Usted está aquí: lunes 12 de septiembre de 2005 Política María Marván Laborde apremia al Congreso a proteger datos personales

Señala urgencia de cuidar el derecho a la privacidad

María Marván Laborde apremia al Congreso a proteger datos personales

ELIZABETH VELASCO C.

La presidenta comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), María Marván Laborde, se pronunció por agilizar en el actual periodo de sesiones de la Cámara de Diputados el debate y aprobación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

Aludió al hecho de que de 64 artículos que contiene la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental sólo siete tratan el tema, esa situación "nos ha obligado a entrar al terreno de la interpretación y a entender lo que tiene que ver con la base de datos" de más de 250 dependencias de la administración pública federal (APF).

De esas dependencias, sólo las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública, el Instituto General de Estadística, Geografía e Informática, la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro han generado alrededor de mil 800 bases de datos con información de más de 22 millones de personas, que incluye desde domicilio y teléfono particular hasta información bancaria y financiera. Cabe señalar que la ley de transparencia obliga al IFAI a generar un padrón de bases de datos de la APF.

Para Marván, la carencia de una ley en la materia ha provocado discusiones "particularmente difíciles" entre los comisionados del IFAI cuando las solicitudes de información se relacionan con datos personales. Un ejemplo de ello se dio durante la pasada sesión, cuando, tras un controvertido debate entre los cinco comisionados, se determinó la confidencialidad de las fotografías de los funcionarios públicos de mandos medios y bajos, a menos que aquéllos aprueben su difusión.

Por ello, dice Marván, ya es tiempo de garantizar la protección jurídica de la "intimidad y privacidad" de los mexicanos, en particular de datos "sensibles" que se refieren a la raza, el honor, las preferencias políticas, religiosas, sexuales, de salud y otros. Esa "intimidad", sostiene, debe ser garantizada más allá del mercado, del Estado y de la misma sociedad, pues "no se puede permitir que se invada la vida privada del ciudadano ni que se juegue con sus datos, ni que se comercialicen o vendan".

 
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