Hay que limpiar la mancha ignominiosa e injusta que se impuso a las fuerzas armadas, dice
Carrillo Prieto: el Ejército, víctima de una "trampa" en Tlatelolco
La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) logró acreditar que la matanza del 2 de octubre de 1968 se produjo por cuestiones políticas con el propósito de "debilitar" al Ejército Mexicano, el cual "fue víctima de una agresión junto con la población civil", por lo que la consignación en contra de los presuntos responsables de esos hechos, "además de ser un acto de justicia, también conlleva limpiar definitivamente una mancha ignominiosa e injusta que se colocó sobre las fuerzas castrenses", sostuvo Ignacio Carrillo Prieto, titular del organismo.
Entrevistado a la salida de los juzgados federales, luego de entregar el pliego de consignación con el que solicitó ocho órdenes de aprehensión, entre ellas la del ex presidente Luis Echeverría, el fiscal del pasado refirió que "el Ejército Mexicano nunca, no lo ha hecho, no lo hizo, no lo hará, llegaría a disparar contra la población; eso sería una barbaridad, pero se les ocurrió a algunos" para justificar la matanza en Tlatelolco.
Dijo que tiene confianza en que el juez 15 de distrito en materia penal, Ranulfo Castillo Mendoza, librará las órdenes de captura, aunque si recibe respuesta negativa apelará de la decisión del juzgador ante un tribunal unitario y pediría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el caso.
-¿Con qué propósito se engañó al Ejercito? -se le preguntó.
-Debilitar al Ejercito es debilitar una institución central del Estado, y todo el que tiene interés en debilitar al Estado, en uno o en otro espectro del terreno político, sabe esa tesis. El Ejército Mexicano fue víctima, según lo que investigamos en esta averiguación, de una trampa: la trampa de Tlatelolco.
El funcionario de la PGR, quien durante más de dos horas tuvo que esperar en la oficialía de partes del área de juzgados federales del Reclusorio Sur a que le recibieran los expedientes del caso y le asignaran un juez de distrito, informó que en 24 horas debe estar lista la decisión judicial sobre conceder o negar las medidas cautelares.
Refirió que el nombre de los indiciados no lo podía dar a conocer, por razones de sigilo, y sólo precisó que la acusación es por genocidio y por la desaparición forzada de Héctor Jaramillo, ex estudiante del Escuela Superior de Ingeniería Meánica del IPN y compañero de los ex líderes estudiantiles Raúl Alvarez Marín y Felix Hernández Gamundi. "Son 36 tomos y más de 34 mil páginas. Representa el trabajo de muchos años, pero sobre todo convierte en lenguaje ministerial lo que tantos años trabajó la sociedad mexicana por esclarecer estos hechos, a casi 37 años de que ocurrieron."
Más tarde, en conferencia de prensa, Carrillo Prieto exhibió las diferencias que mantiene con la Agencia Federal de Investigación (AFI), a la cual exhortó a "conducirse a la altura de su responsabilidad", ya que de 20 órdenes de aprehensión conseguidas por la fiscalía a su cargo 13 siguen sin cumplimentarse, particularmente la de Luis de la Barreda Moreno, ex titular de la Dirección Federal de Seguridad.
Después de confirmar la consignación penal de ocho ex funcionarios por los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, Carrillo Prieto sostuvo que "tras 37 años de impunidad y de encubrimiento sonó para la sociedad mexicana la hora de la justicia" que prometió (Vicente Fox). El 2 de octubre, añadió, además de ser un parteaguas en la historia del país, a partir de la consignación de ayer "pasó a ser un parteaguas jurídico".
Sin aceptar preguntas, con más de 40 minutos de retraso, el funcionario leyó sus declaraciones arrastrando las palabras.
En este contexto, al final adelantó que el próximo jueves dará "los pormenores de una persecución interna, ilegal e injusta, cuyo destinatario final es el procurador de la República, situación que lastima a dos instituciones: al Ministerio Público y pudiera ser a la Presidencia de este país".
Sin mencionar mayores detalles, luego de pedir estos días para "precisar los términos y alcances de esta maniobra, producto de la ignorancia, inexperiencia o de una extrema miseria moral", Carrillo Prieto pareció referirse a una carta que se hizo pública este lunes, dirigida por él al procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, en la que afirma que las auditorías que se le hacen a la dependencia a su cargo parecen tener el fin de desprestigiar la labor de la fiscalía con el fin último de desaparecerla.
Cuando se levantó, se tropezó. Los reporteros le pidieron que diera a conocer nombres de los acusadores, pero Carrillo Prieto se enredó con sus palabras, confundió la pregunta y, en alusión a las órdenes de aprehensión que no ha cumplimentado la AFI, comentó: "No puedo (dar los nombres)... aunque, sí los damos, bueno a lo mejor no... ¡Cómo no los van a aprehender".