Podrían ser blanco de ilícitos, dicen algunos comisionados
La difusión de fotografías de altos funcionarios crea polémica en IFAI
La negativa de diversas dependencias federales a difundir las fotografías de los funcionarios de mandos medios y bajos ha causado un inédito debate e incluso la polarización de posturas entre los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) que, a casi un mes de posponer esa discusión, esta semana la retomarán en sesión pública.
Hasta ahora, dos de los comisionados del IFAI, Juan Pablo Guerrero Amparán y Horacio Aguilar Alvarez, se han pronunciado en varias sesiones por hacer pública la imagen de los funcionarios federales, para acotar la impunidad, corrupción, usurpación de funciones y el abuso de autoridad en la sociedad mexicana.
Cabe destacar que en el proyecto del comisionado Guerrero -elaborado a partir de la negativa del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) a hacer pública la fotografía de los servidores públicos- se destaca que la acreditación de la identidad de los funcionarios públicos "es un elemento necesario desde el momento en que buscan obtener la responsabilidad de un cargo público y ejercer atribuciones que le confiere su cargo".
Sostiene también que "es importante que los ciudadanos puedan identificar, además de por nombre, el rostro de sus autoridades", en especial "quienes cumplen funciones de autoridad en cuerpos encargados del uso de la fuerza pública", a excepción de actividades de inteligencia o contrainteligencia o actividades que requieren, "por razones tácticas, del encubrimiento de la identidad de los agentes policiales".
En cambio, los comisionados Alonso Lujambio, María Marván y Alonso Gómez Robledo se han pronunciado en favor de la "confidencialidad" de la fotografía de los funcionarios, por razones "étnicas y raciales", en el primer caso, o en los otros dos ante el riesgo de que los funcionarios puedan ser blanco de "ilícitos" o se comercialicen sus datos personales, entre ellos la fotografía, como ocurrió con la base de datos del Registro Federal de Electores que por 10 mil dólares adquirió la empresa ChoicePoint.
El debate ocurre tras dos años de estar pendiente la aprobación de una ley federal de datos personales.
El artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso Público a la Información Gubernamental señala en su último párrafo que "no se considerará confidencial la información que se halle en los registros públicos o en fuentes de acceso público".
En ese sentido, la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional expresa que la información del registro de profesiones es pública; dicho registro contiene la fotografía de los profesionistas registrados.
También, en el artículo 3 de la referida ley se define que los datos personales se refieren a las características de individuos o personas físicas relacionadas con su intimidad, ideología, creencias políticas o religiosas.
En otras naciones, la balanza se ha inclinado en favor del interés público, bajo el argumento de que identificar al funcionario con su imagen coadyuva a la lucha contra la impunidad y la discrecionalidad.
Por ejemplo, en una resolución de la Suprema Corte de Nueva York, de fecha 22 de noviembre de 2002, los magistrados determinaron que es posible hacer pública la fotografía de los funcionarios públicos a petición de los ciudadanos que invoquen la Ley de Derecho a la Información, pues se ha demostrado que su publicación no ha provocado ni daños económicos ni personales a los funcionarios públicos.