Trabajadores de confianza analizan el siniestro en Dos Bocas
La administración integra a Pemex personal con afinidad política, pero sin calificación
El despido de 5 mil técnicos profesionales en Petróleos Mexicanos (Pemex) a partir de 2004, para sustituirlos por los servicios de empresas privadas ''que no cuentan con personal calificado, entrenado y con conocimiento'' para controlar fallas de mantenimiento y supervisión de obras, ''agudiza la descoordinación, desinformación e inseguridad en los procesos de exploración, explotación, transporte, transformación y mantenimiento'' en la paraestatal.
Un balance de la Unión de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (UNTCIP) busca demostrar, a partir del análisis sobre el siniestro del 8 de julio pasado en Huimango, Cunduacán (en el cual por la fuga del gaseoducto de Dos Bocas-Trinidad perdieron la vida cinco tabasqueños, 12 más sufrieron quemaduras de gravedad y más de 800 habitantes de cuatro municipios debieron ser evacuados), que el gobierno federal integra a la plantilla de Pemex ''personal incondicional para impulsar negocios de funcionarios en turno, con afinidad política y con relaciones de compadrazgo, en detrimento de la operación, supervisión y seguridad de la industria''.
La representación de la UNTCIP en Tabasco, encabezada por Ricardo Decle, determinó que el accidente en Cunduacán fue resultado del golpe de una retroexcavadora operada por personal de una compañía particular ''bajo cargo del gobierno estatal'', que realizaba operaciones en el puente Dren dos, a la altura del kilómetro 22 de la nueva autopista Reforma-Dos Bocas, al mediodía de ese viernes.
Según relataron los vecinos del lugar, al no poder corregir la fractura en el gasoducto, los operarios suspendieron actividades y abandonaron el sitio. Hasta las siete de la noche, personal de Pemex identificó la fuga de gas condensado amargo y disuadió a los curiosos para que se retiraran de la zona. Una hora después, Protección Civil de Tabasco y operativos de seguridad industrial y de mantenimiento de la paraestatal valoraron la situación y definieron el programa para reparar la fuga.
Cerca de las 9:30 de la noche se suspendió el envío de gas desde Dos Bocas y con ello comenzó a depresionar el ducto que normalmente opera a 11 kg/cm2. Esto provocó el envío a la atmósfera ''de poco más de 120 millones de pies cúbicos estándar por día a través de quemadores en plataformas, y 45 minutos después la fuga se intensifica al abrirse un boquete y queda sin control. Se forma una nube de condensado y gas que cubre más de 100 hectáreas.
''El personal logra escapar de la nube explosiva, y a las 10:45 PM ocurre un estallido al encontrar un punto de ignición en una casa distante un kilómetro al norte de la fuente, propagándose en las 100 hectáreas gasificadas y manteniéndose en el punto de fuga, en tanto baja la presión del gasoducto''. Hasta las 11 de la noche, continúa el informe, el personal operativo concluyó el cierre de la válvula de seccionamiento en la Trinidad, pero no pudo hacer lo mismo con la de Chichicapa ''debido a su mal estado''. A las 7 de la mañana del siguiente día consigue cerrar la válvula en El Escribano para dejar al mínimo la presión del ducto y aislar con ello el tramo del envío de gas.
Tras el siniestro, los integrantes de la UNTCIP descubrieron diversas anomalías que Pemex no ha corregido en Tabasco, lo cual pone en riesgo a comunidades del estado ''que conviven con más de 100 instalaciones petroleras y una red de 8 mil kilómetros de ductos''.
Señalan que la paraestatal ''opera sus sistemas de ductos sin tener actualizada la clasificación de localización; no cuenta con suficiente personal experimentado para supervisar y cumplir los programas de operación, mantenimiento, optimización, prevención de riesgos industriales o ambientales y respuesta emergencias; no se da abasto en el mantenimiento de ductos, indispensable en la prevención de riesgos.
''Acelera la privatización fomentando la sustitución de las funciones del personal calificado de Pemex con proveedores y compañías que han resultado en la proliferación de trabajos (bombas de tiempo) realizados por personal inexperto, ajenos al rigor normativo y que utilizan en forma sistemática la corrupción de funcionarios para ganar contratos y recepción de obras o servicios fuera de especificación''.
Aseguran que ''los funcionarios de Pemex no proporcionan datos precisos ni información completa. Hablan de cientos de millones de inversión en plazos de mantenimiento, pero no ofrecen programas específicos para darles seguimiento. No son transparentes para no cometer un error político que exponga sus privilegios, evidenciando que no tienen compromiso con el futuro de Pemex, con la sociedad y menos con las comunidades''.
Respecto al siniestro en Cunduacán, establecen que ''en el desarrollo de construcción de obras en zonas de actividad petrolera, el gobierno estatal omite el cumplimiento de requisitos mínimos de seguridad y la rigurosa coordinación y supervisión con personal calificado de Pemex. La paraestatal -aseguran- no recibió aviso de las actividades que la compañía responsable de la fractura en el gasoducto realizaría''.
Además, el ''personal de dicha empresa no tenía la información ni la capacitación necesarias para comprender los riesgos de trabajo sobre el derecho de vía. No reportó oportunamente la existencia de la fuga, lo cual retrasó su evaluación temprana y la programación y corrección con menores riesgos. El derecho de vía y el gasoducto en particular no contaban con inspecciones y supervisión que los mantuvieran dentro de la normatividad y a resguardo de riesgos extremos.
''Las autoridades directivas y gerenciales no tuvieron capacidad técnica para ordenar la suspensión inmediata tanto del envío de gas desde Dos Bocas como el cierre de válvulas en Chichicapa y en la Trinidad, y no observaron una adecuada coordinación entre la alta dirección de la Región Marina Suroeste y la Región Sur, ni la aplicación de un plan de emergencia''.
Es claro, sentencia la agrupación, ''que el propósito real es convertir a Pemex en una empresa administradora de contratos y acelerar la privatización silenciosa''.