Consideran que se usurparon funciones del Legislativo
La decisión, por presiones de EU para que se extradite a narcos: juristas
La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar constitucional la cadena perpetua en el estado de Chihuahua provocó severas críticas de parte de abogados penalistas contra los ministros del máximo tribunal del país. En tanto, funcionarios del Poder Judicial Federal (PJF) consideraron que esa resolución "responde a una necesidad" de contar con penas "más severas" que "inhiban" los actos de violencia cometidos en contra de mujeres y menores de edad, particularmente en municipios como Ciudad Juárez.
Para juristas consultados por La Jornada, la Corte asumió labores legislativas que no le competen, ya que con su criterio "quedaron alterados preceptos constitucionales que sólo pueden ser modificados por el Congreso de la Unión", además de que la decisión de los ministros "evidencia que el PJF se está sumando al perfil judicial de Estados Unidos", de endurecer las penas contra los delincuentes.
Bárbara Zamora, quien ha litigado diversos casos sobre procedimientos de extradición de ciudadanos vascos, reveló en entrevista: "Funcionarios del PJF me dijeron que desde tiempo atrás Estados Unidos pidió a la Corte mexicana que se modificara el criterio de negar extradiciones cuando se pretenda aplicar la pena vitalicia. La controversia del Congreso de Chihuahua que resolvieron los ministros fue sólo un pretexto".
José Patiño, quien ha litigado casos relativos a delincuencia organizada, entre ellos el de Nahúm Acosta Lugo, ex funcionario de Los Pinos a quien se le imputó ser espía de narcotraficantes, reprobó la determinación de la SCJN "por ser notoriamente inconstitucional", y consideró que se ha incrementado la tendencia de las autoridades mexicanas a "asumir posiciones gringas, ahora hasta en el ámbito judicial".
El penalista aseguró que "los ministros se sumaron a las disposiciones de tres o cuatro países en el mundo que aceptan la pena de muerte y la cadena perpetua en delitos exageradamente graves, y con ello dieron un duro golpe a las garantías individuales de cualquier persona a la que se le impute un delito" en México.
Para los jueces y magistrados federales consultados, los ministros que votaron en favor de la cadena perpetua "hicieron lo correcto" y "de ninguna manera" violaron la Constitución.
"Lo importante es el precedente que quedó con la resolución de la Corte, porque ahora habrá posibilidades de aumentar el índice de narcotraficantes extraditados a Estados Unidos, lo que implica ahorro para el erario y despresurización en los penales de nuestro país", puntualizaron los funcionarios del PJF que solicitaron el anonimato.
Sin embargo, la penalista Bárbara Zamora aseguró que la determinación de los ministros sí viola la Constitución, porque la Carta Magna "prohíbe aplicar penas trascendentes, además de que se está violando el derecho que tiene una persona que ha delinquido a readaptarse y regresar a la sociedad".
Agregó que la SCJN finalmente cedió a las exigencias de las autoridades estadunidenses, en el sentido de que se liberara una de las cláusulas de prohibición para extraditar al vecino país a un inculpado, ya que el tratado de extradición establece que ninguna persona será enviada al país requirente cuando se pretenda aplicar pena vitalicia o de muerte, pero "con la decisión de los ministros se crea una llave para ese candado".
La también defensora de los derechos humanos criticó la falta de independencia del PJF, pues dijo que sus integrantes están demostrando un actuar similar al del gobierno del presidente Vicente Fox. "Me parece muy grave que la Corte esté respondiendo a las necesidades o caprichos de un gobierno extranjero, tal como lo ha estado haciendo el Ejecutivo".
El gobernador de Aguascalientes, el panista Luis Reynoso Femat, elogió la aprobación por parte de la SCJN de la cadena perpetua, en vez de la pena de muerte, pues las autoridades no son seres supremos para determinar a quién quitarle la vida por sus delitos, sostuvo.
Otro gobernador, el de Veracruz, el priísta Fidel Herrera Beltrán anunció que tras el fallo que declaró constitucional la cadena perpetua, a escala estatal se reformará el Código Penal para incluir dicho castigo judicial, homologando la legislación vigente con la federal.