Buscan convencer a la SCJN para que eche abajo el reconocimiento al fármaco

Inconformes con la píldora del día siguiente se reúnen con ministros

El máximo tribunal revisa una solicitud de amparo contra la anticoncepción de emergencia

Cinco diputados panistas de Jalisco y 14 obispos de la pastoral de occidente, entre los quejosos

ALMA E. MUÑOZ

Diputados panistas de Jalisco y representantes de organizaciones civiles -entre ellos Jorge Serrano Limón, de Provida-, que a principios de agosto solicitaron un amparo contra la inclusión de la píldora del día siguiente en el cuadro básico de salud, comenzaron a reunirse con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a fin de presentar alegatos jurídicos contra el anticonceptivo.

Los inconformes -que son apoyados por 14 obispos de la región pastoral de occidente- ya se reunieron con los ministros Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Meza, Sergio Aguirre, Juan Díaz Romero, Ortiz Mayagoitia y Margarita Luna.

A esos encuentros también ha acudido el ex secretario de Salud Jesús Kumate.

El panista Fernando Guzmán explicó que en este asunto lo importante es ''dilucidar si el medicamento es abortivo o no'' y, por tanto, corresponde a los ministros ''resolver que la vida humana abarca desde la concepción hasta al muerte'', según la lectura que los panistas hacen de la ley.

En enero de 2005 se publicó la Norma Oficial Mexicana sobre Planificación, en la que se avala el uso del levonorgestrel (anticonceptivo hormonal que la mujer puede consumir en las horas siguientes a una relación sexual no protegida). El 11 de julio pasado la también llamada píldora de emergencia fue incluida en el cuadro básico de medicamentos del sector salud.

A principios de agosto cinco diputados panistas de Jalisco -Cecilia Carreón, Ricardo Ríos, Mario Salazar, Fernando Guzmán y José Antonio Muñoz- y 14 obispos de la región pastoral de occidente -entre ellos el arzobispo de Guadalajara, cardenal Juan Sandoval Iñiguez, y el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz- suscribieron una demanda de amparo en contra de la resolución que modifica la Norma Oficial Mexicana 005-SSA2-1993.

El grupo sostiene ante los ministros que la Secretaría de Salud (Ssa) cometió ''un acto contrario a la ley'' al incorporar ese fármaco al cuadro básico, pues según él no siguió el proceso jurídico correspondiente y violó la Ley Federal de Metrología y Normalización, con lo cual realizó un proceso ilegal y anticonstitucional.

Al decir de los quejosos, la dependencia no ha comprobado que la píldora no es abortiva, por lo cual debería prevalecer la jurisprudencia de la SCJN en favor de la vida.

En sus alegatos sostienen que la Ssa pone al alcance de los menores de edad y los adolescentes ''los medios para que se corrompan'', al dar por hecho que ''están en pleno uso de sus órganos sexuales, que tienen constantemente relaciones sexuales, y que incluso toman anticonceptivos hormonales orales, además de utilizar el dispositivo intrauterino, o que han fallado en su estimación del periodo seguro o no fértil. Lo que no deja de ser una aberración y una actuación ilegal e inconstitucional de las autoridades''. Esto lo consideran violatorio del artículo cuarto constitucional.

Mientras tanto, en Roma, el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Familiar, obispo Rodrigo Aguilar, en visita ad limina apostolarum, expresó a la agencia de noticias de los Legionarios de Cristo que "no alcanza a ver con claridad qué es lo que pretende el gobierno mexicano" con su decisión de incorporar ese fármaco al cuadro básico de medicamentos del sector salud.

''Estamos entrando en un forcejeo en el que creen que la postura de la Iglesia es anticuada, retrógrada, oscurantista; pero ésas son las consecuencias de lo que llamaba el papa Benedicto XVI la dictadura del relativismo.''