Editorial
La soberanía alimentaria, tarea pendiente de Fox
El campo mexicano se encuentra al borde de una debacle de graves consecuencias. De acuerdo con estudios del Frente Nacional de Organizaciones Campesinas, el Congreso Agrario Permanente y la Central de Organizaciones Campesinas y Populares, México importa actualmente 39 por ciento de los alimentos que se consumen en el país. Adicionalmente, la migración de los campesinos a las grandes ciudades y Estados Unidos amenaza con dejar al medio rural sin mano de obra, provocando que las tierras queden sin cultivar y reduciendo considerablemente la producción agrícola, sin que el gobierno de Vicente Fox tome cartas en el asunto para revertir esta situación.
Tradicionalmente, México ha sido un importante productor de maíz, grano básico que forma parte de la dieta diaria de millones de personas. Sin embargo, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 1994, los agricultores nacionales han ido perdiendo terreno ante las importaciones provenientes de Estados Unidos, cuya producción, dicho sea de paso, está protegida mediante millonarios subsidios gubernamentales: en los últimos 10 años, las importaciones de este grano pasaron de 3 a 40 por ciento. Pero el caso del maíz no es el único que pone al descubierto el desinterés de las autoridades para garantizar la soberanía alimentaria, un factor clave para alcanzar el desarrollo sustentable. Durante el mismo periodo, las importaciones de soya llegaron a 90 por ciento del total del consumo; las de arroz, 80 por ciento, y frijol, 30 por ciento. Asimismo, se han reducido las áreas de cultivo de productos como girasol, cártamo y ajonjolí, entre otros. Lo peor de todo es que los pocos productos de exportación están en buena medida controlados por empresas trasnacionales, que se quedan con la mayor parte de las ganancias mismas que salen del país, dejando tan sólo unas migajas a los campesinos, que apenas les sirven para sobrevivir.
Este deterioro del campo se debe a que muchos problemas que lo aquejan se han acentuado durante el gobierno de Fox. El déficit comercial de artículos básicos se ha vuelto crónico y el producto interno bruto del sector agropecuario ha crecido en forma mínima. De hecho, en el primer trimestre del año, el PIB registró un saldo negativo de 1.5 por ciento.
Evidentemente, bajo este panorama, las oportunidades para los campesinos son casi nulas. Unos 18 millones de personas en el medio rural obtienen menos de dos dólares al día y el 95 por ciento carece de prestaciones sociales. Esta circunstancia explica por qué los campesinos optan por abandonar sus tierras para buscar mejores perspectivas de vida en las ciudades o en Estados Unidos. Datos del Consejo Nacional de Población para el año 2003 revelan que unas 400 mil personas del sector rural emigran cada año, unos 2 millones de empleos en el campo se han perdido desde la aplicación del TLCAN y tan sólo 16 por ciento de la población económicamente activa se dedica a actividades agropecuarias, según cifras oficiales. Es por estos motivos que cientos de pequeñas poblaciones rurales sobreviven gracias a las remesas hechas por sus familiares desde Estados Unidos, que de acuerdo con previsiones rebasarán los 19 mil millones de pesos a finales de 2005.
La dependencia alimentaria podría agudizarse en los próximos años si persisten las causas que obligan a los campesinos a emigrar, pues miles de hectáreas de tierras cultivables son abandonadas cada año, las cuales se convierten en presa fácil para las empresas trasnacionales con ambiciones latifundistas. Si la situación llega a ese extremo, el daño al sector agropecuario será irreversible, con una producción nacional insuficiente para garantizar el consumo interno, una grave falta de mano de obra y grandes porciones de tierra en manos extranjeras, todo ello ante la indiferencia del gobierno.