Afectarían la seguridad jurídica de los inversionistas; sugiere revisión por expertos
Identifica el IMEF contradicciones en la nueva la ley del mercado de valores
Antes de la inminente aprobación de la nueva ley del mercado de valores se deben solucionar aspectos de técnica legislativa y de inseguridad jurídica que puedan evitar que en el futuro las controversias o conflictos se tengan que dirimir en tribunales. Para ello, es importante que los legisladores acepten que un grupo de abogados independientes y con especialidad mercantil respondan a esta preocupación, alertaron especialistas.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), mediante el Comité Técnico Jurídico Financiero, advierte que si bien el último proyecto de ley del mercado de valores ha sido objeto de ajustes que subsanan varias de las observaciones consideradas anomalías peligrosas, no sólo para la seguridad jurídica de quienes participan en dicho mercado, "a nuestro juicio aún subsisten puntos que sería necesario ajustar dentro del proyecto de ley".
De acuerdo con el IMEF persisten contradicciones en algunas de las disposiciones contenidas en la ley del mercado de valores y que presionan de una manera importante a sistemas normativo de tipo general como lo es la ley general de sociedades mercantiles.
Los especialistas precisaron que en la práctica lo que se prevé en el proyecto de ley del mercado de valores en materia de "sociedades emisoras" pudiera funcionar; no obstante en muchos aspectos establece excepciones expresas a diversas disposiciones de la mencionada ley general de sociedades mercantiles que implicarán riesgos importantes ante el caso de que, en un futuro, se presenten controversias que tengan que resolverse ante tribunales.
Actualmente, Tv Azteca, perteneciente al Grupo Salinas, ha sido uno de los principales opositores de la nueva ley del mercado de valores. Entre las objeciones de Tv Azteca destaca que no se le otorguen mayores facultades para sancionar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, autoridad reguladora del mercado.
Otro de los eventuales problemas es el de la representatividad contra la agencia, según expone Mario Di Costanzo, especialista financiero. Se observa claramente, explicó, que la nueva ley del mercado de valores, está inspirada en la Ley Sarbanes-Oxley de Estados Unidos y si bien contiene algunas diferencias importantes, su "espíritu jurídico" es muy similar.
Se debe reconocer que uno de los problemas que dio origen a esta ley en Estados Unidos fue la existencia del problema denominado "agencia". Señaló que el problema de "agencia" surge debido a que en ese país la tenencia de las grandes y medianas empresas se encuentran diluidas entre muchísimos accionistas, quienes nombran a sus representantes en los consejos de administración y son estos consejos de administración los que "velan" por los intereses de todos y cada uno de los miles de accionistas que se ven representados en estos consejos.
Sin embargo, en el caso de México, la situación es radicalmente diferente ya que la tenencia accionaria de las grandes y medianas empresas se encuentra concentrada en una sola persona, como accionistas mayoritarios y cuando llega a ser más de una, la tenencia accionaria está distribuida entre miembros de su misma familia. De hecho en la mayoría de los casos, el accionista mayoritario es el presidente del consejo de administración.
Esta situación provoca que en estos casos (que son la mayoría) los accionistas no enfrenten el problema de "agencia" ya que ellos mismos participan en el consejo de administración, por eso "ellos mismos se vigilan de no actuar contra ellos mismos".
De esta manera, se desprende que la nueva ley del mercado de valores está diseñada para atacar un problema que no existe en nuestro sistema.
Di Costanzo Armenta advirtió: "Al parecer no se han considerado los efectos que esta ley podría tener en el caso de que en un futuro alguna de nuestras paraestatales, como Pemex o Comisión Federal de Electricidad, decidieran emitir acciones en el mercado bursátil, evidentemente existirían minorías, tal vez extranjeras, que podrían llegar a tener decisiones sobre la actividad reservada al Estado o en su caso a mexicanos".