Información de la CNBV revela que los acusados realizaban operaciones millonarias
Recaba la SIEDO nuevas pruebas contra El Chapito y otras 3 personas
Los recientes elementos darían fuerza a los cargos de lavado de dinero, narcotráfico y delincuencia organizada
Esperan poder consignar nuevamente el expediente del caso
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR) aún investiga si Archivaldo Iván Guzmán Salazar, El Chapito, hijo del presunto narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, así como María Olga e Imelda Margarita Salazar Hernández, cuñadas del capo, y Mario González Martínez o Manuel Oropeza, hijo de un compadre de El Chapo, forman parte del cártel de Sinaloa, y si en cuatro años lavaron para la organización delictiva al menos 200 millones de pesos.
Documentos oficiales en poder de La Jornada revelan que la dependencia federal cuenta con informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que demuestran que de 1998 a 2002 las cuatro personas mencionadas realizaron depósitos millonarios a diversas cuentas bancarias y compraron vehículos de lujo, con dinero que les proporcionó el líder del cártel de Sinaloa.
Si bien parte de esta investigación ya es "cosa juzgada", pues tanto un juez como un magistrado federales del Distrito Federal negaron este año a la PGR las órdenes de aprehensión contra los inculpados -debido a que la acusación estaba basada en "conjeturas del Ministerio Público Federal"-, la SIEDO actualmente reúne nuevos elementos para "dar fuerza a los cargos" y "estar en posibilidades legales de volver a consignar el expediente del caso", pues a dichos sujetos se les acusa de lavado de dinero, narcotráfico y delincuencia organizada.
De hecho, cuando el tercer tribunal unitario en materia penal negó en junio pasado las órdenes de aprehensión contra los inculpados y otras personas presuntamente vinculadas al cártel que dirige El Chapo, dejó a la SIEDO en posibilidades de volver a ejercitar acción penal, siempre y cuando se allegara de nuevas pruebas de cargo.
Así lo ha hecho en semanas recientes el Ministerio Público Federal adscrito a la SIEDO, por orden expresa del subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, según revelaron fuentes gubernamentales.
Entre la información de la CNBV con que cuenta la autoridad investigadora y que está siendo perfeccionada destaca la relativa a María Olga Salazar Hernández, una de las cuñadas del capo, quien "siendo estudiante y sin tener trabajo posee una camioneta BMW, cuyo valor aproximado es de 600 mil pesos".
Otro caso es el de El Chapito, a quien se detectaron "diversos depósitos en su cuenta bancaria por la cantidad aproximada de 600 mil pesos, así como la posesión de un BMW con valor aproximado de más de 300 mil pesos.
"Lo mismo por cuanto hace a Imelda Margarita Salazar Hernández, quien también es cuñada de El Chapo y ha reconocido que los únicos ingresos que percibe son en razón de un seguro de vida que recibió, cuando de las constancias que obran en autos se desprende que realizó operaciones de depósito a una cuenta bancaria aperturada a su nombre por aproximadamente 7 millones de pesos."
El cuarto caso es el de Mario González Martínez o Manuel Oropeza, hijo de un compadre de El Chapo, a quien "se detectaron operaciones de depósito a una cuenta a su nombre por aproximadamente 595 mil 120 pesos", según indica un acta ministerial que consta en el toca penal 232/2005.
La primera vez que la PGR consignó el caso de los familiares del El Chapo, cuando perdió la batalla ante tribunales, lo hizo mediante la siguiente hipótesis que ahora deberá modificar:
"Archivaldo Iván Guzmán Salazar junto con los coindiciados se encargaba de lavar el dinero que su padre obtiene de las ganancias del narcotráfico, pero esta actividad ilícita la realizaba la familia. Los inculpados son familiares y amigos de Joaquín El Chapo Guzmán, y es lógico concluir que él les proporcionaba los recursos, dado que no está justificada la procedencia de las grandes cantidades de dinero que manejaron, máxime que no trabajan y no está acreditado que tuvieran algún ingreso lícito; no es creíble que obtuvieran ingresos por más de 200 millones de pesos.
"Con un simple razonamiento deductivo, se puede establecer que si los inculpados no ofrecieron ningún medio probatorio que desvirtuara los señalamientos en su contra, se debe a la simple y sencilla razón de que no cuentan con las documentales y pruebas suficientes para desvirtuarlos, lo que permite establecer la ilicitud de su conducta y participación en la organización delictiva de la que forman parte, colaborando de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos contra la salud en sus modalidades de transporte, comercio y extracción de narcóticos."
Si bien El Chapito se encuentra detenido en el penal federal de La Palma, ubicado en el estado de México, sujeto a dos procesos penales por lavado de dinero y homicidio, los hechos delictivos son independientes de las cuentas millonarias que supuestamente lavó para su padre, en complicidad con los otros inculpados.