Solicita orden de captura contra el ex procurador Sánchez Vargas y seis ex funcionarios

Pide la Femospp que se aprehenda a Echeverría por la matanza del 68

Carrillo Prieto consigna la acusación por genocidio y privación ilegal de la libertad

ALFREDO MENDEZ

Después de más de tres años de investigaciones, a dos semanas de que se cumplan 37 años de la matanza de 1968 en Tlatelolco, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) solicitó a un juez federal órdenes de aprehensión contra el ex presidente Luis Echeverría Alvarez y el ex procurador general de la República Julio Sánchez Vargas, además de otros seis ex funcionarios y militares, por su presunta responsabilidad penal en esos hechos.

En la solicitud de la fiscalía, integrada por 36 tomos y más de 34 mil fojas, se incluye la petición de captura contra los generales Luis Gutiérrez Oropeza, ex jefe del Estado Mayor Presidencial; Raúl Mendiolea Cerecero, ex subjefe de la Policía del Distrito Federal; Javier Vázquez Félix, quien se encargó de recoger los cuerpos de los muertos en Tlatelolco; Salvador del Toro Rosales, ex agente del Ministerio Público, así como contra los ex titulares de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro.

Los delitos a los que hace referencia la autoridad ministerial en el pliego consignatorio son genocidio y privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, cometido en agravio de Héctor Jaramillo, un ex estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desaparecido en enero 1969.

Sin embargo, únicamente se imputó ambos delitos a Echeverría, De la Barreda y Nazar Haro, mientras contra los cinco restantes sólo se pidió su aprehensión por genocidio.

Aun cuando el juez encargado del caso del 68 determinara que no existió genocidio en los hechos de Tlatelolco y/o que ese hecho ya estaría prescrito -ante el precedente judicial de que en la matanza del 10 de junio de 1971 tampoco se configuró ese delito-, queda abierta la puerta para que se obtenga la orden de captura contra el ex presidente y los ex titulares de la DFS, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en 2003 que en el delito de privación ilegal la prescripción se comienza a contar a partir de que aparece la víctima viva o muerta.

El encargado de resolver el futuro jurídico de los ocho inculpados es el juez 15 de distrito con sede en el Reclusorio Sur, Ranulfo Castillo Mendoza, quien en teoría cuenta con 24 horas, a partir de la radicación del expediente, para determinar si concede o niega las órdenes de captura, aunque legalmente está en posibilidad de extender el plazo varias horas más.

De acuerdo con fuentes de la PGR cercanas al caso, hasta el cierre de esta edición aún no se asentaba como radicada en el juzgado la solicitud que hizo la Femospp mediante la consignación de la averiguación previa PGR/02/2002, lo cual ocurriría en los últimos minutos de anoche.

Incluso los informantes revelaron que el juzgador podría dar su resolución hasta la noche del próximo miércoles, debido a lo voluminoso del expediente.

La consignación fue hecha por el propio fiscal Ignacio Carrillo Prieto, quien esperó más de dos horas en la oficialía de partes de los juzgados federales del Reclusorio Sur para que le asignaran al juez responsable del caso. El titular de la Femospp dejó por triplicado el expediente abierto, es decir, con una parte aún bajo investigación, para obtener mayores pruebas en contra de los imputados o decretar el no ejercicio de la acción penal a quiene estime eximido.

El funcionario de la PGR llegó a las instalaciones del Poder Judicial Federal -acompañado de un grupo de 30 colaboradores y elementos de la Agencia Federal de Investigación vestidos de civil- en punto de las 12 horas. Dos horas con veinte minutos después abandonó el lugar sin ocultar la felicidad.

El ejercicio de la acción penal contra Echeverría y coacusados por el caso de 1968 se da cuatro meses después de que el fiscal había declarado a los medios de comunicación que ya estaba concluida la indagatoria sobre los hechos de Tlatelolco y que sería "cuestión de horas" la solicitud de órdenes de aprehensión.

Además, la consignación ocurre luego de varias renuncias en la fiscalía, pues según el ex encargado de la investigación del 2 de octubre, César Osorio y Nieto, desde marzo pasado habría entregado el pliego de consignación concluido.

Gran parte del expediente está integrado por copias certificadas de libros, revistas y recortes periodísticos, ubicados en el Archivo General de la Nación (AGN), así como de videos documentales entre los que destaca el titulado Tlatelolco: las claves de la masacre, elaborado por La Jornada y canalseisdejulio.

