya no existe recurso alguno para combatirla", pero el golpe podría reforzarse si los hechos del 2 de octubre de 1968 se resuelven de la misma manera. De ser así, acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir que recomiende al gobierno mexicano continuar las investigaciones correspondientes, además de llamar a la movilización ciudadana.
Este recurso, de acuerdo con otra de las víctima directa de los hechos, Carlota Botey, serviría para explicarle al Poder Judicial sobre los costos políticos que tendrá al dejar sin castigo a los culpables de los delitos cometidos entonces. "Más les vale impartir la justicia. En esta ocasión es una demanda muy sentida del pueblo, de nuestra generación, de nuestros hijos y de nuestros nietos."
La verdad histórica, dijeron los tres, merece justicia. Hablaron en el marco de la entrega de la medalla Emilio Krieger, otorgada por la ANAD ,a los colectivos Comité Eureka y Comité 68. Los discursos en la ceremonia también fueron de condena hacia la falta de respuesta jurídica para los ataques al movimiento estudiantil de hace casi 37 años, a la movilización del 10 de junio de 1971, por la desaparición física de disidentes y más.
Rosario Ibarra subrayó la necesidad de justicia que tiene el pueblo mexicano y dijo que no hay confianza en el presidente Vicente Fox, a quien "le faltó dignidad, valor civil" para actuar como ofreció, en lugar de pactar con Luis Echeverría. Recordó que hasta el ex nuncio apostólico Girolamo Prigione "nos despreció terriblemente (a las madres de desaparecidos) cuando quisimos hablar con él" sobre sus casos. "Nos dio portazo", dijo.
"para qué andar corriendo tanto: la verdad la sabe todo el pueblo de México. En nuestro caso tenemos los testimonios de dónde estaban nuestros familiares detenidos; lo que falta es voluntad política y el valor necesario para enfrentar las consecuencias del odio y del rencor."
Cuestionada sobre si pensaba que esta consignación podría proceder, porque las anteriores han sido un fracaso para el fiscal especial, Ignacio Carrillo Prieto, Rosario Ibarra dijo: "Me duele ser tan escéptica, pero son momentos de las etapas del gobierno en que el fiscal saca consignaciones poco a poco, con un fin que hasta el momento desconozco. ¿Por qué se consigna por etapas?", se pregunta, y añade que no puede creer en las buenas intenciones del fiscal especial "porque él le debe obediencia al gobierno, al presidente Vicente Fox, y éste pactó con el PRI".
La luchadora social, con tres décadas de camino andado, que lo mismo visitó la ONU que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como organismos europeos de defensa de los garantías individuales en la búsqueda de los desaparecidos políticos de la guerra sucia, entre ellos su hijo, Jesús Piedra Ibarra, resalta que "esto que hace el fiscal es un plan largo de estar duro y duro diciendo tantas mentiras, que mucha gente se lo cree. A mí me han detenido en la calle varias personas para decirme que qué bueno que se está actuando para conocer el pasado, y bueno, yo tengo que decirles que no es así, que lo que hacen los del gobierno es mentir, porque eso les reditúa en el extranjero"
De parte de la ANAD, el secretario de organización, Francisco Ramírez, destacó que los reconocimientos ayer otorgados representan la lucha contra la impunidad, "la ceguera, el olvido". Además, expresó la "más enérgica protesta" del organismo por "la complicidad del gobierno foxista y del Poder Judicial ante la decisión de no proceder legalmente contra los asesinos y torturadores dirigidos en su momento por Echeverría y sus compinches", al no acreditar que la matanza del 10 de junio de 1971 fue un acto de genocidio.
En tanto, el secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos Para Todos, Edgar Cortez, manifestó que lo primero que llama la atención es que "este expediente fue una consignación largamente anunciada. El fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto anunciaba la inminente consignación del caso y esto no ocurría, pero qué bueno que, aunque con retraso, hoy cumpla su palabra".
Sin embargo, abundó que esta consignación tiene bastante desventaja con respecto a los criterios que los jueces han aplicado hasta hoy. Cortez dijo que espera que el Poder Judicial y el presidente Fox cumplan con sus obligaciones, "porque parece, por un lado, que el mandatario se ha conformado sólo con haber creado la fiscalía; pareciera que eso a él le parece suficiente, y por otro lado el Poder Judicial no actúa congruentemente. Por eso, hay una situación desventajosa".
El director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fabián Sánchez, declaró que sin conocer el pliego de consignación podría opinar que es muy complicado que el fiscal Carrillo Prieto haya consignado nuevamente por el delito de genocidio. "Nosotros mismos hemos sido muy críticos de la consignación que hizo sobre la matanza de estudiantes en 1971. Es muy complicado estar de acuerdo en si es o no genocidio."