Genocidio y caso Jaramillo

Entre las conclusiones de la Femospp para acreditar el delito de genocidio destaca que la matanza de 1968 se produjo porque el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz "usó la fuerza pública para dirimir el asunto de la sucesión presidencial" e inclinar la balanza en favor de Luis Echeverría.

Además, afirma que se tejió una trampa al Ejército Mexicano para desacreditarlo, contando con el apoyo de los entonces jefes del Estado Mayor Presidencial y del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Gutiérrez Oropeza y Javier Ballesteros, para provocar el "fuego cruzado" entre los integrantes del Batallón Olimpia y los militares regulares que habían rodeado la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.

La Femospp también refiere que Echeverría y el procurador Sánchez Vargas participaron en la elaboración y desarrollo de una política gubernamental encaminada a eliminar a los opositores del régimen, principalmente militantes de izquierda y de organizaciones estudiantiles, que la autoridad investigadora denominó "grupos nacionales".

Asimismo, la desaparición de Héctor Jaramillo forma parte de uno de los puntos nodales en la consignación que realizó ayer la fiscalía, y representa la oportunidad más sólida de Carrillo Prieto para obtener órdenes de aprehensión contra Echeverría Alvarez, De la Barreda Moreno y Nazar Haro.

Y es que el de Jaramillo constituye, de acuerdo con el pliego de consignación, el único caso de desaparición forzada como consecuencia directa de la represión estudiantil de 1968.

Integrantes del Comité Nacional de Huelga (CNH) declararon en su momento a la Femospp que Jaramillo era uno de los más destacados activistas que representaron, durante el movimiento estudiantil, a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) del IPN.

De acuerdo con las investigaciones, tras varios días de tortura y un encuentro en enero de 1969 con el entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán (ya fallecido), Jaramillo nunca salió del Campo Militar número Uno.

La denuncia acerca de esta desaparición no la formularon los familiares del afectado, sino varios de sus compañeros del CNH, entre ellos Félix Hernández Gamundi y César Tirado.

En sus denuncias de hechos ambos señalan que en enero de 1969, luego de que activistas del 68 fueron torturados durante varios días, Jaramillo y otros estudiantes, entre ellos el propio Tirado y otra persona identificada como El Chapo Valenzuela Cárdenas, fueron puestos a disposición del general García Barragán.

Supuestamente habrían sido llevados ante el titular de la Sedena el 13 de enero de 1969. En declaraciones rendidas ante el Ministerio Público Federal se menciona que El Chapo Valenzuela Cárdenas fue el primero en ser detenido por militares y bajo tortura lo hicieron declarar que Tirado tenía intenciones de matar al entonces secretario de la Defensa Nacional. Héctor Jaramillo vivía entonces en el mismo departamento que El Chapo Valenzuela, por lo que estudiantes de la ESIME le habrían pedido a César Tirado que escondiera en su departamento a Jaramillo, porque lo buscaban los militares.

Presuntamente Tirado accedió a esa petición. Sin embargo, mediante torturas El Chapo supuestamente vinculó a Tirado con un presunto intento de atentado contra García Barragán, por lo que militares capturaron a Jaramillo y a Tirado en la casa de este último.

Encapuchados, los detenidos fueron trasladados por soldados vestidos de civil al Campo Militar número uno, donde durante cinco días fueron sometidos a interrogatorios bajo tortura.

El 23 de enero de 1969 se realizó el encuentro entre los detenidos y los generales. Supuestamente García Barragán ordenó la liberación de los tres, y dijo: "¡Suéltenlos, están muy flacos pa' tenerles miedo!"

Presumiblemente, al término del encuentro cada uno fue escoltado hasta sus respectivas celdas y, justo cuando se llevaban a Jaramillo y a Tirado, el primero se topó de frente con un militar que vestía de civil, un pelirrojo a quien le dijo algo así como: "Yo a ti te conozco, ¿te acuerdas de mí? Eres de San Luis Río Colorado, igual que yo". El militar se sorprendió y sólo agachó la cabeza.

La noche del 23 de enero de 1969 los tres fueron sacados del Campo Militar número uno y tirados en distintas zonas de la ciudad de México. Al día siguiente César Tirado y El Chapo Valenzuela se rencontraron, pero nunca más localizaron a su compañero de la ESIME.